Fuente: Mundo Libre
La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China, conocida en el continente como “Un Cinturón, una Ruta”, está celebrando actualmente su décimo aniversario. La estrategia de desarrollo de infraestructura global fue adoptada por el gobierno comunista de China en 2013 y tenía como objetivo invertir en más de 150 países y organizaciones internacionales, financiando, principalmente a través de deuda, grandes proyectos de infraestructura, como puertos, carreteras, ferrocarriles y plantas de energía.
En agosto de 2023, más de 150 países y 32 organizaciones internacionales figuran como participantes en la BRI, un componente central de la estrategia de “Diplomacia de Gran País” del líder chino Xi Jinping, cuyo objetivo es colocar a China en un papel de liderazgo global y difundir su influencia. Al rededor del mundo.
Esta semana, China recibe a representantes de 130 países para conmemorar el décimo aniversario de la iniciativa y los medios de comunicación de China continental están ocupados promocionando los éxitos del programa.
Sin embargo, a lo largo de los años, la BRI ha sido objeto de escrutinio, y muchos argumentan que China está cargando a las naciones en desarrollo con una deuda inmanejable mientras hace la vista gorda ante los abusos de derechos humanos asociados con el plan.
Presuntos abusos contra los derechos humanos
En agosto de 2021, el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC) reveló en un informe que al menos 679 incidentes de presuntos abusos contra los derechos humanos ocurrieron entre 2013 y 2020 relacionados con la BRI.
La larga lista de presuntos abusos tuvo lugar principalmente en países en desarrollo del sudeste asiático, incluidos Myanmar, Laos, Camboya e Indonesia, así como en países de África. Los países latinoamericanos también fueron citados en el informe, incluidos Perú y Ecuador.
Muchos de los presuntos abusos estaban asociados con actividades comerciales chinas en las industrias del metal y la minería, la energía de combustibles fósiles y la construcción.
Por ejemplo, en el noreste de Camboya, la construcción de la presa hidroeléctrica Lower Sesan 2, en el marco de la BRI, provocó el desplazamiento de casi 5.000 indígenas y la inundación permanente de sus hogares; un escenario que Human Rights Watch (HRW) calificó como un “desastre de derechos humanos”.
John Sifton, director de promoción de HRW en Asia, escribió en el informe: “La presa Lower Sesan 2 arrasó con los medios de vida de las comunidades indígenas y de minorías étnicas que anteriormente vivían en comunidad y en su mayoría de forma autosuficiente gracias a la pesca, la recolección de bosques y la agricultura”.
Cuando se terminó la construcción de la presa en 2018, se inundaron grandes áreas aguas arriba de los ríos Sesan y Srepok, lo que desplazó a miles de personas.
“Hoy en día, lo que solían ser comunidades pobladas por pueblos indígenas, incluidos los bunong y los kachok, están permanentemente sumergidas y sólo se ven los tejados de antiguas casas privadas y lugares de culto, así como árboles muertos”, informó Al Jazeera en ese momento.
Según HRW, las autoridades involucradas en la construcción de la presa “consultaron inadecuadamente” con las comunidades afectadas e “ignoraron en gran medida” sus preocupaciones.
“Muchos fueron obligados a aceptar una compensación inadecuada por la pérdida de bienes e ingresos, se les proporcionaron viviendas y servicios deficientes en los lugares de reasentamiento y no se les dio capacitación ni asistencia para asegurar nuevos medios de vida”, dice el informe.
El informe sostiene además que las autoridades responsables de la construcción del proyecto no hicieron ningún intento de obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de los pueblos indígenas, como se especifica en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante su construcción de 2011. a 2018.
La BRI ‘alimenta las atrocidades’ en Myanmar
Más recientemente, según un informe del 10 de octubre de The Irrawaddy, la Asociación de Mujeres Kachin de Tailandia (KWAT) “exige que China detenga su plan para acelerar su inversión en infraestructura en Myanmar a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, diciendo que Beijing ‘se encontrará cómplice’. en las crecientes atrocidades asociadas con los proyectos planificados’”.
