Los presos políticos, olvidados en las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana

Por Nehomar Hernández- gaceta.es

El pasado fin de semana representantes del régimen chavista y delegados de un sector de la oposición retomaron conversaciones en Ciudad de México, en lo que se supone es un nuevo ejercicio de negociación para hallar una “solución” a la crisis política que atraviesa Venezuela desde hace varios años. En términos generales el proceso solamente puede ser valorado a esta altura desde el escepticismo, dados los catastróficos resultados que ha arrojado en ocasiones anteriores.

Habían pasado 15 meses desde que formalmente se rompieron las negociaciones en México entre ambos sectores. En 2021 Maduro optó por darle una patada a la mesa aludiendo como requisito indispensable para volver el que fuese incorporado a la misma Álex Saab, un empresario de origen colombiano que ha servido durante los últimos años como testaferro del régimen y que actualmente está siendo procesado por la Justicia de los Estados Unidos por haber colaborado con la estructura chavista en el blanqueo de capitales, evadiendo sanciones internacionales.

Aunque Saab sigue preso en territorio norteamericano, Maduro parece haber sido capaz de torcerle el pulso a la comunidad internacional y a la propia oposición venezolana al punto de que recientemente fue incorporada a la delegación negociadora chavista la esposa del testaferro, Camila Fabri. Aunque esta exaspirante a modelo de origen italiano hoy está libre, en su país de origen ha encendido alarmas: allí se le vincula con delitos como corrupción, tráfico de oro, blanqueo y malversación de fondos, al punto de que el año pasado la Justicia de Italia llegó a confiscarle un edificio valorado en 4,7 millones de euros, así como 1,8 millones de euros a su nombre en cuentas bancarias.

Ahora bien, este primer encuentro de la reanudación de los diálogos se ha saldado apenas con la suscripción de un acuerdo en el que estrictamente se ha abordado lo tocante a la materia de “protección social” en Venezuela, dando su venia las partes firmantes a la disposición de recursos económicos que son propiedad del país y que están congelados en el exterior para atender la crisis humanitaria que vive la nación caribeña.

Así se estima que, bajo la supervisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llegaría a Venezuela una cifra superior a los 3.000 millones de euros que será destinada a atender la debacle en el sistema educativo, alimentario, hospitalario y de infraestructura general en el que se encuentra sumido el país.

Aunque desde el fin de semana se ha dicho que estos recursos no serán directamente administrados por el Estado chavista -dado que serán monitoreados por la ONU-, cuesta mucho pensar que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles sean las que realmente vayan a ejecutar las políticas públicas que se persigue poner en marcha con este dinero. A fin de cuentas es Maduro quien maneja de cabo a rabo cualquier dependencia burocrática del Estado venezolano, por lo que hasta la institución más “independiente” que esté involucrada en esta operación deberá congeniar con el régimen y sus autoridades para darle luz verde a los supuestos proyectos humanitarios.     

Colateralmente a todo ello, y aunque no formaba parte del acuerdo suscrito en México, se ha conocido que la empresa petrolera de origen estadounidense Chevron ha sido autorizada por el Departamento del Tesoro de EEUU para reiniciar operaciones en territorio venezolano. Esto ha generado críticas porque, en alguna medida, deja entrever que el compromiso de los Estados Unidos con una política de presión real hacia Maduro ha ido diluyéndose progresivamente en la niebla.  

Por otra parte, uno de los grandes puntos olvidados durante el desarrollo de esta jornada ha sido, sin lugar a dudas, el atinente a la liberación de los disidentes que actualmente están presos por pensar distinto en Venezuela. Nada se ha dicho hasta ahora sobre la eventual liberación de los presos políticos venezolanos. Recientemente la ONG Foro Penal dio a conocer que hasta se contabilizan 268 presos políticos en el país sudamericano, de los cuales 121 son civiles y 147 son militares.

Aunque el jefe de los negociadores de la oposición, Gerardo Blyde, ha dicho que en próximos encuentros será tratado el tema, la deuda que existe con los venezolanos que están presos por razones políticas es gigantesca. En los más de 20 diálogos improductivos que han protagonizado ambos sectores durante la era de la “Revolución Bolivariana” los prisioneros de conciencia siempre han ocupado un lugar secundario o incluso de tercer orden en la lista de prioridades.

Al día de hoy todavía hay personas pagando condenas por ser supuestamente responsables de los hechos en los que Chávez fue depuesto temporalmente del poder en abril de 2002. En sucesivas ocasiones estos diálogos se han producido en un contexto en el que familiares de los detenidos han albergado un alto nivel de expectativas a propósito de eventuales excarcelaciones. Sin embargo, la dictadura venezolana ha procedido sin conmiseraciones en este sentido, liberando eventualmente a muy pocos prisioneros, que generalmente son utilizados como fichas de canje o chantaje.

Verbigracia: en octubre pasado Maduro protagonizó un canje con la Administración Biden en el que los dos sobrinos de Cilia Flores (primera dama de Venezuela) condenados por narcotráfico en los Estados Unidos fueron enviados a Venezuela. Como contrapartida el chavismo entregó a 5 directivos de la empresa petrolera venezolano-estadounidense Citgo que estaban detenidos en el país caribeño desde 2017, así como a dos ciudadanos norteamericanos que fueron aprehendidos por la tiranía por estar presuntamente involucrados en conspiraciones para deponer al régimen.

Resta esperar si la nueva edición de las “negociaciones” entre algunos factores opositores de Venezuela y el chavismo depara un escenario de libertad para quienes ansían desde hace años volver a sus hogares con sus seres queridos; todo ello en medio de la inminencia de la llegada de la navidad.