Fuente: La Derecha Diario
Cientos de soldados mexicanos fueron enviados el viernes a Juárez y a Tijuana después de que estallara una guerra narco en las calles de las ciudades fronteriza, que dejó una docena de civiles muertos, daños a la propiedad privada y una sociedad rehén de un grupo de criminales cómplices del gobierno.
La guerra comenzó en Juárez luego de un enfrentamiento en una prisión entre miembros de dos cárteles rivales. El choque entre los reclusos resultó en un masivo motín, que se extendió a las calles de la ciudad con tiroteos en los que murieron 11 personas, la mayoría civiles.
Los Chapos, miembros del infame Cártel de Sinaloa anteriormente dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el grupo local Los Mexicles se enfrentaron en una prisión el jueves por la tarde, dijo el viceministro de Seguridad, Ricardo Mejía.
Luego estalló un motín, que dejó 2 reclusos muertos a tiros y 4 heridos de bala, dijo Mejía, hablando junto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa habitual. Otros 16 narcos resultaron heridos en los combates, dijo.
Desde su llegada al poder, el socialista López Obrador ha permitido la convivencia de los grupos narcos con las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluso llegando a intervenir personalmente para reducir penas o frenar investigaciones a estos grupos.
La sangre derramada en Juarez y en todo el país, y el nivel de violencia que no se veía hace décadas en México tiene un solo responsable: López Obrador. En gobiernos anteriores se encabezaron guerras contra el narco, donde los casos de complicidad con los carteles eran esporádicos y considerados de alta corrupción. Hoy esto es la norma y dentro del gobierno de izquierda hasta parece que hay incentivos para trabajar con el narco.
Esto ha llevado a que exista un nivel de impunidad sin precedentes, y los grupos narcos usan a las ciudades mexicanas como campo de batalla, sin importar la vida humana.
Después del motín, donde los Mexicles habrían salido victoriosos, sus miembros arrasaron la ciudad, dijeron las autoridades, y mataron a 9 civiles. Entre ellos había cuatro empleados de una estación de radio, incluido un locutor, dijeron las autoridades.
Los Mexicles intentaron tomar control de toda la ciudad, miles de comercios fueron baleados e incendiados. FEMSA, la empresa matriz de la cadena de supermercados Oxxo, dijo en un comunicado que uno de sus empleados y una mujer que estaba en una entrevista de trabajo murieron en la violencia.
La violencia continuó hasta bien entrada la madrugada del viernes, y se extendió a Tijuana, en el estado de Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pidió a la Guardia Nacional que interviniera.
Así, el Ejército ingresó a las ciudades y después de varias horas de combate en las calles pudo poner fin a la violencia. Incluso pudieron apresar a Jorge Antonio “N”, uno de los líderes narcos del motín que fue registrado tirando bombas molotov a vehículos civiles.
Los alcaldes de estas dos ciudades, ambos del partido Morena de López Obrador, han sido extensamente acusados por sus vínculos al narcotráfico. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en vez de organizar una defensa de la ciudad, se paró frente a un estrado y le pidió a los narcos que “cobren factura a quienes no les pagan” pero que “no se metan con los civiles”.
Por su parte, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, delfín político del convicto ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, falló en garantizar la seguridad en sus cárceles, y se lo acusa de complicidad con los grupos narcos, una complicidad que ciertamente se le fue de control.
Por su culpa, los ataques del jueves provocaron el incendio de taxis, autobuses, comercios y unas 20 tiendas Oxxo. Según especialistas, la única manera de que el narco llegue a estos niveles de violencia e impunidad, es por la relación con el poder. Ningún alcalde que se oponga al narcotráfico pasará por estas situaciones.
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