Fuente: Vision Times en español
Como lo hace diariamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó una actualización de homicidios en el país centroamericano y aprovechó la oportunidad para contestar a las críticas de organizaciones de derechos humanos que lo están cuestionando por no rendir cuentas de lo que consideran «detenciones arbitrarias».
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de El Salvador se negó este martes a rendir cuentas sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de este año.
En este sentido, Bukele escribió: «0 homicidios. Es increíble como las “organizaciones de derechos humanos” atacan esta nueva realidad en El Salvador, al mismo tiempo que callan ante las masacres que los criminales continúan perpetrando en casi toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que buscan? Nosotros seguimos…»
Hasta 2019 -año en el que asumió Bukele- El Salvador era uno de los países con mayor tasa de homicidios intencionados del mundo y se llevaban a cabo al menos 7 asesinatos cada día. El 2021 fue el año más seguro en la historia de El Salvador, con una tasa de homicidios de solo 17,6 por cada 100.000 habitantes.
Bukele atribuyó el éxito a su política de mano dura contra las pandillas y a su Plan Control Territorial, mientras que una investigación del medio El Faro denunció que en 2020 el gobierno sostuvo negociaciones secretas con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos mantuviese su histórico desplome.
A cambio, las tres organizaciones, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, hicieron demandas que incluían mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad, de acuerdo a ese reporte que fue ampliamente difundido por medios internacionales.
Sin embargo, esta denuncia fue categóricamente negada por Bukele.
«Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad», dijo el mandatario durante una comparecencia.
Ola de violencia en marzo de 2022 y régimen de excepción
Luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron 87 homicidios, el gobierno salvadoreño decretó un régimen de excepción el domingo 27 de marzo, con el fin de frenar el «incremento desmedido» de las muertes atribuidas a las pandillas.
Posteriormente, el órgano legislativo -a pedido de Bukele- lo siguió extendiendo y aún sigue en vigencia.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».
Asimismo, ha permitido a las autoridades detener a personas sin orden judicial.
“Son más de 55.000 capturas de supuestos pandilleros. Esta guerra la estamos ganando y vamos a seguir día con día desplegando miles de policías y personal del ejército para seguir capturando a esos terroristas”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Sin embargo, estas capturas bajo el régimen de excepción han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos al no tener en cuenta los «derechos» de las personas, que viven hacinadas dentro de las cárceles.
Bukele -que se presentará a la reelección en 2024- ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad. Además, Bukele ha sido tildado -especialmente por EE. UU.- de tener «derivas autoritarias».
Por su parte, Bukele ha dicho que todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional o de las ONG está enfocado en los «derechos de los delincuentes», pero no les interesan los «derechos de la gente honrada».
Más allá de las críticas internacionales, la prensa y los organismos de derechos humanos, Bukele es un personaje extremadamente popular. Con un índice de aprobación del 87%, los expertos coinciden en que su reelección es casi un hecho.
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