Por Mamela Fiallo Flor – Panampost.com
La ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, enfrenta duras críticas y solicitudes de dimisión debido a la indignación que generó su último desvarío, propio de una ideología «progresista» fuera de control, que la llevó a defender que los niños tengas relaciones sexuales, incluso con adultos si el contacto físico es consentido, lo que se traduce en una abierta apología a la pedofilia. Ante el natural escándalo que desataron sus palabras, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular (PP) decidieron pedir públicamente su renuncia.
Sus declaraciones fueron explícitas y juegan en su contra. «Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos», dijo Montero este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Congreso al referirse a los menores de edad.
El afán de la dirigente de Podemos y pareja de Pablo Iglesias fue destacar la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI). Al hacerlo dejó al descubierto lo que los promotores del pin parental han denunciado por años: la ESI conduce a la ideologización de la educación, la hipersexualización y, en el peor de los casos, la pedofilia.
Buscan sustituir a las familias por el Estado
El pin parental busca ser un escudo para los padres que no están de acuerdo con que sus hijos reciban este tipo de educación. Pero Montero ha luchado incansablemente para que esta excepción no pueda ser aplicada.
«Es un derecho [la educación sexual] de los niños y las niñas, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho, tienen derecho, a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia», declaró Montero, haciendo particular énfasis en la frase «si ellos no quieren», lo que abre la puerta a una pedofilia supuestamente consentida.
Entonces, por medio del Estado, pretende arrebatar a los padres la patria potestad garantizada en la Constitución, con la excusa de una supuesta preocupación por los menores. El artículo 39 establece que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia».
Vox, Ciudadanos y el PP exigen dimisión de Montero
Esta situación llevó a que Vox, Ciudadanos y el PP pidieran la dimisión de Montero. En el caso de Vox ya se presentó una iniciativa en el Congreso. Este partido además exige el cierre del Ministerio de Igualdad, dado que realmente estaría quebrando la igualdad ante la ley, alimentándose de los impuestos de los ciudadanos.
«Es urgente que esta señora dimita o sea cesada. Y que cierre ese ministerio totalitario al salir. ¡Quitad vuestras sucias manos de los niños!», reclamó el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Por su parte, Ciudadanos insta a Montero a aclarar si «en España se permite lo que el Código Penal define como un delito». El diputado Edmundo Bal dijo: «No me creo que estuviera hablando del consentimiento de los que son menores de 16 años para mantener relaciones sexuales».
La vicepresidente de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, sacó la cara por los populares, alzando también su voz para señalar que Irene Montero no está en condiciones de seguir ejerciendo el cargo de ministra. «Desde el PP creemos que no era consciente del alcance de sus palabras, de la barbaridad que estaba diciendo y por lo tanto le pedimos que reflexione y que dimita».
Para Montero es una «campaña de la extrema derecha»
Irene Montero no se retractó de sus palabras. Asegura que se trata de una interpretación falaz. Acusa ser víctima de la extrema derecha, aunque la izquierda está en el poder. «Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y, básicamente, contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, les niñes de nuestro país tengan derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral», reiteró Montero a la prensa en los pasillos de la Cámara baja.
Además insistió en imponerse sobre la patria potestad de los menores. En nombre de una supuesta protección a los niños, pretende imponer una educación sexual ideologizada. «Urge que aseguremos la educación sexual obligatoria para que todos los niños aprendan y tengan herramientas para identificar las violencias sexuales que se puedan ejercer contra ellos y ellas, y para que aprendan a tener herramientas y pedir ayuda para tener una vida libre de violencia».
En lugar de apaciguar la situación, la directora del gabinete, Lidia Rubio, increpó a un periodista por atreverse a preguntarle a Irene Montero si no se arrepentía de haber hecho apología a la pedofilia. Rubio, que gana 90.557 euros al año, fue una de las acompañantes de Irene Montero en su reciente viaje a Nueva York. Ambas fueron duramente cuestionadas por haber viajado en un Falcon en medio de la campaña a favor del medioambiente y de reducción energética del gobierno de Pedro Sánchez.
Si prospera el pedido de abandonar el cargo –que suma ya a los tres principales partidos de oposición–, a Irene Montero no solo se le acabará la retórica y la prepotencia sino también los viajes en aeronaves lujosas pagadas por el Estado.
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