Fuente: La Derecha Diario
La economía de China se dirige al proceso recesivo más desafiante de los últimos 30 años, a medida que se agota el modelo de crecimiento y las crisis financieras se propagan cada vez más. El sector inmobiliario es el gran protagonista de la crisis china, y el talón de Aquiles en el modelo económico de Xi Jinping.
El gigante promotor inmobiliario Evergrande se declaró oficialmente en bancarrota en los tribunales de Nueva York, poniendo fin a un vasto imperio que alguna vez se había posicionado como la segunda empresa más grande de China en su rubro.
La firma sufrió una pérdida acumulada de más de 81.000 millones de dólares entre 2021 y 2022, a pesar del contexto de recuperación económica con la reapertura y la eliminación de las restricciones sanitarias. Como ocurrió con muchos otros promotores inmobiliarios, la empresa vendió viviendas por adelantado y más tarde no pudo entregarlas por su pésima situación financiera arrastrada en los últimos años.
Se estima que desde mediados del año 2021, momento en el que estalló la crisis inmobiliaria de China, cerca del 40% de las empresas del rubro inmobiliario no pudieron cumplir con sus entregas de viviendas vendidas, junto a otras obligaciones.
¿Por qué se llegó a esta situación y qué hizo el Gobierno chino?
A partir de la crisis internacional de 2008 China modificó completamente su modelo económico desde aquel “made in China” hacia un crecimiento más bien orientado al mercado interno, en lugar de seguir apostando al comercio exterior.
En reemplazo de las declinantes exportaciones, el nuevo “motor” de la economía del país pasó a ser el sector inmobiliario, que pasó de presentar el menos del 8% del PBI en 1997 a casi el 30% en la actualidad. Esta cifra alcanza a duplicar el peso relativo que tiene el mismo sector en países como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur.
Las jurisdicciones locales tuvieron un rol importante en el fomento de la actividad inmobiliaria, entre otras estrategias privatizando tierras para que empresas inmobiliarias pudieran construir inmuebles, y luego aplicando tasas impositivas sobre los derechos de uso de esas tierras.
Se generaron incentivos perversos por los cuales las jurisdicciones locales intentaron incrementar artificialmente el precio de la tierra para cobrar más impuestos. A estos efectos, muchas empresas estatales locales se dedicaron exclusivamente a emitir deuda y comprar tierras.
En segundo lugar, el Gobierno central chino llevó a cabo una agresiva política de crédito barato para financiar al sector inmobiliario a través de bancos estatales. Esto se combinó con la pésima calidad regulatoria del país, ya que las restricciones legales impiden el desarrollo de un mercado de capitales tradicional como el de Estados Unidos y Occidente, y en consecuencia la mayor parte de la población no invierte en bonos y acciones sino directamente en el mercado inmobiliario o instrumentos derivados.
El fomento artificial de un sector por sobre otros provocó un deslizamiento de la inversión, desalentando sectores que bien podrían haber impulsado el crecimiento de largo plazo como las empresas tecnológicas, pero en lugar de eso la mayor parte del crédito fue celosamente administrado y dirigido por el Estado chino a discreción.
Para mediados del 2020, el régimen de Xi Jinping intentó poner un alto al crecimiento artificial y financieramente irresponsable del sector inmobiliario, restringiendo el crédito estatal e incrementando el peso regulatorio sobre las compañías inmobiliarias privadas (por ejemplo mediante requisitos de liquidez para pagar deudas a corto plazo).
A pesar de los intentos de la dictadura comunista, este hecho precipitó aún más la crisis. Las medidas provocaron una caída dramática en la cantidad de viviendas vendidas, redujeron los ingresos de la industria inmobiliaria y con ello pusieron en riesgo la sostenibilidad de la cadena de pagos del sector más grande de la economía china. Evergrande solo fue un caso más de entre todas las empresas que sufrieron el impacto.
La tasa de crecimiento de la economía china se encuentra en los niveles más bajos desde la década del 90, el déficit fiscal permanece en máximos históricos y el crecimiento del comercio minorista perdió la tendencia que tenía antes de la pandemia.
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