Por Nehomar Hernández – gaceta.es
La prestación de los más elementales servicios públicos siempre ha sido complicada en la Cuba dominada por el represivo comunismo. Sin embargo, el paso del huracán Ián por la isla golpeó aún más la ya endeble estructura que proporciona energía eléctrica a sus provincias, causando cortes en el servicio que en varios lugares se prolongaron incluso por varios días.
La indignación no tardó en aparecer. Localidades de La Habana como el distrito de Playa fueron escenario a finales de septiembre de auténticas muestras de valentía de cubanos que se plantaron frente a los cuerpos represivos del régimen, exigiendo algo tan normal como tener luz eléctrica de manera continua. Los videos con ciudadanos “armados” con cacerolas, voceando consignas contra la ineficacia del régimen del dictador Miguel Díaz-Canel, rodaron a diestra y siniestra por las redes sociales.
Quince días después de aquellas manifestaciones el ambiente sigue caldeado en Cuba. Un reporte de Radio Martí indica que el viernes, durante la hora de mayor consumo de energía, el 40% de la nación caribeña estuvo sin servicio eléctrico, además de presentarse también fallos severos en el suministro de agua potable. De ahí que los cubanos no hayan cesado en sus protestas contra el régimen en sitios como La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque y Camagüey.
Sin embargo, la dictadura no se ha quedado cruzada de brazos. La Fiscalía controlada por el régimen ha señalado que procederá a la apertura de juicios en contra de varios manifestantes que han sido aprehendidos por los cuerpos represivos; allí se les acusará de «incendio de instalaciones, ejecución de actos vandálicos, cierre de vías públicas, agresiones a funcionarios e incitación a la violencia», entre otros supuestos delitos.
Familiares de varios detenidos han señalado que la modalidad que se ha empleado para ello es prácticamente la de un juicio sumario, bajo la figura de “atestado directo” existente en el país. Allí simplemente se procede a pasar prácticamente sin investigación previa de la detención al enjuiciamiento, en un proceso absolutamente cargado de irregularidades.
“Fiscalía General de la República controla procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana”, señala la comunicación pública de la Fiscalía cubana sin precisar cuántas personas están detenidas por haber participado en las manifestaciones contra los apagones de las últimas semanas.
La iniciativa de periodismo de investigación “Inventario” señala que, en la oleada más reciente de manifestaciones, 11 de las 15 provincias de Cuba han sido escenario de reclamaciones ciudadanas ante el régimen de Díaz-Canel. Así las cosas, se estima que en un poco más de dos semanas en la isla han tenido lugar 92 protestas contra la dictadura, teniendo estas un desarrollo prácticamente continuo desde que se agudizaron los cortes del servicio eléctrico, agua potable e internet, así como los problemas de suministros de alimentos en varias partes del país.
Lo destacable en todo esto es, además, el hecho de que las muestras de indignación de los cubanos no se han limitado solamente a reivindicaciones por una mejor prestación de estos servicios, sino que han sido más bien manifestaciones en las que los ciudadanos han expresado su hastío frente al sistema comunista que oprime a la isla desde hace más de seis décadas, llegando a pedir el fin de la dictadura sin ambages.
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