La asociación publicó recientemente un informe titulado «Bloodstained Gateways: escalating SAC abuses in northern Burma pave the way for BRI expansion» («Puertas manchadas de sangre: la escalada de abusos de la CAE en el norte de Birmania allana el camino para la expansión de la BRI»), en el que se sostiene que los proyectos de la BRI de China en Myanmar están «alimentando el conflicto y los abusos» y que las autoridades comunistas de Pekín están «asumiendo enormes riesgos para sacar adelante [la] BRI en asociación con [el] régimen de Myanmar».
El SAC, o Consejo de Administración del Estado, es el nombre que se dio a sí misma la junta de Myanmar tras su exitoso golpe de estado en 2021.
La asociación dice que el SAC está cometiendo una serie de atrocidades para “allanar el camino para la expansión de la BRI”, incluidos ataques aéreos y de artillería contra civiles, incendios masivos de aldeas, uso de civiles como escudos humanos y violaciones en grupo.
Ja Ing, portavoz de KWAT, dijo: “Mientras Myanmar está sumido en una guerra civil, una mayor inversión en una zona con malos antecedentes en materia de derechos humanos puede intensificar aún más los combates. Facilita las violaciones de derechos humanos, y exigimos que China detenga su inversión en la BRI mientras estas [violaciones de derechos humanos] están sucediendo”, y agregó que “no hay garantías de seguridad, y China se encontrará cómplice de las crecientes atrocidades asociadas con los proyectos planificados”.
Myanmar tiene 15 proyectos BRI propuestos o actualmente en marcha.
La BRI es una ‘trampa de deuda’
Según un informe de octubre de 2018 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), “el gasto de la BRI en los países en desarrollo ha generado serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda”.
El CSIS, citando un informe de Desarrollo Global, encontró que al menos ocho países receptores de la BRI, incluidos Djibouti, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Pakistán y Tayikistán “corren un alto riesgo de sobreendeudamiento debido a los préstamos de la BRI”.
«Todos estos países enfrentarán crecientes ratios deuda-PIB más allá del 50 por ciento, y al menos el 40 por ciento de la deuda externa se deberá a China una vez que se completen los préstamos de la BRI», escribió el CSIS.
Muchos de los proyectos de la BRI deben utilizar mano de obra china para la construcción, deuda china para impulsar los proyectos y empresas chinas para gestionar el proceso, lo que deja a los países receptores ahogados en deudas sin los medios para recuperarse.
Las autoridades comunistas chinas son acusadas de participar en préstamos predatorios, cargando a las naciones en desarrollo con niveles insostenibles de deuda para proyectos con resultados de inversión dudosos.
Algunos argumentan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe intervenir para aliviar la tensión financiera sobre los países que albergan proyectos BRI, como lo ha hecho en el pasado.
David Sacks, escribiendo para el Internationalist, escribió en abril de 2021: “El enorme programa de infraestructura global de China ha aumentado los niveles de deuda en un grado preocupante en muchos países en desarrollo, amenazando con obstaculizar su recuperación económica”, luego de la pandemia de COVID-19.
Sacks argumentó que la BRI de China contribuye a la inestabilidad económica y que las prácticas crediticias de China «han aumentado el endeudamiento a niveles alarmantes en algunos países socios de la BRI».
“En Pakistán, el Corredor Económico China-Pakistán de 62 mil millones de dólares contribuyó a precipitar una crisis de balanza de pagos, que requirió un rescate de 6 mil millones de dólares del FMI . Sri Lanka, incapaz de pagar la deuda a sus acreedores chinos, entregó el control de un puerto durante 99 años. Kenia ofrece otra advertencia, a medida que crecen los temores de que el país no pueda pagar a China por su desastrosamente no rentable ferrocarril de 4.700 millones de dólares”, escribió Sacks.
Muchos sostienen que el FMI no debería intervenir para pagar los préstamos chinos abusivos, y que China es responsable de gestionar la situación. Deberían asumir el coste de sus inversiones fallidas o reestructurar los préstamos de la BRI para que los países receptores puedan gestionar la deuda.
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