Fuente: La Derecha Diario
La gobernadora del Estado de Arkansas, la republicana Sarah Huckabee Sanders, aprobó una nueva legislación para que el Partido Comunista Chino no pueda comprar más tierras el el territorio. Además, las empresas estatales chinas que operan en la jurisdicción deberán renunciar a las grandes extensiones de propiedad de tierras que ya han comprado en el último año.
Cerca de 160 acres (70 hectáreas) de tierra, ubicadas en el noreste del Estado, serán extraidas de la Corporación Nacional Química de China, controlada ampliamente por dirigentes del régimen de Xi Jinping.
Esta empresa se dedica principalmente a la comercialización de pesticidas y semillas, pero es considerada una base de operaciones del Partido Comunista en Estados Unidos. La gobernadora trumpista advirtió por el peligro de tener las empresas estatales chinas en materia de espionaje ilegal, transferencias de tecnología y operaciones arbitrarias.
Cualquier empresa en el sector privado tendría un incentivo a comportarse de manera tal de maximizar sus beneficios, o de lo contrario podría entrar en quiebra o perder terreno frente a otras empresas competidoras. Pero muy distinto es el caso de las empresas patrocinadas y financiadas por el Estado, y especialmente las que son de China, cuyos únicos incentivos se vinculan directamente a mantener el socorro del Gobierno de la forma que fuese necesario.
En la práctica, estas empresas podrían servir para múltiples fines que poco y nada tienen que ver con la maximización de beneficios. No necesitan hacerlo, porque su principal fuente de recursos no es necesariamente la comercialización de bienes y servicios, sino la financiación directa de Beijing.
Como sus incentivos son diferentes y su manera de comportarse también lo es, el Estado de Arkansas reconoce un peligro para la seguridad, especialmente cuando el Estado chino es comandado por una dictadura totalitaria. Y por lo tanto estima conveniente aplicar un trato también diferencial en contra del accionar de estas empresas estatales.
Otro problema importante es el robo indiscriminado de propiedad intelectual. Cientos de agricultores demandaron que las empresas estatales chinas roban muestras de semillas genéticamente modificadas para su reproducción en China, cuando en realidad deberían pagar un canon por hacerlo ya que la propiedad intelectual de esa tecnología le pertenece a algún productor en Estados Unidos.
Las licencias por derechos de propiedad intelectual son un incentivo fundamental para incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías. Ningún productor decidiría invertir grandes cantidades de dinero, corriendo el riesgo de no llegar a nada e incurrir en pérdidas netas, si a cambio no algún rédito que pudiera compensar esos costos. Las patentes sirven precisamente para eso, y permiten una suerte de monopolio temporal para compensar los costos de la innovación.
El FBI estima que el robo de propiedad intelectual de China a Estados Unidos le cuesta al país entre 225.000 y 600.000 millones de dólares cada año, y apunta directamente contra la dictadura china como el principal infractor en este tipo de delitos.
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