Por Oriana Rivas – PanAm Post
A pocos días para la segunda vuelta en Brasil y justo cuando la brecha de intención de voto se reduce entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuncia la ampliación de sus poderes para vigilar y silenciar publicaciones en redes sociales, despertando el fantasma de la censura.
Las críticas comenzaron a llover apenas se tomó la decisión. Incluso el medio estadounidense The New York Times, –de línea progresista– cuestiona si se está yendo demasiado lejos. Una de las razones es que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también tiene la tarea de dirigir el tribunal electoral brasileño. De manera que tanto poder está siendo concentrado en un solo hombre.
Las sospechas no son infundadas. En julio pasado de Moraes ordenó a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del actual presidente de Brasil, así como a los diputados Carla Zambelli y Hélio Lopes, eliminar publicaciones que vinculaban al expresidente brasileño y al Partido de los Trabajadores (PT) con la mayor red criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC). Ese es solo uno de los precedentes que engrosan el expediente del juez, inclinado históricamente a favorecer a la izquierda brasileña.
Eduardo Bolsonaro, senador e hijo del presidente, lo mencionó. «Ni siquiera The New York Times, el diario estadounidense más izquierdista, defiende la censura promovida a pedido de los abogados de Lula».
Multas por no eliminar contenido
Las próximas elecciones son las más importantes en años. Además de definir el futuro de Brasil también se determinará si el socialismo logra expandirse en América Latina. El escenario es abierto. Las encuestas están cada vez más reñidas. De hecho, expertos afirman que Lula puede perder parte de sus electores, ya que no tiene la maquinaria de candidatos a diputados que tuvo para la primera vuelta. Y aunque los socialistas celebran en Brasil por la decisión del Tribunal Superior Electoral, asignar tal grado de poder a un juez que en el pasado ya ha favorecido a Lula pone en tela de juicio la decisión.
La resolución del Tribunal Electoral de Brasil comprende la imposición de un plazo de dos horas para eliminar «contenido falso», pero el tiempo puede reducirse a una hora el 29 y 30 de octubre. Aquellas plataformas que incumplan la exigencia de eliminar contenido, se enfrentarán a multas de 100.000 a 150.000 reales por hora (entre 19300 y 29000 dólares). Además se prohibió la propaganda 48 horas antes y 24 horas después del balotaje.
Las medidas resuenan y no precisamente de manera positiva. Aunque de Moraes insiste en que se protegerá a ambos bandos de difamaciones, lo cierto es que los hechos muestran otra cosa. Lula fue condenado y pasó 580 días tras la rejas por corrupción, pero el alto tribunal impide asignarle calificativos como «corrupto» y «exconvicto». Por eso el escepticismo abunda cuando se arrecia el control sobre las redes sociales en horas tan importantes para el país.
El diputado federal Marcel Van Hattem es claro al respecto. «¡Brasil está bajo censura! El TSE está actuando como Tribunal de CENSURA Electoral, decidiendo lo que se puede y no se puede decir. Lula fue condenado por corrupción, cumplió su condena durante casi dos años y solo fue liberado porque el STF vergonzosamente anuló su proceso», aseveró.
Contra Bolsonaro
Y para confirmar hacia donde se inclina la balanza, el TSE también había ordenado a mediados de octubre eliminar contenidos publicados por la diputada Carla Zambelli, el diputado electo Nikolas Ferreira, así como a Flávio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro sobre Lula da Silva. Twitter, TikTok, Facebook e Instagram tuvieron 24 horas para eliminar las publicaciones. En cambio, las exigencias a favor del presidente conservador no se han vuelto tan relevantes.
A esto hay que añadirle que el TSE ordenó en las últimas horas abrir una investigación por demanda de Lula debido a una supuesta «red de desinformación» que estaría dirigida por el concejal Carlos Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.
Pero por más que los altos tribunales brasileños determinen medidas y ampliación de poderes, en las calles las cosas parecen moverse a mayor velocidad. Lula admite que la elección está «muy pareja», mientras que las encuestas —que buscan reivindicarse luego de su polémico desempeño para la primera vuelta— muestran una brecha cada vez más pequeña que apunta a un eventual empate técnico.
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