Traducido de Breitbart.com por TierraPura.org
Venezuela se clasificó como el país más corrupto de América en 2022, superando a Haití y a los otros regímenes autoritarios de la región, Cuba y Nicaragua, según el 28º Índice Anual de Percepción de la Corrupción de Transparency International publicado esta semana.
El informe situó a Venezuela en el puesto 177 de los 180 países más corruptos, lo que convirtió a la nación sudamericana en el cuarto país más corrupto, sólo por detrás de Somalia, Siria y Sudán del Sur.
Transparencia Internacional señaló que, en las Américas, los tres países más corruptos -Nicaragua, Haití y Venezuela- son aquellos cuyas instituciones públicas han sido infiltradas por redes criminales y, por lo tanto, “es difícil trazar una línea divisoria entre las instituciones públicas y las actividades criminales” en esos países.
“La corrupción omnipresente en toda América alimenta las muchas otras crisis a las que se enfrenta la región”, afirmó Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparency International. “Los gobiernos débiles no logran detener las redes criminales, los conflictos sociales y la violencia, y algunos exacerban las amenazas a los derechos humanos al concentrar el poder en nombre de la lucha contra la inseguridad”.
“La única manera de avanzar es que los líderes prioricen una acción decisiva contra la corrupción para arrancar de raíz su dominio y permitir que los gobiernos cumplan con su primer mandato: proteger a la gente”, aconsejó Ferreira, una recomendación que difícilmente conmoverá al gobierno de Venezuela, cuyo líder, Nicolás Maduro, tiene una recompensa de 15 millones de dólares estadounidenses por su cabeza por narcotráfico.
Por el contrario, los países con menor percepción de corrupción en la región fueron Canadá, Uruguay y Estados Unidos.
Venezuela está gobernada desde 1999 por un régimen socialista autoritario que mantiene un férreo control sobre todas las instituciones públicas y poderes del país. El régimen se ha aferrado ilegítimamente al poder desde 2019 mediante la celebración de elecciones presidenciales falsas en 2018 y haciéndose con el control de la Asamblea Nacional mediante otras elecciones falsas en 2020.
El dictador socialista de la nación, Maduro, junto con miembros de alto rango del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los militares de la nación, están acusados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otras organizaciones internacionales de liderar el Cartel de los Soles, una de las mayores operaciones intercontinentales de tráfico de drogas de la región.
El régimen socialista de Venezuela mantiene amplios vínculos con otras organizaciones delictivas internacionales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Marxistas de Colombia (FARC). Miembros del régimen socialista han sido acusados directamente de estar vinculados a organizaciones terroristas internacionales – entre los que destaca el ministro de Petróleo del régimen, Tareck el Aissami, acusado de tener vínculos con la organización terrorista Hezbolá – a quienes el régimen de Maduro ha vendido en el pasado pasaportes venezolanos, difíciles de obtener para los ciudadanos de la nación.
El informe de Transparencia Internacional detalló que los negocios ilegales representaron el 21 por ciento de todo el PIB de Venezuela durante 2021. El informe también hacía mención a la grave situación del arco minero venezolano, donde los grupos criminales “ejercen un vasto control sobre las operaciones de extracción de oro, utilizando la extorsión y el pago a mandos militares para mantener sus actividades ilegales”.
Naciones Unidas, a través de su Misión Independiente de Investigación, publicó en 2020 un extenso informe en el que detalla la situación del arco minero venezolano, donde grupos criminales -a pesar de la “considerable” presencia de militares venezolanos- han ejercido un feroz control sobre un gran número de operaciones mineras, incurriendo en graves delitos que van desde la extorsión, la amputación y el enterramiento vivo de mineros, así como casos de trabajo infantil y prostitución.
“Estos grupos son responsables de violaciones de los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos medioambientales graves”, explica el informe de Transparency International.
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