Por Clare Marie Merkowsky – Traducido de Life Site News por TierraPura.org
Una madre canadiense lesionada por la vacuna COVID ha demandado al gobierno canadiense y a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) por desinformación y negligencia.
El 30 de junio, Carrie Sakamoto, que ahora sufre de parálisis de Bell permanente después de tomar la vacuna COVID-19, presentó una demanda por 10,5 millones de dólares en el Tribunal de King’s Bench en Lethbridge, Alberta, contra varios funcionarios de salud y la CBC por convencerla de que la vacuna era “segura” y “eficaz”.
“Creo que los canadienses se escandalizarán al conocer los precipitados cambios que el gobierno introdujo en la norma de seguridad de las vacunas al inicio de COVID”, declaró Eva Chipiuk, abogada de Sakamoto.
“Al mismo tiempo que los demandados estaban asegurando agresivamente al público que las vacunas COVID-19 eran “seguras y eficaces”, esas mismas agencias habían trabajado para cambiar el estándar de aprobación eliminando el requisito de que las vacunas COVID-19 fueran ‘seguras’ o ‘eficaces'”, reveló.
“El Gobierno ya ha admitido, ante el Comité de Cuentas Públicas, que los contratos con los fabricantes fueron precipitados, no contenían las normas habituales y preveían indemnizaciones adicionales a favor de los fabricantes”, añadió Chipiuk.
Tras seguir los consejos de funcionarios “de confianza”, Sakamoto, madre de tres hijos, ha quedado discapacitada permanentemente tras su segunda dosis de la vacuna COVID, producida por Pfizer.
El caso legal de Sakamoto cuenta con el apoyo de las organizaciones Empowered Canadians y The Institute for Freedom and Justice.
La demanda acusa al Ministro Federal de Sanidad, al Director General de Salud Pública de Canadá, al Ministerio de Sanidad de Canadá, a la Agencia de Salud Pública de Canadá, a la Dra. Celia Lourenco, a los Servicios de Salud de Alberta y a la CBC de negligencia, desinformación y supresión de información sobre lesiones causadas por vacunas en relación con las vacunas COVID-19.
Subraya el “deber” del Ministro de Sanidad de proporcionar a los canadienses información precisa e investigada antes de recomendar un medicamento experimental.
Sostiene además que los “expertos en salud pública, que informan en nombre de expertos en salud, y los organismos de radiodifusión de salud pública” rompieron la confianza con el público en un momento en que los canadienses eran más “vulnerables”, y suprimieron deliberadamente la información relativa a los efectos adversos de las vacunas.
Recientemente ha salido a la luz un memorándum secreto que demuestra que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau conocía las lesiones provocadas por la vacuna COVID y elaboró una estrategia para disipar los temores.
Sakamoto no es la única que ha sufrido lesiones por vacunas que le han cambiado la vida. Un estudio realizado el año pasado en el Reino Unido demostró que la inyección de COVID-19 de AstraZeneca está relacionada con un aumento significativo del síndrome de Guillain-Barré (SGB) entre dos y cuatro semanas después de su administración.
La mayoría de las provincias canadienses dejaron de administrar discretamente la vacuna de AstraZeneca pocos meses después de que se aprobara su uso.
De hecho, en marzo de 2021, Canadá dejó de distribuir la vacuna de AstraZeneca a personas menores de 55 años después de que numerosos informes indicaran que el producto podía estar relacionado con la formación de coágulos sanguíneos.
La demanda de Sakamoto se produce en un momento en que muchos canadienses acuden a su gobierno en busca de justicia después de que las vacunas experimentales les arrebataran la salud.
El mes pasado, un hombre de la Columbia Británica, lesionado por la inyección de COVID, demandó a AstraZeneca, a los gobiernos federal y provincial y a una farmacia.
Del mismo modo, la semana pasada, cientos de militares canadienses interpusieron una demanda de 500 millones de dólares sobre las órdenes de administración de la inyección COVID.
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