Fuente: Canal Abierto
En mayo de este año el Gobierno argentino completaba la aprobación del trigo transgénico con tolerancia a la sequía, una manipulación genética adicta al agrotóxico glufosinato de amonio (heredero del cancerígeno glifosato). El desarrollo 100% argentino es producto de la colaboración público-privada de más de 18 años entre Bioceres -donde son accionistas Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman- y el grupo de investigación del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL), liderado por la Dra. Raquel Chan, responsable de la investigación.
Hoy, a menos de dos meses de aquella conformidad celebrada por el ministro de Agricultura Julián Andrés Domínguez y cuestionada por diversos sectores, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro 2 de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la “prohibición temporal en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires” del trigo HB4.
A su vez, instó al Ejecutivo a reglamentar la ley 12.822 aprobada en 2001 e implementar la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria con el objetivo de elaborar informes sobre los efectos del transgénico en “la salud, los recursos naturales, la producción y la comercialización”.
“Entre los argumentos, figuran las consecuencias que tuvimos y tenemos por la expansión de la soja transgénica y el glifosato desde 1996 hasta la actualidad, en el aire y el agua, los residuos en la leche materna, aumento de cáncer, abortos espontáneos y en general el incremento de enfermedades diversas en los pueblos fumigados, y riesgos de daños graves a los Consumidores y sus familias, violando las garantías de las generaciones futuras; en definitiva, preguntamos por qué deberíamos aprobar este nuevo OGM (organismo genéticamente modificado) con esos resultados”, explicó a Canal Abierto el integrante del colectivo Generaciones Futuras y abogado que impulsó la medida cautelar, Lucas Landívar.
Esta nueva manipulación genética nacional no cuenta con un apoyo generalizado, ni mucho menos, y cosecha críticas de referentes de la ciencia e incluso entidades rurales.
Por un lado, hasta el momento no existe documento o estudio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que garantice la inocuidad de este trigo, y tampoco de los OGM en sentido genérico, cuando debe garantizar la seguridad alimentaria. Tampoco hubo pronunciamiento al respecto por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
“Los productores agropecuarios recibimos con mucha preocupación la decisión del gobierno nacional que permite sembrar trigo HB4″, tuiteó por estas horas el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. “Si bien estamos a favor de la tecnología, no tenemos certezas del impacto que puede tener en la comercialización del producto en los mercados externos”.
No es el uso de agrotóxicos cancerígenos que supondrá su cultivo y sus efectos sobre la salud de los argentinos lo que preocupa al referente de la Mesa de Enlace. Sino más bien la potencial pérdida de mercados internacionales a raíz de la contaminación que producirá sobre otros trigos no transgénicos con los que hoy se producen el pan, los fideos y todos los derivados de la harina que consumimos y exportamos. “Es un trigo que no se produce en ningún otro territorio del mundo, volvemos a ser un laboratorio de pruebas, aún cuando existen consecuencias evidentes e irrefutables del error de la tecnología que intenta nuevamente imponerse en violación del orden público y la Constitución» apuntó Landívar.
En octubre de 2020, Agricultura había realizado una aprobación condicional del material transgénico HB4 a la espera de que lo autorizara Brasil. El año pasado, el mayor comprador individual del trigo argentino dio permiso para la importación de su harina. El producto también tuvo el visto bueno de Colombia y Australia. “Tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación”, habían advertido en su momento la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro.
Pese a los cuestionamientos y riesgos, el Estado argentino dio vía libre para la siembra de unas 52.775, de las cuales ya se trillaron unas 40.116. La novedad ahora es que los rendimientos fueron bastante magros y la producción alcanzó las 97.281 toneladas, lo que arroja una paupérrima productividad promedio de 24 quintales por hectárea. Es decir, unos 1000 kilos por debajo del rendimiento promedio nacional del trigo tradicional estimado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se ubica en 34,4 quintales por hectárea.
Tal como informó la Agencia Tierra Viva, la aprobación también va a contramano de las medidas solicitadas por la Fiscalía Federal y la Defensoría Pública Oficial, que pidieron al Poder Judicial suspenderla de inmediato. Advierten que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Federal 27566 Acuerdo de Escazú, y una profusa normativa provincial, protectora de la salud y el ambiente.
Historia de un transgénico
En mayo de 2013, la empresa Bioceres obtuvo una licencia para el uso y explotación del gen HB4, un evento biotecnológico desarrollado por la ciencia estatal argentina y por el cual se interviene el genoma de la planta insertando un gen del girasol que aumenta la resistencia al stress hídrico y provee de tolerancia al Glufosinato de Amonio y el Glifosato.
Con el paso de los años, la firma logró el visto bueno de la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (SENASA). De hecho, el año pasado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sumó su firma al desarrollo, condicionado a la aceptación de Brasil (principal mercado de exportador del cereal argentino).
En simultaneo al visto bueno gubernamental, alrededor de 1400 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas publicaban una carta en la que advertían: “se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”.
Hace tan sólo dos meses investigadores críticos alertaban que pese a las advertencias de especialistas y siendo aún entonces ilegal su comercialización, se detectaron más de 50 mil hectáreas sembradas con trigo HB4 en todo el país.
Los riesgos
En concreto, la denuncia que pesa sobre el cereal desarrollado por Bioceres es que no cuenta con evaluaciones de impacto ambiental en todos los biomas ni ensayos a largo plazo sobre sus efectos crónicos y cancerígenos. ¿Las razones de estos “descuidos”? En primer término, una reglamentación inexistente. Son varios los colectivos ambientales que denuncian la connivencia de organismos estatales encargados de regular, en muchos casos integrados por representantes de las corporaciones agrícolas.
“Se lo publicita como un diseño transgénico resistente a la sequía y un avance promisorio de la ciencia argentina, pero se oculta que en realidad se trata de un nuevo paquete tecnológico con uso de agrotóxicos. Efectivamente, es un evento desarrollado para resistir al glufosinato de amonio, herbicida restringido desde el año 2013 en la Unión Europea por las consecuencias dañinas que tiene para la salud, en tanto su uso deja en la tierra y en los alimentos rastros suficientes para generar daños en el sistema nervioso humano, así como alarmantes deterioros ambientales, como demuestran diversos estudios científicos”, denunciaron desde las organizaciones Colectivo Trigo limpio y Científicxs autoconvocadxs por la salud y el ambiente.
“Debe tenerse en cuenta que la sequía es sólo una pantalla, en realidad el Trigo HB4 apila también el gen que le da tolerancia al Glufosinato de Amonio como alternativa al agrotóxico Glifosato. Esto es particularmente grave porque el trigo es un alimento esencial que forma parte de la dieta diaria en nuestra sociedad, y con la tolerancia al Glufosinato (sin perjuicio de la alteración genética) se suma un riesgo significativo a la alimentación de la población al consumir pan, harinas o pastas con residuos de este agrotóxico que opera en el organismo humano como un disruptor endocrino”, señaló un informe reciente del colectivo ambientalista Naturaleza de Derechos.
Como si bastaran el rechazo del mercado internacional y de los especialistas, llovieron también las críticas de la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro. “Tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente”, advirtieron las entidades.
“Quienes construyen el problema, venden la solución, y el espiral se replica con costos que terminan siendo colectivos y ganancias millonarias que se reparten entre unos pocos”, asegura a Canal Abierto la investigadora y especialista en historia de las políticas públicas en ciencia, Cecilia Gárgano. “Después de 26 años de agricultura transgénica, con los daños sanitarios a la vista y un sinfín de denuncias, es increíble que no se ponga en cuestión el modelo en su conjunto”.
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