Por Gabriela Moreno – Panampost.com
El inicio de una posible persecución a los opositores venezolanos exiliados en Colombia y vinculados al dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, está pronto a iniciar. En concreto, comenzará con fijar la lupa en aquellos relacionados a la administración de la empresa productora de fertilizantes Monómeros, que está ubicada en suelo vecino. Para ello, fiscales chavistas viajarán hacia allá para indagar sobre las cuentas de la compañía.
El fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció que una comisión del Ministerio Público investigará en Colombia la presunta corrupción de la compañía petroquímica que desde 2019 está bajo el control de Guaidó.
El chavismo ya tiene un plan. La comisión estará conformada por tres fiscales, quienes junto a los directores generales anticorrupción y contra la delincuencia organizada del órgano fiscalizador arribarán a la sede de la empresa de Barranquilla “en los próximos días”. El objetivo es indagar sobre las acciones que la directiva ad hoc de Guaidó ha tomado en los últimos tres años.
Con la documentación que se podría obtener, Saab espera que certifique «la brutal corrupción que amparó el Gobierno del expresidente (Iván) Duque hasta llevarla a la quiebra», así como también «el alcance de esta singular, reprochable y repudiable acción de corrupción binacional».
Petro frena persecución que asomaba Cabello
La disposición de Saab coincide además con la ratificación de las órdenes de captura contra 23 directivos de Monómeros que designó Guaidó, a quienes la Fiscalía chavista acusa de legitimación de capitales, así como asociación para delinquir.
Desde Caracas exige la incorporación de los funcionarios en la base de datos de Interpol con alerta roja, para facilitar su captura en el extranjero, al igual que su posterior deportación. Incluso, vocifera que están “identificando a otros partícipes de la trama delictiva trasnacional».
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presiona en la misma dirección, al señalar que «la justicia colombiana comenzará a actuar ahorita», para que “una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones”.
Es el inicio de la cacería que pronosticó el exlíder estudiantil Lorent Saleh, en entrevista con PanAm Post tras el ascenso del exguerrillero Gustavo Petro a la presidencia de Colombia:
«Creo que se destaparán en Colombia muchas cosas que no sabemos sobre el gobierno interino, y eso a su vez desataría persecuciones, situaciones bien complejas. La situación de Monómeros es verdaderamente penosa, vergonzosa, y cuando se destape toda la red de corrupción que ha habido ahí y hasta donde ha llegado, eso va a generar una situación inestable, muy insegura, para gente también inocente, ya que seguro van a querer usar toda la situación de Monómeros para perseguir e ir contra otras personas».
Por su parte, Petro se aleja por ahora de los requerimientos de Cabello y no complacerá sus exigencias, al menos en el mediano plazo. Desde Twitter, el exguerrillero del M-19 asevera que “Colombia garantiza el derecho al asilo y el refugio”. Sin embargo, no aclara cuál sería el panorama de las cabezas de Monómeros. Asimismo, hasta el cierre de la esta nota no se había obtenido una respuesta formal por parte de Colombia sobre esta petición de Saab y sus secuaces.
Una compañía rodeada de intereses
El escenario que esbozó Saleh parece materializarse a pasos veloces. Petro aún no cumple un mes en la Casa de Nariño y la entrega de Monómeros al chavismo ya es parte de sus primeras gestiones. Esta medida podría beneficiarle en gran escala, debido a que ofrecería 38 % de descuento en el costo de la úrea que produce la compañía, así como entre 20 % y 25 % de rebaja en los fertilizantes, lo cual le permitiría impulsar su prometida reforma agraria.
El contexto favorece las intenciones de Petro. La administración de Monómeros está rodeada de dudas desde que la compañía filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó contratos el año pasado por 15 años con la panameña Lion Street, donde cedió el 60 % de sus utilidades anuales equivalentes a 7,5 millones de dólares.
La transacción junta a otras designaciones internas y la renuncia de su presidente, Carmen Elisa Hernández, alimenta la desconfianza sobre lo que ocurre puertas adentro con el activo de Venezuela en manos de Guaidó.
Faltan respuestas de todos lados. Guaidó aún no rinde cuentas sobre Monómeros ni un balance de la intervención que enfrenta por la Superintendencia de Colombia y Petro tampoco aclara todavía si aprobó el ingreso de fiscales chavistas a la compañía. Algo pasa. Se sabrá.
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