Por Gabriela Moreno – Panampost.com
¿Cómo se financia el régimen chavista si no posee acceso a los activos a los activos en el extranjero, tiene a las compañías estatales sancionadas y cuenta con restricciones internacionales para hacer negocios? Esta es una interrogante que se cierne sobre la ciudadanía muy a menudo. Sin embargo, ya no habrá que pensar más, la respuesta es: con la venta de petróleo a través de una red de contrabando de “alto nivel”, que usa la infraestructura de la estatal colombiana Ecopetrol para sacar el crudo al mercado internacional.
Estados Unidos y Colombia descubrieron este negocio con interceptaciones telefónicas e inspecciones a buques y camiones vinculados a la comercialización de petróleo desde el Caribe. Un reporte de Noticias Caracol indicó que las pesquisas conjuntas arrojan que Gunvor, una de las cinco compañías más grandes de comercialización de petróleo en el mundo aliada de Rusia, utilizó a Ecopetrol para “simular el origen” del crudo en “documentos de transporte marítimo”.
El análisis de 13 operaciones ilegales rastreadas por la Policía colombiana y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en los últimos cuatro años constatan que la ruta del hidrocarburo venezolano se logró con información falsa para evadir las sanciones que pesan contra el régimen de Nicolás Maduro al atribuir la carga a producciones de Guyana, Panamá, Curazao y República Dominicana.
Movimientos irregulares
Estas operaciones permitieron a la red de contrabando pagar 6800 millones de pesos colombianos (1,5 millones de dólares) por un producto cuyo valor real en el mercado ascendía a 11000 millones de pesos (2,4 millones de dólares) en 2019. La rentabilidad del negocio es indiscutible. El truco radicaba en que abonaban menos impuestos al reportar un producto con menor valor, es decir a 36 dólares por barril, mientras conseguían millonarias ganancias, al exportarlo a 55 dólares el barril, precio real de aquel entonces.
El general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, aseguró que cada mes, en promedio, se exportó un millón de barriles con trámites legales y técnicos aparentemente transparentes, que generaban ganancias de aproximadamente de 10 millones de dólares mensuales. Sin embargo, el funcionario admite que “puede ser más».
En nombre de Ecopetrol, Carlos F. Sotomayor, abogado de la compañía, reconoce que “entraban productos sin ser estrictos con la vigilancia que esas entidades o a través de sus funcionarios deberían hacer. Esos funcionarios de alguna forma comprometen la imagen de estas entidades. En ese proceso terminan, entre comillas, voy a decir algo que puede sonar extraño, pero es un lavado de crudo. Y sale para exportación».
Dos figuras claves
El capitán Rafael Botello, empresario marítimo de Panamá y su par de Barranquilla, Sergio Fortich, figuran en la investigación como los presuntos encargados de coordinar las importaciones de hidrocarburos de manera fraudulenta. Ambos son sospechosos de declarar residuos el producto a exportar cuando este era crudo de “pureza importante”.
En uno de los primeros casos detectados en febrero de 2019, una embarcación intentó ingresar con 50.000 barriles del combustible al puerto de Barranquilla con el aval de la empresa Swiss Terminal SAS, autorizada como agente almacenador de hidrocarburos en la Zona Franca de esa ciudad. Sin embargo, las autoridades cuestionan a la compañía por facilitar su licencia para «la importación de crudos simulados como residuales o productos de naturaleza diferente».
La gerente ejecutiva de la compañía, Paola Martínez, una exfuncionaria de la Alcaldía de Barranquilla y exsecretaria general del Concejo municipal, es pieza clave en la averiguación. Hay “varias conversaciones telefónicas comprometedoras” que la relacionan y su firma aparece estampada en los documentos que habrían dado apariencia de legalidad a la entrada de crudo venezolano, entre ellos, lo que autorizaron el arribo del buque Star Balboa, el pasado 21 de febrero de 2020 a las instalaciones de Swiss Terminal con 64.000 barriles. Según las facturas, esta embarcación cubrió la ruta Curazao-Panamá-Colombia y la carga era crudo residual cuyo valor en el mercado en ese momento era de 36 dólares el barril. Tendrá que explicar. Para la Fiscalía, Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) el asunto es “grave” y expone a Colombia a sanciones internacionales.
Aliado de Rusia en el medio
Entre la madeja de firmas que certificaron esta comercialización de crudo venezolano aparecen dos cuyos directivos y representantes legales coinciden en la conformación de las empresas CI. La Operadora SAS y CI. Petroworld SAS.
Estas dos empresas son proveedoras de Niman Commerce, una compañía sin trayectoria ni autorización del Ministerio de Minas y Energía asumió la venta del hidrocarburo a la multinacional Gunvor Group para su exportación, la misma compañía de la cual su exempleado Raymond Kohut, de 68 años, acaba de declararse culpable de un cargo de lavado de dinero en una audiencia ante un juez federal de Brooklyn por canalizar millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener negocios de Petroecuador. El esquema implicó el pago de más de 22 millones de dólares en sobornos.
El caso tiene a Gunvor Group bajo los radares de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos tras registrar una ganancia neta de 213 millones de dólares el año pasado, periodo que Kohut deja en dudas las operaciones.
Ahora, en las grabaciones del jefe de operaciones de Gunvor en Colombia, Roger Gale, se escuchan sus instrucciones sobre cómo evadir los puestos de control anexando un documento que indique que el contenido es combustóleo. De esa manera, los terminales de Vasconia y Ayacucho se convirtieron en el centro de acopio de los hidrocarburos. Desde ellos, se hizo la distribución mediante el oleoducto hacia la terminal Coveñas para finalmente ser exportado como crudo colombiano por la sociedad Gunvor.
Las pesquisas en Colombia tienen a 15 miembros de la red imputados con medidas privativas de la libertad no carcelarias porque “existe una inferencia razonable de autoría y participación de los diferentes delitos imputados como son concierto para delinquir agravado, receptación, contrabando de hidrocarburos, y falsedad de hidrocarburos al interior de la organización criminal” sostiene Fabián Mauricio López, abogado representante de la DIAN.
Ecopetrol resiente puertas adentro el escándalo que se une a la caída de 43% de sus acciones entre abril y julio y la pugna por la modificación de los estatutos de la empresa que elevó de dos a cuatro años la permanencia de la junta directiva. Unas tensiones que se agravan con la promesa del presidente ultraizquierdista electo, Gustavo Petro de rechazar nuevas áreas para exploración de hidrocarburos para apostar por las energías renovables. Un caos.
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