Fuente: La Derecha Diario
En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.
Esta semana, tras revelarse que la empresa de uno de los mayores donantes del Partido Demócrata, Sam Bankman-Fried, era un esquema ponzi que utilizaba los fondos de sus clientes para comprar su propia criptomoneda, el Gobierno de Ucrania admitió que había estado utilizando a FTX como medio para procesar los pagos recibidos en concepto de ayuda humanitaria y militar por parte de Estados Unidos para el esfuerzo bélico.
El gobierno de Joe Biden aprobó numerosos paquetes de rescate para Ucrania, el primero de ellos por un monto de US$ 800 millones en marzo, y sucesivos envíos que han elevado este número a US$ 60.000 millones para este mes.
Como se trata de tanto dinero, el gobierno de Ucrania decidió invertir los fondos recibidos que no estaba utilizando inmediatamente, y así poder capitalizarlos. Para esto, se asoció con FTX, empresa que le garantizaba altísimos retornos y una supuesta seguridad en sus transacciones en criptomonedas.
A través de la organización “Aid for Ukraine“, el Banco Nacional de Ucrania convertía los dólares en distintas criptomonedas a través de FTX, que luego “stakeaba” en la plataforma Everstake. En su cartera tenía Bitcoin (BTC), DOT, Ether (ETH), SOL, y Tether (USDT), según reportaba en marzo Coindesk.
Esta operación ya había sido polémica dado que el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, era el segundo mayor donante del Partido Demócrata hasta antes de la brutal caída de su patrimonio. Ahora se indaga si las tres partes, el gobierno de Joe Biden, el gobierno de Ucrania y FTX no estaban impulsando un esquema de lavado de dinero para enviar recursos de los contribuyentes estadounidenses a las campañas de candidatos demócratas.
La ruta del dinero era de la siguiente manera: la Casa Blanca, con la aprobación del Senado que cuenta con mayoría demócrata, enviaban miles de millones de dólares a Ucrania. El gobierno de Volodimir Zelénski utilizaba parte de esta plata en el esfuerzo de guerra, y ponía otra parte en FTX, donde inmovilizaba el dinero con el objetivo de capitalizarlo.
Pero mientras el dinero estaba allí inmovilizado, FTX compraba su propia criptomoneda “FTT Token”, y enviaba las ganancias de esta operación fraudulenta como donaciones al Partido Demócrata. Solamente este año, Bankman-Fried llegó a donar casi US$ 40 millones de dólares para candidatos demócratas en las elecciones legislativas de este año. Muchos de estos candidatos eran los propios senadores que habían dado su voto para aprobar los envíos a Ucrania.
En síntesis, Biden enviaba fondos a Ucrania, a su vez el Gobierno ucraniano invertía parte de los fondos en FTX para capitalizarlos, y esta última plataforma se valía de esto para permitir millonarias donaciones a candidatos demócratas en cara a las elecciones de medio término.
El escándalo trasciende porque estos fondos provienen en última instancia de los contribuyentes estadounidenses, y no de la donación de un empresario privado hacia un partido afín a sus simpatías como bien podría ser el caso del propio George Soros.
Tras la bancarrota y el desarme del esquema ponzi, la plataforma de criptomonedas quedó bajo la lupa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con el fin de señalar las irregularidades sobre la gestión y el manejo de los fondos de los clientes damnificados.
El problema es que son los mismos demócratas los que deben investigar su propio entramado de corrupción, por lo que no hay perspectivas de que este esquema de lavado sea expuesto en la justicia.
Los republicanos esperaban recuperar el Senado para poder lanzar una comisión investigativa sobre este tema desde el Congreso, pero las polémicas elecciones en Arizona y Nevada han dejado a los republicanos sin la victoria que las encuestas indicaban.
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