Fuente: La Derecha Diario
La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el jueves que no intervendrá en el litigio entre el gobierno de Biden y el expresidente Donald Trump por el allanamiento ocurrido en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto, dándole luz verde a la Casa Blanca para seguir violando los derechos constitucionales del exmandatario republicano.
Trump le había solicitado a la Corte Suprema mediante un escrito que intervenga en la causa y ordenase al gobierno de Biden detener la revisión de los más de 11.000 documentos y posesiones personales que fueron sustraídos ilegalmente de su casa y que aún no han sido devueltos por el FBI.
El escrito presentado por el equipo legal de Trump estaba dirigido al juez Clarence Thomas, uno de los juristas más conservadores y el miembro del tribunal que supervisa el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito con sede en Atlanta, que había fallado en contra del expresidente hace algunas semanas.
Dicho escrito alega que, además de ser devueltos previamente, la revisión de los documentos incautados por el gobierno de Biden debe ser ejecutada por Raymond Dearie, el juez retirado que está ejerciendo actualmente como la figura del tercero imparcial (special master) en la causa.
El special master Dearie, un exjuez ahora retirado que fue nominado en su momento por el presidente Reagan, fue nombrado en la causa como supervisor por un tribunal superior luego de que el equipo de Trump probara que el magistrado de primera instancia, el exabogado personal del financista pedófilo Jeffrey Epstein, Bruce Reinhart, era un donante demócrata que no podía separar su parcialidad de sus decisiones judiciales.
El juez Thomas remitió la solicitud al pleno de la Corte, donde los 9 jueces derribaron el pedido del ex presidente. Fue una orden breve, de una sola frase, sin ninguna disidencia ni justificación, diciendo solo que la solicitud de rever la decisión emitida por el tribunal federal de apelaciones era denegada.
En el mismo día que el máximo tribunal rechazó la petición de Trump, en la última sesión del circo demócrata conocido como la Comisión del 6 de Enero, el panel extrajudicial compuesto por diputados demócratas ordenó que el líder republicano sea llamado a declarar por su supuesto rol en intentar interrumpir unas elecciones “justas” y “demócraticas“, en relación a la denuncias de fraude que había efectuado.
La Comisión del 6 de Enero es un órgano legislativo sin poder judicial, en donde abunda la parcialidad, ya que está compuesta por 7 diputados demócratas y por los antitrumpistas Liz Cheney y Adam Kinzinger, lo más probable es que Trump rechace la citación y busque pelearla en el ámbito judicial hasta que los republicanos retomen el control de la Cámara Baja en enero del próximo año, y derriben la comisión que atenta contra la libertad de expresión.
Pese a ser catalogada como una corte “ultraconservadora y trumpista”, la actual composición de la Corte se ha visto reacia y dubitativa a involucrarse en temas que puedan darle mala prensa, incluso fallando en contra de Trump en numerosas ocasiones y permitiendo que los demócratas continúen con su persecución política.
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