Por Oriana Rivas – Panampost.com
“Las compuertas están abiertas y cuando se levante el Título 42, se romperá la presa”, declaró hace pocas horas el exalguacil de El Paso, Robert Almonte. Como él, muchos expertos y funcionarios están advirtiendo lo que pasará el próximo 21 de diciembre cuando la medida migratoria creada por el expresidente Donald Trump para proteger a la frontera sur de Estados Unidos sea eliminada. El Tribunal de Distrito de Columbia decidió en noviembre suspenderla y lo que se espera es una avalancha de cruces ilegales aún más grande. Como era de esperarse, la Administración Biden no tiene ningún plan alternativo.
En el medio del caos y del reciente cruce de más de 2600 personas en El Paso en solo 24 horas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, exige explicaciones ya que organizaciones independientes estarían ayudando a migrantes ilegales a cruzar hacia Estados Unidos.
«A la luz de estos informes, pido a la Oficina del Fiscal General de Texas que inicie una investigación sobre el papel de las ONG en la planificación y facilitación del transporte ilegal de inmigrantes a través de nuestras fronteras”, se lee en la carta enviada al fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Descontrol en la frontera sur
El gobernador de Texas aplicó medidas para controlar los flujos migratorios irregulares, empeorados desde que Joe Biden y Kamala Harris llegaron al poder en EE. UU. No solo envió autobuses con migrantes a estados demócratas para crear conciencia del problema, también declaró oficialmente la «invasión» en la frontera desplegando miles de soldados de la Guardia Nacional. Pero nada será suficiente cuando el Título 42 llegue a su final.
El comunicado de Abbott lo advierte. Se espera en las próximas semanas «un aumento dramático en el número de inmigrantes ilegales». Al respecto, reportes y videos del desastre fronterizo abundan. Miles de personas ya están en la frontera mexicana intentando cruzar hacia EE. UU.
Una fuente dijo Fox News que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proyecta entre 9000 y 15000 cruces ilegales todos los días. En este momento se contabilizan 7000 diarios, indicó el reporte del periodista Bill Melugin. Desde El Paso, Texas, la Patrulla Fronteriza informó que tiene más de 5000 personas bajo custodia y que «ha liberado a cientos en las calles de la ciudad». Mientras tanto, desde ese estado advierten que la situación es «insostenible».
Miedo entre los demócratas
Dentro del Partido Demócrata hay miedo por lo que va a pasar con el final del Título 42 el próximo 21 de diciembre. Según CNN, el actual líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, llamó preocupado a Ron Klain, jefe de gabinete de la Casa Blanca. Irónicamente, Schumer fue uno de los que insistió para que terminara la medida de Trump que devolvía de inmediato a migrantes irregulares por temas sanitarios debido a la pandemia por coronavirus.
Para empeorar la incertidumbre, la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, solo dijo a los medios de comunicación que «están preparados» y que «se asegurarán de tener un proceso humano en el futuro”. Un argumento poco preciso y alentador.
Funcionarios de la Administración demócrata vienen diciendo que «la única solución viable a largo plazo vendrá de la acción del Congreso», lo que parece un gesto por culpar a la futura mayoría republicana lograda en la Cámara de Representantes de las elecciones intermedias de noviembre y que tomará posesión en enero de 2023.
Biden promueve el desastre
Aún con la preocupación de los demócratas, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) anunciaron un seguro de salud a los inmigrantes ilegales dentro de sus fronteras. Así, sin escuchar los pedidos de los agentes fronterizos y de los gobernadores por la saturación de albergues y la poca capacidad para controlar los cruces ilegales, la Casa Blanca sigue anunciando medidas que promueven los cruces por fuera de la ley.
Xavier Becera, secretario del HHS dice que se trata de «equidad» que Washington amplíe el acceso a planes de salud calificados, planes dentales y un programa estatal de asequibilidad para residentes «independientemente de su estado migratorio». Pero esa «equidad» queda en entredicho cuando a EE. UU. lo sobrepasa la capacidad de atender migrantes mientras atiende sus propias urgencias: inflación, inseguridad e instituciones cada vez más débiles.
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