Por Mamela Fiallo Flor – La Gaceta de la Iberosfera
Ecuador supera los 10 días de desestabilización. Lo que en teoría empezó como una marcha de campesinos reclamando el elevado costo de vida, se tornó en un intento de golpe de Estado para destituir el presidente Guillermo Lasso.
Luego de más de dos años de pandemia, confinamientos y con ello el debilitamiento de la economía y el sistema de salud, agrupaciones indigenistas tomaron las calles. Y la embestida fue implacable. En el país sudamericano el sector campesino ha sido el más afectado por la guerra en Ucrania, dado principalmente por el hecho que Ecuador importa de Rusia la urea, un fertilizando muy utilizado en las labores del campo.
Así la coyuntura actual -con los embates que han sufrido distintos procesos de la economía- ha afectado no solo al Ecuador, sino a todo el mundo. No obstante, para los líderes indígenas el culpable de todo lo malo es uno solo: Guillermo Lasso.
Dicen luchar por el empleo pero no dejan trabajar
Ahora el campo está bajo asedio. “Cada día de paro se pierde la capacidad de pagar a 3.000 trabajadores” reportan las florícolas. Los sectores productivos reportan 108 millones de dólares en pérdidas, la manufactura más de 16 millones de dólares y el 79 % de las reservas de turismo han sido canceladas hasta el momento. Por día dicho sector pierden entre 2 y 5 millones de dólares.
Uno de los principales reclamos de los paralizadores es que no hay suficiente trabajo. Lo cual es parcialmente cierto. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), el desempleo en Ecuador alcanzó el 4,3%, en febrero de 2022. No tienen empleo cuatro de cada 100 personas de la Población Económicamente Activa.
Pero en lugar de fomentar el empleo, los paralizadores han negado a los ecuatorianos la libertad de trabajar. Los taxis que se atreven a circular son incendiados. Los buses son destrozados a palazos y los pasajeros descendidos por la fuerza.
Eso en la ciudad. En el campo la brutalidad es mayor. Los campos son incendiados, los trabajadores agrícolas golpeados y las amenazas constantes. Y es que el indigenismo, una ideología funcional al socialismo en cuanto lleva la lucha de clases al plano étnico, promueve la plurinacionalidad. Así como los separatistas catalanes y vascos, apelan al terrorismo y pregonan una justicia paralela, la “justicia indígena” incluye castigos corporales, fuego y azotes con ortiga.
No es protesta, es Golpe de Estado
Los reclamos laborales han pasado a segundo plano y el grito de “Fuera Lasso fuera” ha imperado. Claman por su destitución. Podrían buscar lograrlo por medio de la Constitución, pues el artículo 130 de la misma lo permite. Pero no hay suficiente respaldo a nivel parlamentario para movilizar esta maniobra. Es necesario que haya al menos 92 de los 137 votos legislativos a favor de la destitución y hasta el momento hay un máximo de 47.
Solo la bancada correísta busca destituir al presidente Lasso. Los demás partidos, en su totalidad, están en contra. Desde la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) que incluye a los oficialistas del partido de gobierno, CREO, hasta la Izquierda Democrática (ID), el partido indigenista Pachakutik (PK) y el Partido Social Cristiano (PSC) no apoyarán a los correístas en su intento de destituir a Lasso.
El jefe de bancada del PSC, Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid,
dijo ante la prensa local que la destitución es “absolutamente inconveniente para el país”. No obstante, el discurso indigenista es otro. Siguen con la consigna “Fuera Lasso”. Y amenazan con ir al palacio presidencial, Carondelet, para remover al presidente. Es decir, por medio de la fuerza e intimidación.
Sin embargo, les falta un ingrediente principal: el apoyo de las Fuerzas Armadas y no lo tienen. El palacio presidencial está fuertemente custodiado por uniformados. De hecho, están trabajando en conjunto con la policía para despejar las vías.
Los ataques a las fuerzas del orden han sido múltiples. En la selva amazónica una unidad policial fue incendiada y alrededor de 18 policías fueron secuestrados luego de la muerte de un manifestante indígena en el Puyo, provincia de Pastaza. La policía declaró que falleció por causa de un explosivo que pretendía detonar. Pero los manifestantes acusan que fue por causa de una bomba lacrimógena disparada en su contra.
Aunque no trascendió mediáticamente, también en la selva hubo otro incidente con explosivos, donde se desprendió la mano de su cuerpo y cuatro de sus dedos quedaron desintegrados, con todas las articulaciones expuestas. Paul Orlando Núñez Brunis fue ingresado al Hospital General de Puerto Francisco de Orellana, luego de intentar estallar un pozo petrolero. Uno de los reclamos es congelar el precio del combustible. Para lograrlo, intentaron quemarlo.
La violencia ha radicalizado las protestas e impedido la posibilidad de negociar. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se ha negado a dialogar con el presidente Lasso en cuanto no elimina el estado de excepción que prohíbe el tránsito entre las 10:00 de la noche y las 5:00 la mañana.
También acusa la presencia de infiltrados, sobre todo entre aquellos que destruyeron la Fiscalía General del Estado. “Los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena. Nuestra medida de hecho continúa llamando a evitar vandalismo”, declaró la CONAIE.
Ya cosas similares sucedieron durante las revueltas de octubre del 2019, donde estas mismas agrupaciones quemaron la Contraloría. De manera que aumentan las sospechas que la situación vandálica busca encubrir redes criminales que están siendo investigadas al momento.
Por último, y como si todo esto no fuese poco, se ha conocido que el presidente Lasso dio positivo por coronavirus. Lo cual impediría una negociación en persona. Sin embargo, el mandatario anunció que sigue trabajando y sin mayores síntomas. Por lo cual la comunicación virtual para retomar la normalidad en el país sería posible.
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