Por Oriana Rivas – Panampost.com
El presidente de Perú, Pedro Castillo, renunció este jueves a su partido Perú Libre, justo cuando el mandatario se encuentra en medio de una serie escándalos, entre los que se incluye la acusación por parte de Fiscalía sobre su papel como líder de una red criminal.
La renuncia al partido Perú Libre, cuyo líder es el comunista Vladimir Cerrón, es solo un factor más que se suma a los desaciertos que ha tenido Castillo desde que llegó al poder.
Tras ser investido con la banda presidencial de Perú, Castillo ha estado rodeado de decisiones políticas impopulares, la deficiencia de sus funcionarios, varios pedidos de vacancia y una investigación de la Fiscalía que continúa.
Por ningún lado ha tomado decisiones correctas y eso ha llevado a adicional a dicho proceso legal, la Comisión de Fiscalización del Congreso elaborara un informe donde concluyó que Castillo sería el presunto líder de una red criminal que se extiende a empresarios y exfuncionarios. En total, serían 18 personas involucradas según la investigación de 362 páginas reseñada por El Comercio.
De tal manera que la recomendación tras la elaboración del informe es acusarlo formalmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, organización criminal y aprovechamiento indebido, enmarcados a su vez en los famosos casos Tarata, Sunat, los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y el caso Sarratea.
Por si no fuera suficiente, el partido Perú Libre le pidió recientemente su renuncia. Fundado por el comunista Vladimir Cerrón, el grupo alega que la exigencia viene de «promover el quebrantamiento de la unidad partidaria», además de que las políticas del Gobierno «no guardan relación con lo prometido en campaña».
El panorama no pinta bien y Castillo lo sabe. Probablemente por eso buscó la ayuda de la asesora del expresidente colombiano Manuel Santos con el fin de sortear la avalancha de infortunios.
La presunta red criminal de Castillo
Por los momentos, la atención está centrada en el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que espera remitir las averiguaciones a la Fiscalía de la Nación para que esta los continúe contemplando también los nombres de otros funcionarios de Castillo.
Por su parte, la institución ya había citado a Castillo a mediados de junio para que declarara en el caso Tarata III. Particularmente, se presume que el mandatario es líder de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Como mano derecha podría haber tenido al exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia.
La novedad entonces de la Comisión del Congreso es que se ofrecen detalles de la red de personas que estarían involucradas y explica cómo Castillo guarda relación con cada una de estas en los cuatro investigados.
Por ejemplo, en el caso Sunat especifica que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco «habría actuado con la anuencia del mandatario» para presionar a la instancia con el fin de favorecer a empresas deudoras con la entidad, cita la investigación de 362 páginas reseñada por El Comercio.
Perú Libre pasa a ser oposición
Sin duda el contexto de la política peruana es hostil para Castillo. Sumado al detallado informe que menciona nombres como el del exministro Juan Silva, el sobrino del Presidente, Fray Vásquez Castillo y la lobista Karelim López; ahora el mandatario deberá enfrentarse a una nueva oposición.
Con la renuncia de Castillo, se espera que el partido Perú Libre comience a apoyar propuestas dentro del Congreso adversas al mandatario. El primer gesto será votar a favor de la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache. El congresista Waldemar Cerrón explicó que las razones son la «persecución» a los partidos políticos y la situación de los trabajadores mineros en Arequipa.
«No somos bancada oficialista, definitivamente. Esto ha quedado marcado hace tiempo, pero no somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer», declaró. Sin embargo, el motivo real de la moción de censura es la supuesta «grave responsabilidad funcional» de Senmache por la fuga del exministro de Transportes Juan Silva.
Si esta avanza, el ministro sería el cuarto funcionario censurado durante la administración de Castillo.
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