Fuente: Panampost.com
El Gobierno de Ecuador anunció este martes la expulsión del embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge, tras la fuga de la exministra del prófugo Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, de la sede diplomática argentina en la capital ecuatoriana a la embajada del gobierno kirchnerista en Venezuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, argumentó en una rueda de prensa una pérdida de confianza en Fuks, en cuya residencia estaba refugiada Duarte desde hacía más de dos años y medio para evitar ir a prisión por una condena por corrupción.
La partida hacia Caracas de Duarte, que fue ministra en el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017), se dio después de que el Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández le concediera en diciembre el asilo solicitado, pero el de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, le negara el salvoconducto para viajar a Buenos Aires sin ser detenida.
Holguín explicó que el Gobierno ecuatoriano ha otorgado un plazo de tiempo «prudente» para que el embajador argentino abandone el país, ya que considera que «se ha violado la buena fe y la confianza mutua que se busca en la relación entre estados».
«En nuestra idea no está romper relaciones con Argentina, pero esta medida era necesaria para que podamos recuperar la confianza. Ecuador considera que no es una persona idónea», dijo Holguín sobre Fuks.
«Consideramos que es lo mejor para Ecuador por su dignidad y por respeto absoluto a la Justicia», añadió el canciller ecuatoriano, que esperó que con un diálogo de alto nivel pueda llegar un nuevo embajador de Argentina a Quito.
Respuesta del Gobierno argentino
En respuesta, Argentina solicitó de inmediato el retiro del embajador ecuatoriano en el país, a raíz de la expulsión del diplomático argentino, Gabriel Fuks, en Quito.
“Lamentando la incomprensible decisión del Gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del embajador Gabriel Fuks, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina”, indicó un comunicado de la Cancillería argentina.
Argentina tomó con “sorpresa” y “tristeza” la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso, por el “desacuerdo” de brindar un salvoconducto a Buenos Aires a la exministra ecuatoriana de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
“Más allá de las diferencias puestas de manifiesto tras el pedido de asilo diplomático por parte argentina, el rechazo a la concesión de dicho estatus y el consiguiente salvoconducto por las autoridades ecuatorianas; era de público conocimiento que Duarte continuaba alojada en la legación argentina”, agregaron.
Supuestas contradicciones
El titular de la cartera de Relaciones Exteriores comentó que este martes Fuks le dio información distinta y supuestamente contradictoria a la proporcionada en la noche del lunes, cuando el canciller argentino, Santiago Cafiero, le informó que Duarte había abandonado la residencia del embajador, aparentemente sin previo aviso.
Sin embargo, este martes por la mañana le señalaron que la exministra de Rafael Correa se encontraba en la Embajada de Argentina en Caracas, tras haber concretado la fuga de la residencia de Quito entre el viernes o el sábado.
Holguín también señaló que hasta ahora la misión diplomática de Argentina no ha entregado documentos y material solicitado por el Gobierno ecuatoriano como las grabaciones de las cámaras de seguridad que permitirían esclarecer las circunstancias de la salida de Duarte de la residencia de la misión diplomática argentina.
El canciller consideró que el arribo de Duarte a la capital venezolana es «una mala noticia para la lucha contra la corrupción e impunidad» y reiteró que la exministra no es una perseguida política, ya que su condena por corrupción se dio en 2020, antes de que llegara al poder el actual Gobierno.
Caso en la CIDH
Asimismo, detalló que la solicitud de asilo de Duarte a Argentina no se fundamentaba en la condena de ocho años de prisión por cohecho, sino por los vínculos con el padre de su hijo, de nacionalidad argentina y que «supuestamente se encontraba en Argentina».
En ese sentido, aseguró que algunos argumentos utilizados en la solicitud no han sido ciertos, y así lo ha trasladado el Gobierno de Ecuador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que el Ejecutivo argentino recurrió tras la negativa ecuatoriana a otorgar el salvoconducto a Duarte.
María de los Ángeles Duarte fue condenada en 2020 junto al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por el exmandatario, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La exfuncionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, por lo que se refugió en la Embajada de Argentina en Quito junto a su hijo menor de edad desde el 20 de agosto de 2020, donde estuvo hasta hace pocos días.
En un mensaje en Twitter, Duarte agradeció a Argentina el haberle «cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso».
«Decidí dejar la embajada porque, al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura, el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», alegó la exministra.
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