Por Oriana Rivas – Panampost.com
Este 7 de noviembre se hicieron dos anuncios claves en Brasil, los cuales tendrían un tiempo de resolución de 48 horas. Por un lado, el Ministerio de Defensa informó que el miércoles presentará el esperado informe elaborados por técnicos militares sobre el sistema de voto electrónico empleado en las polémicas elecciones del pasado 30 de octubre; y por otro lado, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó la persecución contra quienes están protestando en las calles, dando desde este lunes un plazo de 48 horas a los cuerpos de seguridad para que le entreguen la información que solicita de los manifestantes.
Con ambas novedades, puede que el país se acerque a horas más álgidas luego de más de una semana de manifestaciones frente a los cuarteles de al menos una docena de estados. Millones de electores repudian que Luiz Inácio Lula da Silva haya resultado electo en el balotaje, pues consideran que se cometió «fraude». En los últimos días un informe de presuntas «anomalías» avivó ese reclamo, ya que el grupo «Brazil Was Stolen» sugiere que estas irregularidades detectadas produjeron «un cambio en el resultado».
El ambiente es tenso. En 11 estados aún se mantienen personas en las calles rechazando la censura y exigiendo que Brasil no vuelva a ser gobernado por un modelo socialista. Sumado a eso, hubo reportes de heridos en el municipio Novo Progresso, estado de Pará, luego de enfrentamientos con agentes de la Policía Federal de Carreteras (PRF).
Como si el coctel no fuera lo suficientemente explosivo, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente de Tribunal Superior Electoral (TSE) dio a las autoridades 48 horas para identificar camiones y otros vehículos que estén participando en las protestas. También se identificará a los líderes de las manifestaciones en esta nueva cacería de brujas ordenada por el magistrado.
El esperado informe del Ministerio de Defensa
Si por algo han presionado los seguidores del presidente Jair Bolsonaro es por una «intervención militar» para que las Fuerzas Armadas den solución a este conflicto. Citan el artículo 142 de la Constitución debido a que estas «tienen por objeto la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y, a iniciativa de cualquiera de éstos, de la ley y el orden».
Sin embargo, aplicarlo —aún con todas las interpretaciones que se le puedan dar— depende del informe sobre el voto electrónico que finalmente presentará el Ministerio de Defensa este 9 de noviembre de acuerdo con la fecha difundida desde la cuenta oficial de Twitter de la institución. Según el comunicado, se trata de un «trabajo de fiscalización al sistema electrónico de votación, realizado por el equipo de técnicos militares de las Fuerzas Armadas». Un requisito fundamental para definir el próximo escenario político luego de los resultados de la segunda vuelta.
La expectativa sobre ese documento es enorme. Tanto así que el Ministerio de Defensa podría corroborar o no la información sobre presuntas anomalías señaladas por el grupo «Brazil Was Stolen», cuya transmisión a través de YouTube fue censurada por orden del TSE. Lo que plantea dicho grupo es que hubo máquinas de votación sin auditorías recientes que terminaron favoreciendo la elección de Lula da Silva en todo el país. Por tal motivo, ese 49,1 % de electores que apoyó a Bolsonaro espera ansioso las conclusiones del informe.
De Moraes ordena persecución en las calles
Mientras llega el balance de la cartera de Defensa, el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, oficializa la persecución. Ya lo había ordenado en redes sociales y ahora dirige la misma decisión a las calles. El magistrado determinó que las policías Militar, Civil y Federal, sumado a la Policía Federal de Carreteras, tendrán la potestad de investigar y llevar a la justicia a «líderes, organizadores y/o financiadores», ya que –a su juicio– promueven «actos antidemocráticos».
Esta polémica decisión también incluye la orden de presentar los datos de los propietarios de los camiones que participaron en los hechos, sean personas naturales o jurídicas. El plazo que tienen las autoridades para enviar esa información es de 48 horas.
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