Fuente: Trikooba.blog
‘¿Es realmente un fraude si el gobierno es un cómplice?’
El gigante farmacéutico Pfizer está solicitando al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas que desestime la demanda de reclamos falsos de un denunciante con el argumento de que su contrato con el gobierno federal exime a la compañía de las leyes y regulaciones que está acusada de violar.
El año pasado, el British Medical Journal publicó un informe sobre información privilegiada de un exdirector regional de la empresa de investigación médica Ventavia, que Pfizer contrató en 2020 para realizar investigaciones sobre la vacuna COVID-19 basada en ARNm de la empresa.
El director regional, Brook Jackson, envió a BMJ «docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos», que «revelaron una gran cantidad de prácticas de investigación de ensayos clínicos deficientes que ocurren en Ventavia que podrían afectar la integridad de los datos y la seguridad del paciente […] También descubrimos que, a pesar de recibir una queja directa sobre estos problemas hace más de un año, la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.] no inspeccionó los sitios de prueba de Ventavia”.
Según el informe, Ventavia «falsificó datos, no cegó a los pacientes, empleó vacunadores mal capacitados y tardó en hacer un seguimiento de los eventos adversos informados en el ensayo fundamental de fase III de Pfizer». Abrumado por numerosos problemas con los datos del ensayo, Jackson presentó una queja oficial ante la FDA.
Jackson fue despedido el mismo día, y Ventavia luego afirmó que Jackson no trabajó en la prueba de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer; pero Jackson presentó documentos que demostraban que había sido invitada al equipo de prueba de Pfizer y que le habían dado códigos de acceso al software relacionado con la prueba.
The Tennessee Star informa que Jackson presentó una demanda contra Pfizer por violar la Ley federal de reclamos falsos y otras regulaciones en enero de 2021, que estuvo sellada hasta febrero de 2022. Contra el consejo de un abogado y una orden de mordaza federal, Jackson hizo pública su historia el pasado Septiembre.
“En la carrera por asegurar miles de millones en fondos federales y convertirse en los primeros en comercializar, los Demandados ocultaron deliberadamente información crucial de los Estados Unidos que pone en duda la seguridad y eficacia de su vacuna”, alega la demanda. “Es decir, los Demandados ocultaron violaciones tanto de su protocolo de ensayo clínico como de las regulaciones federales, incluida la falsificación de documentos de ensayos clínicos. Debido al esquema de los Demandados, millones de estadounidenses han recibido una vacuna mal etiquetada que potencialmente no es tan efectiva como se representa”.
El mes pasado, Pfizer presentó una moción para desestimar la demanda, argumentando que el contrato de vacunas que hizo con el gobierno federal bajo la Autoridad de Otras Transacciones (OTA) del Departamento de Defensa de EE. UU. lo eximió de las reglas en cuestión.
“El acuerdo no menciona las regulaciones de la FDA y las disposiciones de las FAR citadas en la denuncia del relator”, argumentó Pfizer. “En cambio, el acuerdo condiciona el pago, más simplemente, a la entrega por parte de Pfizer de un producto autorizado o aprobado por la FDA. La vacuna de Pfizer ha cumplido esa condición desde diciembre de 2020, como reconoce la denuncia, y la vacuna continúa cumpliendo esa condición en la actualidad. La Corte debe rechazar el reclamo de certificación expresa de Relator solo por esta razón”.
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