Por Gabriela Moreno – PanAm Post
La reputación de las Fuerzas Armadas de Chile atraviesa un inevitable deterioro. El escándalo por el hackeo de 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) perpetrado por el grupo “Guacamaya”, que expone la vulnerabilidad de las plataformas de información confidencial del órgano asesor del Ministerio de Defensa, coincide con el anuncio del procesamiento de cinco exsecretarios generales del Ejército por presunta malversación de caudales públicos.
En primer lugar, la filtración de las minutas de inteligencia e informes estratégicos de la seguridad del país abrirá debates políticos, considerando que Mega Investiga accedió a los correos y examinó los reportes sobre los líderes mapuches y los hechos violentos en la Macrozona Sur, elaborados por la Dirección de Inteligencia de Defensa EMCO, la Armada y la Policía de Investigaciones (PDI).
En ellos, la Dirección de Inteligencia de Defensa del EMCO informó sobre el entrenamiento militar por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a los comuneros mapuches.
Según la minuta entregada el 20 de noviembre de 2020 se estableció que 13 de ellos, incluido Héctor Llaitul, líder de la Comunidad Arauco Malleco (CAM), viajaron a Colombia entre 2004 y 2006.
El documento advierte que las agrupaciones radicalizadas en la zona aumentaron su capacidad de emplear armamento, enfatizando en las técnicas y el tipo de armas utilizadas en atentados, entre las que se mencionan fusiles calibre 7,62mm, como el AK-47. La divulgación del contenido recién comienza.
El «Milicogate» también empaña la reputación de las FFAA
La decisión de procesar a los generales en retiro Guillermo Porcile, Alberto González, Sergio Ahumada, José Llanca y John Griffiths es de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford. La funcionaria está a cargo de la investigación por fraude al interior de la institución castrense conocida como “Milicogate”. En este caso, además, están inmersos los excomandantes en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo por ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y marzo de 2018.
Compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales forman parte de una estantería fiscal con 1.392 volúmenes y 46 cuadernos llenos de múltiples aristas, y un supuesto desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 8,5 millones de dólares.
La magistrada Rutherford emitió una resolución que los considera autores del delito por distintos montos y periodos de tiempo. En el caso de Porcile Arellano el procesamiento es por un monto total de 151.698.748 pesos chilenos, es decir 156.022,12 dólares, por ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y enero de 2011; mientras González Martin será investigado por un monto de 91.978.555 pesos chilenos, un equivalente a 94.737,91 dólares, por delitos entre enero de 2011 y enero de 2013.
En el caso de Griffiths Spielman la decisión se basó en la presunta malversación de 84.483.760 pesos chilenos, que serían 87.018,27 dólares entre enero de 2014 y diciembre de 2017. A Ahumada Labbé el monto defraudado que le atribuye la magistrada asciende a 81.571.378, alrededor de 84.018,52 dólares entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016.
El expediente de Llanca Zuazagoitía lo responsabiliza de la evasión de 45.581.076 pesos chilenos, es decir de 46.948,51 dólares, entre enero de 2017 y marzo de 2018. Estos montos del perjuicio fiscal están actualizados a la fecha, según Biobío.
Un caso complejo
El “Milicogate” es un caso complejo a cargo de la ministra Rutherford, quien esta oportunidad decretó además el embargo de bienes de los procesados. La causa está compuesta de 200 tomos y 800 archivadores con antecedentes y entre los documentos todavía hay 41 cuadernos en estado de sumario con diligencias pendientes emitidos por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana, el Ejército de Chile, entidades bancarias y la Contraloría General de la República.
Hasta ahora, la causa mantiene a 54 procesados, que incluyen al exjefe de Finanzas, general (r) Jozo Santic Palomino, y el exsubtesorero de la Tesorería del Ejército, Clovis Montero Barra.
Un informe de Transparencia Chile revela que existen facturas irregulares en el Ejército que ascienden a 2.200 millones de pesos que provienen de la Ley Reservada del Cobre.
“El Ejército conocía desde 2011 los mecanismos de defraudación utilizados para desviar fondos con el pago de facturas ideológicamente falsas gracias a un informe de inteligencia del coronel Miguel Cantallopts” indica la organización.
Dependencias en la mira
Las pesquisas apuntan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y su Departamento de Planificación Financiera por ser las unidades a cargo de la tramitación de los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre que establece el secreto de las compras que realizan las Fuerzas Armadas impidiendo a la Contraloría General supervisión sobre estas.
“Las facturas eran ingresadas generalmente por mano, es decir, sin oficios conductores, al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde las recibían determinados «dactilógrafos» o «ejecutivos de cuentas», quienes , en la práctica eran los encargados de definir el Decreto Supremo ( los recursos financieros asociados al mismo) al cual se imputaba el gasto por supuesto servicio o adquisición efectuada al proveedor y , además, de cursar tramitación de las facturas respectivas, para su remisión a Tesorería del Ejército a los fines del pago efectivo de su valor”.
Después de ese proceso, la Tesorería transfería los fondos a la cuenta corriente del proveedor, en pago de facturas falsas, este procedía a retirar de inmediato y siempre en efectivo una parte de del dinero.
Una ministra en apuros
Con estas diligencias del caso “Milicogate” en desarrollo y el hackeo de los correos del EMCO sobre la mesa, la ministra de Defensa, Maya Fernández, asegura que instruyó “un conjunto de medidas” para establecer responsabilidades.
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