Por Edgar Beltrán – El American
La Corte Suprema se pronunció sobre uno de los casos más polémicos de la temporada judicial: Carson v Makin, en el que se debatía la constitucionalidad de una ley en Maine que excluía a las escuelas religiosas de un programa de vales para zonas sin escuelas públicas.
El fallo fue de 6-3 contra la ley en su habitual división conservadora-liberal, con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo la opinión mayoritaria.
Según la Corte, el programa de Maine violaba la libertad religiosa, amparada por la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, que protege contra “la coerción indirecta o las sanciones sobre el libre ejercicio de la religión, no solo las prohibiciones absolutas”. El presidente de la Corte, John Roberts, argumentó que el programa “excluía específicamente a las escuelas religiosas privadas de las que podían recibir esos fondos”, por lo que, para que una ley de este tipo se considere constitucional, un Estado debe argumentar que persigue “intereses de primer orden” estrechamente “adaptados”, un criterio que Maine no cumplió.
La Corte ya había, prácticamente, anulado las “Enmiendas Blaine” a nivel estatal en el caso Espinoza contra el Departamento de Hacienda de Montana. Estas enmiendas son cláusulas constitucionales presentes en algunas constituciones estatales que prohíben la financiación pública de las escuelas religiosas y fueron consideradas inconstitucionales por la Corte por la misma razón que la del caso Carson v Makin.
Aunque el resultado concreto de la decisión es pequeño porque solo unos 4,000 alumnos se benefician del programa de vales de Maine, las consecuencias de la decisión son mayores porque probablemente significa que todos los estados que establecen programas de elección de escuela no pueden excluir de ellos a las escuelas religiosas.
Una gran victoria para la libertad religiosa en la América poscristiana.
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