Fuente: childrenshealthdefense.org
El que fuera entrenador de fútbol americano de la Universidad Estatal de Washington solicita 25 millones de dólares a la universidad por despido improcedente tras ser destituido el año pasado por negarse a que le inyectaran la vacuna contra el COVID-19, según informó el “Seattle Times” el martes.
El 27 de abril se presentó una reclamación por daños y perjuicios en nombre de Nick Rolovich ante la oficina de gestión de riesgos del Estado. La presentación de una reclamación es un requisito previo a la presentación de una demanda contra un organismo estatal.
Hay un periodo de espera de 60 días entre la presentación de una reclamación y el momento en que el demandante puede presentar una demanda. Hasta el miércoles, un portavoz del fiscal general Bob Ferguson dijo que no se había presentado ninguna demanda, según “The Washington Post”.
Después de denegar la solicitud de Rolovich de una exención religiosa del mandato de la vacuna COVID-19 del gobernador Jay Inslee para los empleados estatales, la universidad despidió a Rolovich en octubre de 2021.
En el momento de su despido, Rolovich tenía un contrato de cinco años al que le quedaban tres temporadas y cobraba 3,2 millones de dólares al año, el salario público más alto del estado. Había dirigido 11 partidos con los Pumas durante dos temporadas.
El abogado de Rolovich, Brian Fahling, dijo en ese momento que su cliente emprendería acciones legales por discriminación religiosa. Presentó una carta de 34 páginas a la universidad para apelar la decisión de la universidad de despedir a Rolovich, pero la apelación fue denegada.
Rolovich, que es católico, no es la primera persona que presenta una demanda por despido improcedente o discriminación religiosa porque un empleador no concede una exención religiosa al mandato de vacunación COVID-19.
El 29 de julio, la asociación “Liberty Counsel” resolvió la primera demanda colectiva del país en nombre de los trabajadores de la salud que fueron discriminados ilegalmente y a los que se les negó la exención religiosa del mandato de la vacuna COVID-19 por parte de su empleador, “NorthShore University HealthSystem”, con sede en Chicago.
El acuerdo de 10.337.500 dólares, presentado en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, compensa a los empleados de NorthShore que fueron “castigados por sus creencias religiosas contra la administración de una inyección asociada a células fetales abortadas“.
Como parte del acuerdo de conciliación, NorthShore también cambiará su política ilegal de “no acomodaciones religiosas” para hacerla coherente con la ley y deberá proporcionar acomodaciones religiosas en todos los puestos de sus numerosas instalaciones.
Además, los empleados que fueron despedidos por negarse a que les inyectaran la vacuna COVID-19 por motivos religiosos podrán ser contratados de nuevo si lo solicitan en los 90 días siguientes al acuerdo final aprobado por el tribunal, y conservarán su nivel de antigüedad anterior.
El importe de los pagos individuales del fondo de liquidación dependerá del número de formularios de reclamación válidos y oportunos que se presenten durante el proceso de reclamación.
Si el acuerdo es aprobado por el tribunal y casi todos los empleados afectados presentan reclamaciones válidas y oportunas, se estima que los empleados que fueron despedidos o dimitieron por su rechazo religioso a la vacuna COVID-19 recibirán aproximadamente 25.000 dólares cada uno.
Asimismo, en virtud del acuerdo, los empleados que se vieron obligados a vacunarse en contra de sus creencias religiosas para mantener sus puestos de trabajo recibirán aproximadamente 3.000 dólares cada uno.
Los 13 trabajadores de la salud que son los principales demandantes en el juicio recibirán un pago adicional aproximado de 20.000 dólares cada uno por su papel en la presentación de esta demanda y la representación del grupo de trabajadores de la salud de NorthShore.
Las demandas por la denegación de exenciones o la insuficiencia de adaptaciones a los requisitos de la vacuna COVID-19 comenzaron el pasado mes de septiembre, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concediera la plena aprobación a la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech, lo que permitió a más empleadores promulgar obligaciones de vacunación.
Los trabajadores, hasta el 19 de mayo de 2022, habían presentado al menos 66 demandas desde septiembre de 2021 contra empleadores privados por negarse a conceder exenciones a los requisitos de la vacuna COVID-19, según “Bloomberg Law”.
Los jueces rechazaron las peticiones de los trabajadores de que se dictaran órdenes judiciales inmediatas para bloquear la aplicación de los mandatos en 22 casos.
En un caso en el que estaba implicada “United Airlines Inc.”, la aerolínea cambió su normativa para permitir adaptaciones en lugar de impugnar la demanda.
Según “Bloomberg Law”, el 59% de las demandas presentadas en relación con los mandatos de vacunación COVID-19 están relacionadas con la respuesta del empleador a las solicitudes de adaptación basadas en la fe.
Alrededor del 22% de las demandas se refieren a la impugnación de la gestión de una empresa de las solicitudes religiosas y de discapacidad, y el 5% a las adaptaciones relacionadas con la salud.
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