Por Gabriela Moreno – Panampost.com
La Cancillería chilena está en crisis. La fotografía viralizada del embajador en España, Javier Velasco, donde acaricia los pies descalzos a su pareja Manuela Pérez en el asiento trasero de un carro ha desatado polémica. La imagen terminó de exponer la convulsión que enfrenta la política exterior bajo el mandato del presidente Gabriel Boric ante la falta de protocolos e irrespeto a la probidad.
El mandatario ha contribuido con el rechazo a las credenciales del embajador de Israel, Gil Artzyeli, que luego revirtió por las múltiples críticas, y el desafortunado mensaje a la nueva embajadora de Estados Unidos, Bernadette Meehan, a quien le dijo que tenía cinco años esperando cuando la última representante titular, Carol Pérez, se retiró en enero de 2019.
Las fallas diplomáticas se acumulan. También complican a Boric. Ya la bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un proyecto de ley que propone las acusaciones constitucionalmente contra embajadores como un «mecanismo efectivo de control» que permitiría a la Cámara de Diputados actuar ante «infracciones graves y negligentes que cometan en el ejercicio de su cargo y, de esta forma, hacer efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas en aquellos casos que prospere la respectiva acusación”.
Con muchos «pitutos»
El proyecto intenta restituir que el nombramiento de los representantes diplomáticos de Chile amerite la aprobación del Senado. Así garantizarían que promuevan los «verdaderos intereses del país», indica el diputado Juan Antonio Coloma. De esta manera se evitaría que la Cancillería chilena enfrente la crisis que atraviesa hoy.
Eduardo Cornejo, Cristián Labbé, Jorge Alessandri, Felipe Donoso, Cristóbal Martínez, Flor Weisse, Gustavo Benavente, Daniel Lilayu y Natalia Romero suscriben la iniciativa que tiene motivos. En la administración de Gabriel Boric “hay un amiguismo que ha primado de sobre manera”, asegura Coloma, tras destacar que “el país no se merece tener activistas de un sector político y no representantes de los intereses del país, que es la principal misión que un embajador tiene cuando actúa fuera de nuestro territorio”.
El problema es más serio. Pese a Boric haber prometido que en su gestión no habría “pitutos” (contratados por afinidad) la Cancillería chilena parece operar como una “parcela pagadora de favores, o como fuente ad hoc de financiamiento”, acusa Jorge Guzmán, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chile en su columna de El Mostrador, quien además advierte sobre la necesidad de dejar de entender al Ministerio de Relaciones Exteriores como “una fuente de recompensas o botín electoral”.
Un cambio sin esperanzas
Sin embargo, dejar atrás ese uso de los cargos diplomáticos parece poco probable cuando «la lógica de politización del servicio diplomático impuesta por los partidos políticos, transformó a parte esencial en una clientela en la cual opera un gentlemen agreement de cuoteo político. Así, a cambio de militancias o proximidades ideológicas, los funcionarios participan de círculos de poder que aspiran a ascensos rápidos, mejores destinaciones y asignaciones de costo de vida o, simplemente, pretenden la titularidad de oficinas de importancia en Santiago”.
Boric es el presidente. El cargo implica no sólo ser el jefe de Gobierno sino además trae consigo la condición de jefe de Estado. El asunto no parece estar claro para él porque en materia de política exterior, sus acciones y declaraciones comprometen al Estado, no solo a los partidos que respaldan a su administración. ¿Es tan difícil comprender este hecho esencial? Guzmán responde: “el método del gobierno es de ensayo y error”.
El mandatario chileno pidió «prudencia» y llamó al «orden» al embajador en España. Sin embargo, la imagen rodó por todas las redes y levanta interrogantes sobre dónde está el límite para estos altos funcionarios cuando sus actos afectan la coherencia y la eficacia de la política internacional.
En lo mismo
El debate para intentar frenar la crisis en la Cancillería chilena es aún más amplio, considerando que en el Ministerio de Relaciones Exteriores cohabitan dos facciones: una integrada por asesores y operadores políticos que, dependiendo del gobierno de turno rotan en embajadas y puestos de responsabilidad, y otra compuesta por el Servicio Exterior o diplomacia de carrera.
Ambas están ahora en el ojo del huracán por transmitir en conjunto la falta de cohesión interna. Una carta abierta de la abogada internacionalista Paz Zárate, lo deja claro sin filtro alguno: “Un asesor presidencial en el área debiera ser un profesional de las relaciones internacionales con más de 20 años de experiencia y altas calificaciones. Por sobre la incondicionalidad y adulación de las amistades, la familiaridad generacional, la tentación de la autocomplacencia y la vanidad de Instagram y TikTok”.
Parece obvio, sin embargo, la Cancillera está sorda. El epicentro de su acción internacional giró a “materias mucho más sexis” al pasar a segundo plano el debate sobre la integridad del Campo de Hielo Sur, la dimensión legal y geopolítica de la hidrografía del altiplano, las amenazas a la Pax Antarctica, o la acción conjunta con otros países para prevenir –en los hechos y no solo en los discursos– la depredación de los mares por flotas china en busca de calamar en el Pacífico Sur. Las prioridades ahora son otras: la agenda feminista y las cuestiones de género dan cabida también a temas como el cambio climático y las cuestiones ambientales o derechos humanos de Naciones Unidas.
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