Fuente: Infobae
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció el jueves que no sabe si su esperado informe sobre la región de Xinjiang, donde China está acusada de represión contra uigures y otras minorías, será publicado antes de concluir su mandato, el 31 de agosto, como lo había prometido.
“Yo tenía toda la intención de publicarlo antes del fin de mi mandato y recibimos aportes sustanciales del gobierno que debemos examinar cuidadosamente”, declaró la expresidenta chilena a periodistas.
“Estamos trabajando fuertemente para hacer lo que prometí”, agregó sobre el informe de su polémico viaje a Xinjiang, donde China ha sido acusada de abusos de derechos humanos de la población musulmana de la región.
Reuters informó el mes pasado que Beijing había pedido a Bachelet que archive el informe, según una carta china que fue confirmada por diplomáticos de los países que la recibieron. Bachelet confirmó el jueves haber recibido esa carta que, dijo, estaba firmada por unos 40 Estados más y añadió que su oficina no respondería a esas presiones.
“¿He estado bajo presión? Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo”, afirmó. En este caso “estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación”, agregó.
Michelle Bachelet en una teleconferencia con Xi Jinping, en Guangzhou, durante su visita en mayo
La región de Xinjiang ha sido escenario de sangrientos atentados contra civiles, cometidos, según las autoridades, por separatistas e islamistas uigures (el principal grupo étnico de la zona). Desde hace años, esta región es objeto de una vigilancia draconiana.
Según varios países occidentales y organizaciones independientes, Beijing ha internado a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en “campos de reeducación” en Xinjiang, y ha impuesto “trabajos forzados” y “esterilizaciones”.
China desmiente estas acusaciones y presenta estos “campos” como “centros de formación profesional” para combatir el extremismo religioso.
En mayo, Bachelet, en un muy poco común viaje a China, instó a Beijing a evitar las medidas “arbitrarias” en Xinjiang, denunciando al mismo tiempo “actos violentos de extremismo” en la región.
Trabajadores caminando por el perímetro de lo que es conocido oficialmente como un centro de educación vocacional en Xinjiang (Reuters/archivo)
Esta visita a China era la primera de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 17 años y fue el resultado de largas negociaciones entre la ONU y Beijing.
Desde entonces, las oenegés reclaman con más insistencia que Bachelet publique el informe.
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