Por Mamela Fiallo Flor – La Gaceta de la Iberosfera
El Parlamento ecuatoriano aprobó un proyecto de ley que permitiría coartar la libertad de expresión, según denuncia el oficialismo. Además, abriría el camino para la persecución política.
De manera que una mayoría de legisladores ecuatorianos que ganan cerca de 12 salarios mínimos, tienen el poder de callar a quienes les pagan los sueldos: los ciudadanos y contribuyentes.
La labor de un legislador es, en teoría, ser la voz del pueblo, representarlo. Pero 75 (de los 137) legisladores ecuatorianos votaron a favor de ser lo opuesto. Asumieron la potestad de callarlo.
Ecuador tiene uno de los sueldos mínimos más altos en la región: 425 dólares (solo después de Chile y Costa Rica). Aumentó 25 dólares bajo la administración de Guillermo Lasso. No obstante, es inferior a la canasta básica (que incluye alimentos “imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de un hogar”) que supera los 713,35 dólares.
Cada legislador le cuesta 15.000 dólares al contribuyente ecuatoriano
De los 18 millones de habitantes del Ecuador, 8,3 forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Entre ellos, 450.000 empleados ganan el sueldo mínimo, están desempleados alrededor de 384.204 personas y dos millones son subempleados que ganan menos de un salario básico al mes.
Mientras millones de ecuatorianos pasan necesidades, los legisladores que alegan hablar en su nombre ganan 4.759 dólares por mes, casi 12 salarios básicos. Además, solo el gasto en sueldos de asesores y asistentes ronda los 15.000 dólares por cada legislador. Mensualmente los asesores de nivel 1 cobran 3.014 dólares, los de nivel 2 perciben 2.545, mientras los asistentes administrativos reciben 1.394 dólares.
La cantidad de dinero que reciben los legisladores ecuatorianos demuestra que están desconectados de la realidad del grueso de la población. No obstante, se atribuyen el poder de regular lo que se dice y sobre todo quién lo dice.
Esta contradicción la señala el exvicepresidente del Ecuador, Alberto Dahik. Pues les están pagando con el dinero del erario público.
El correísmo es enemigo de la libertad de prensa
No es casualidad que el proyecto de ley fue promovido y apoyado por la bancada liderada por el expresidente Rafael Correa. Durante su gestión, cerró canales de televisión, enjuició periódicos e incluso premiaba a twitteros que lo defendían en redes sociales, mientras a la par llamaba públicamente a sus seguidores contra la oposición.
De hecho, luego de una década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la “responsabilidad internacional” del Estado ecuatoriano por las violaciones a los derechos del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.
Según el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación, residencia, y a la estabilidad laboral de un periodista y los directivos del diario.
No obstante, no señalaron al autor. El entonces jefe de Estado, Rafael Correa, arremetió contra el periódico por atreverse a cuestionar el relato oficial del supuesto golpe de Estado contra el mandatario. Correa ordenó cerrar la señal de todos los canales, salvo el estatal, para imponer su discurso.
Por eso fue tan peligroso el artículo publicado por El Universo titulado “No a las mentiras”, que desmontaba el discurso de un supuesto golpe de Estado contra Correa. El fallo de la CIDH determinó que se trataba de un “artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático”.
Ahora, los aliados políticos e ideológicos de Correa ostentan mayor poder en el legislativo y lo celebran reduciendo la libertad de prensa y consigo la libertad de expresión.
“Vamos a volver, vamos a volver», coreaban los legisladores, mientras celebraban tener mayor poder en el legislativo. Dado que una de las suyas fue designada primera vicepresidente de la Asamblea.
Mayoría correísta aumenta poder en la rama legislativa
Como la bancada de UNES, el partido correísta, es la más numerosa, incide. Hasta ahora han mostrado resistencia a todo proyecto de ley presentado por el presidente Lasso, Por ejemplo, en marzo del presente año el presidente Guillermo Lasso no logró apoyo para la ley de inversiones.
La bancada oficialista, en cambio, la Bancada de Acuerdo Nacional, es minoría. Esto dificulta la aprobación de cualquier proyecto de ley presentada por el presidente Guillermo Lasso.
El Ejecutivo presentó la Ley para la Libertad de Expresión. Pero no logró los 70 votos necesarios. Enterraron una iniciativa presidencial más. Mientras que las bancadas correístas e indigenistas llevaron adelante unas reformas que limitarían la libertad de expresión..
No obstante, el presidente del Ecuador tiene el poder de veto. Así como a él le han obstaculizado la aprobación de leyes, el presidente Lasso puede impedir que se aprueben leyes con las que no estén de acuerdo.
Lo más probable es que sea la vía que elige ahora. Pues Guillermo Lasso llamó “ley mordaza” a la ley recientemente aprobada.
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