Gabriela Moreno – Panam Post
El tiempo de Juan Guaidó al frente de la oposición venezolana agoniza con la pérdida de respaldo internacional -que acumula desde hace varios meses- y la intención de sus aliados de liquidar al desgastado e infértil gobierno interino que asumió en 2019.
Guaidó combate la propuesta que ya tiene el apoyo de 72 diputados de los 112 que hace tres años aprobaron su proclamación como mandatario encargado de Venezuela. Aquel respaldo se desvaneció. Así se evidenció durante la reunión virtual donde 104 parlamentarios electos en 2015 anunciaron que contemplan frenar su continuidad.
La decisión definitiva se tomará el próximo 29 de diciembre. Hasta ahora sólo se sabe que la única disposición es mantener las juntas ad hoc a cargo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), que funcionan desde el extranjero.
«Cada vez son menos (países), en primer lugar porque hay gobiernos que han cambiado desde el punto de vista ideológico, pero también hay gobiernos que ya ven que esta estrategia se ha agotado y que hoy, a pesar de que siguen desconociendo a Nicolás Maduro, no siguen respaldando (a Guaidó)», dijo, en una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina.
Sin disposición a ceder
Guaidó se queda solo, pero se niega a admitirlo. Incluso, defiende que el moribundo gobierno interino ha resultado útil para la búsqueda de una salida democrática a la crisis del país.
Lo considera «una herramienta» y una “estrategia política» para lograr unas elecciones libres y el no reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente.
Sin embargo, este esmero discursivo sólo convence a 23 diputados que se pronunciaron a su favor, condenando la eliminación del interinato y tildando las pretensiones de sus colegas como un «golpe parlamentario».
El dirigente de Voluntad Popular siente el agua en el cuello. A través de sus redes sociales asegura que está del “lado de los venezolanos y la Constitución” e insiste en que “suprimir el artículo 233 no genera certeza alguna, solo le daría terreno a la dictadura”. Cree que en la segunda discusión se abonará “la unidad porque es lo que espera Venezuela”. De esa manera, promete “la reunificación del país”.
Una caída imparable
El G4 –coalición compuesta por Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT)– había acordado en la víspera de la Navidad pasada extender por primera vez la existencia de un interinato un año más, pero con menos atribuciones.
Desde enero, el Centro de Gobierno, que estaba dirigido por el líder fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López quedó desmantelado y se facultó al parlamento para manejar la política exterior del gobierno encargado, así como de designar o reducir a los representantes diplomáticos en los países aliados y gestionar las medidas de apoyo humanitario a los migrantes.
Esta vez, sus aliados van por la cabeza del moribundo gobierno interino. Es un ajedrez político donde las nuevas negociaciones en México entre el chavismo y la oposición tienen como norte la definición de condiciones para una elección presidencial en 2024.
Hay “renovadas conversaciones” facilitadas por el gobierno noruego para que ambos sectores se sienten a debatir el asunto, así como el estatus de cientos de presos políticos, las sanciones de Estados Unidos al régimen chavista y un acuerdo social que permitiría la distribución de 3000 millones en bienes e inversiones para ayuda humanitaria. Juan Guaidó, en ese panorama, es un estorbo, cuando además arrastra un velo de presunta corrupción durante su administración.
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