España: La Justicia de Baleares le dió al Ministerio de Sanidad un plazo de diez días para que revele todos los contratos firmados con Pfizer

Fuente: Ejército Remanente

El tribunal balear ha dado un plazo de diez (10) días al Estado español para que le facilite todos los contratos firmados con Pfizer y otras tres empresas farmacéuticas cuyas vacunas contra covid se desplegaron en territorio español durante la pandemia del coronavirus. Esta noticia desata la inmensa alegría de la Asociación española Liberum, que no ha dejado de exigir que estos contratos se hagan públicos por respeto a los ciudadanos

«Las desgracias nunca vienen solas», dice el refrán. Y Pfizer parece haberlo entendido. En cualquier caso, menos de un mes después de la decisión de la justicia uruguaya de obtener información sobre el contenido químico de la vacuna del laboratorio estadounidense, es el turno de la justicia balear en España de exigir al Estado español que aporte todos los contratos que se firmaron con Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson y AstraZeneca.

En cualquier caso esta es la información que Lecourrier-du-soir.com ha obtenido en las últimas horas del medio de comunicación español UltimaHora.es. Según esta fuente, el tribunal balear actuó a petición de una asociación conocida como Asociación Liberum, que viene denunciando enérgicamente que los contratos firmados con las empresas farmacéuticas se mantienen en secreto. Según el medio de comunicación UltimaHora.es, la asociación ha obtenido el apoyo de 549 habitantes de la isla en su batalla legal contra el Estado central. La información fue confirmada por el medio español DiariodeMallorca.es.

A la espera del resultado de este caso, la asociación Liberum ya se congratula en un comunicado de prensa publicado en su página web el 29 de julio y leído íntegramente por Lecourrier-du-soir.com. En ella, la asociación nos cuenta que el tribunal ha fijado un plazo de 10 días para que el Ministerio de Sanidad español facilite toda la información relativa a los contratos firmados entre el Estado español y los fabricantes de vacunas.

La asociación no oculta su alegría. «Desde el equipo jurídico de Liberum valoramos positivamente el avance jurídico sin precedentes. Por último, los ciudadanos podrán acceder a todas aquellas cláusulas sustraídas ilegalmente (ocultas) a toda la sociedad. Lo hemos dicho más de una vez. Covid no lo dicta todo», reacciona la asociación. Liberum concluye su comunicado con los siguientes tres lemas: «Venceremos, somos la resistencia, viva la libertad».

Hay que recordar que no es la primera vez que la justicia exige al Estado que le facilite toda la información sobre las vacunas. A principios de julio de este año, fue la justicia uruguaya la que presionó al Estado para que hiciera públicos los componentes químicos de la vacuna de Pfizer y aunque se revocó la sentencia, el Dr. Salle nos llena de esperanza porque los centros de vacunación infantiles están vacíos:

Y el 30 de julio, se ha revelado en la prensa que un tribunal italiano, al que acudió un profesor antivacunas, también ha solicitado que el Estado italiano publique los datos relativos al contenido químico de la vacuna de Pfizer. El profesor en cuestión acudió a los tribunales tras ser sancionado (por sus superiores) por negarse a ser vacunado.

¿Cederá finalmente el Gobierno español? El tiempo lo dirá. Nuestro medio sigue de cerca este caso y os mantendrá informados de la evolución de esta batalla legal entre el Estado español y sus propios ciudadanos en la lucha contra un «virus invisible» o mejor dicho, contra un tóxico introducido en la vacuna que está debastando a todo el pueblo español.

Desde el EQUIPO JURÍDICO DE LIBERUM, valoramos de manera muy positiva el AVANCE JUDICIAL SIN PRECEDENTES. Finalmente, la ciudadanía podrá conocer todas aquellas clausulas, espuriamente hurtadas, al conjunto de la sociedad. Lo hemos manifestado en multitud de ocasiones, no todo vale ni todo cede con el COVID-19. Hemos asistido a una vulneración de derechos fundamentales salvaje, al amparo de una coyuntura de emergencia INEXISTENTE y bajo el paraguas de “CONTRATOS-LEY o CONTRATOS MILITARES SECRETOS”, que han soslayado nuestro ordenamiento constitucional y orden jurídico de valores y Derechos Humanos.
Los contratos firmados con las CASAS FARMACEUTICAS deben ser públicos y LO SERÁN FINALMENTE. Es incomprensible e inaceptable jurídicamente que, en una materia tan delicada como la salud de la población en general, fueran ocultados precisamente a aquellos millones de personas destinatarios de las cláusulas de estos, quebrando de facto el CONSENTIMIENTO INFORMADO necesario para tener todos los datos acerca del tratamiento del que iban a ser inoculados.

Los contratos deben estar sometidos, como así será, al imperio de la ley y al control judicial del tercer poder del estado, garante de nuestros valores constitucionales. El secretismo impuesto hasta la fecha comportaba, como llevamos meses afirmando en decenas de procedimientos judiciales, lisa y llanamente, la vulneración de los DERECHOS HUMANOS de los ciudadanos y un quebrantamiento sin igual de la SEGURIDAD JURÍDICA y DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.