Traducido de BreitBart.com por TierraPura.org
Estas declaraciones, unidas a las pruebas de las escuchas masivas de comunicaciones que se están produciendo en Venezuela, sirven para recordar que nadie está seguro de hablar libremente aquí y que expresar la disidencia contra el régimen y sus autoridades puede tener un precio enorme.
A la cabeza del entramado de censura y violación de la privacidad del régimen socialista se encuentra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la entidad que regula todas las telecomunicaciones del país, ya sean telefónicas, de Internet o de medios de comunicación.
La Conatel ha bloqueado el acceso a decenas de sitios web disidentes, ha obligado a los canales de televisión locales a autocensurarse, ha penalizado la sátira política, ha castrado a los periódicos, ha cerrado más de 190 emisoras de radio y ha sacado del aire programas, y ha ordenado a las compañías telefónicas privadas que realicen una vigilancia masiva y escuchen las comunicaciones telefónicas para frenar la disidencia.
Vigilancia telefónica a gran escala
Habiendo vivido dos tercios de mi vida bajo el chavismo y viviendo el auge de la “Revolución Bolivariana” de Hugo Chávez, fui testigo de la presencia constante de un miedo no comprobado entre amigos y familiares, expresado casi siempre con la frase “no puedes decir eso por teléfono”. Era una referencia a las supuestas -pero siempre no confirmadas- escuchas telefónicas del régimen.
Al principio, en la primera mitad de la década de 2000, recuerdo que era una especie de leyenda urbana juguetona – pero con el tiempo, y, a medida que el Partido Socialista cimentaba su control sobre Venezuela, lo que antes era un mito se convirtió en una realidad con pruebas demostradas.
En la actualidad, en Venezuela operan tres compañías principales de telefonía móvil: Movistar, propiedad del grupo español Telefónica; Digitel, propiedad del grupo empresarial Grupo Televenco; y Movilnet, filial de CANTV, el mayor proveedor de servicios telefónicos y de Internet del país. El régimen venezolano nacionalizó CANTV en 2007.
Las pruebas de la vigilancia telefónica masiva del régimen socialista se encuentran en el informe de transparencia 2021 de Telefónica, donde detalla que, a petición del régimen venezolano y de Conatel, ha interceptado las comunicaciones de más de 1,5 millones de sus 7,8 millones de abonados en Venezuela. Esto significa que más de uno de cada cinco usuarios de celulares de Movistar en Venezuela ha sido objeto de interceptación de sus llamadas telefónicas, mensajes de texto e internet móvil, o se ha revelado su ubicación a través de la red del teléfono.
Las otras dos compañías de telefonía móvil de Venezuela (Digitel y Movilnet) no publican datos de transparencia similares, pero dado que Movilnet es propiedad del régimen socialista, cabe suponer que es igual de insegura, si no más.
En el pasado, el régimen ha utilizado su aparato de vigilancia telefónica para filtrar las grabaciones telefónicas de los políticos disidentes cuando lo han considerado oportuno para desacreditar o socavar a los opositores. A veces, las han presentado como “prueba” de “complots de ultraderecha” contra el régimen de Maduro o se han filtrado supuestamente para sembrar grietas dentro de la oposición venezolana.
Como abonado de Movistar desde hace mucho tiempo, siempre he sido consciente de que mis llamadas de móvil no tienen ninguna garantía de ser seguras, así que las he tratado como tales. No tengo forma de averiguar personalmente si formo parte de ese 20 por ciento de usuarios de Movistar intervenidos, así que hago lo posible por mantener el contenido de mis llamadas telefónicas lo más normal y “limpio” posible, utilizando métodos alternativos de comunicación para asuntos más delicados -así que, en el caso de que me hayan grabado las llamadas, espero que hayan aprendido a resolver ciertos problemas informáticos que he ayudado a la gente a resolver por teléfono-.
Censura en Internet
Con los medios de comunicación tradicionales castrados y obligados a la autocensura, Internet sigue siendo la principal vía de información para los venezolanos, pero no está exenta de riesgos.
El régimen socialista mantiene el monopolio técnico del acceso a Internet en el país a través de la CANTV. Muchos, por falta de alternativas, no tienen más remedio que utilizar CANTV y su tecnología obsoleta como proveedor de servicios de Internet. El servicio es tan corrupto como el resto de las oficinas públicas del país, y la gente a menudo tiene que pagar altas tasas por debajo de la mesa sólo para recuperar el servicio – lo sabría, ya que me encontré con que tenía que pagar 50 dólares en efectivo en noviembre de 2021 para poder volver a estar en línea.
Siempre tomo las precauciones necesarias cuando utilizo el servicio de internet de CANTV, usando servicios de VPN para añadir una capa extra de seguridad y para evitar la creciente lista de sitios web prohibidos en el país. VE sin Filtro, un proyecto dedicado a informar a la gente sobre la censura en internet en Venezuela y a enseñarles cómo superarla, identificó 59 sitios web bloqueados en Venezuela en 2021 y 68 dominios de internet bloqueados, de los cuales 45 pertenecen a medios de comunicación y ocho a sitios web de “naturaleza política.” El régimen también obliga a los proveedores privados de Internet a prohibir los sitios web a petición.
Como si la celebración de elecciones amañadas no fuera suficiente garantía para el régimen socialista, también han bloqueado el acceso a los sitios web favorables a la oposición durante la campaña electoral. El acceso a YouTube y a otras redes sociales ha sido bloqueado quirúrgicamente en el pasado cada vez que la oposición venezolana o el presidente Juan Guaidó han dado un discurso. Sin embargo, con Guaidó y la oposición hundiéndose en la irrelevancia, el régimen de Maduro no ha sentido aparentemente la necesidad de repetir esta táctica en los últimos tiempos.
La amenaza más peligrosa a la que se enfrentan los venezolanos en Internet es la ley contra la incitación al odio, que puede suponer hasta 20 años de cárcel para los culpables de “incitación al odio”, un término ambiguo que el partido socialista interpreta a su antojo. Por ello, hay que tener cuidado con lo que se escribe o dice en Internet. Voice of America informó recientemente de la historia de “Yonh”, una reciente víctima de la ley de incitación al odio del régimen socialista cuyo único delito fue insultar en privado a la Guardia Nacional Bolivariana a través de WhatsApp después de que miembros de la Guardia Nacional cerrara su lugar de trabajo.
Aunque el régimen socialista tiene casi el monopolio del acceso a Internet, recientemente ha permitido que nuevos proveedores de servicios privados operen en el país. Estos proveedores, sin embargo, están muy lejos del alcance de los bolsillos de muchos. A principios de este año, y después de 20 años de usar CANTV, por fin pude conseguir un nuevo proveedor de servicios de Internet. No es el mejor, y es bastante caro para lo que es, pero seguro que es mejor que tener que lidiar con CANTV.
Aun así, por el hecho de ser un servicio privado, no bajó la guardia, por así decirlo. Sigo tomando mis propias precauciones para estar seguro en línea dentro de estas fronteras porque, al fin y al cabo, es el régimen socialista el que firma las licencias de funcionamiento de estos nuevos proveedores de servicios de Internet.
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