Por José Hermosa – BLes.com
La gran influencia que ha adquirido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) riñe con el hecho de que parte de su personal muestra vínculos con el régimen chino, arrojando dudas sobre la transparencia y la imparcialidad que deberían caracterizarla.
La presencia de directivos con afiliación marxista y la preponderancia que tienen los países comunistas en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) causa preocupación entre los grupos de observadores y entre algunos países.
Algunos de los más recientes proyectos de la OMS han alertado poderosamente a docenas de países, que se han opuesto en bloque a ellas, y a otros que se preparan para impedir que les sean impuestos en el futuro próximo.
En este sentido, son reiteradas las protestas por la fuerte inclinación hacia las polémicas políticas del Partido Comunista de China (PCCh), que suelen mostrarse en decisiones que afectan a todos los países.
Una de ellas la presentó la directora del tema de China, por parte de la organización Human Right Watch, Sophie Richardson, quien cuestionó la intervención del régimen chino en la ONU, y sugirió que su búsqueda de un desarrollo sin derechos y las amenazas a la libertad de expresión en todo el mundo no beneficiaban a sus integrantes.
Y agregó: “En las Naciones Unidas, las autoridades chinas intentan reescribir las normas y manipular los procedimientos existentes no solo para minimizar el escrutinio de la conducta del gobierno chino, sino también para conseguir lo mismo para todos los gobiernos”.
Asimismo, advierte a los gobiernos e instituciones para que creen alianzas que hagan contrapeso a esa tendencia del PCCh, y rompan con la amenaza que implica a los derechos humanos.
Simultáneamente, observa que no hacerlo “permite a las autoridades chinas erosionar aún más el sistema universal de derechos humanos existente, y disfrutar de una creciente sensación de impunidad”.
Otra de las fuentes que denunció la fuerte intervención comunista en la ONU, fue el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer. Esta es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, cuya misión es supervisar el desempeño de las Naciones Unidas “según el criterio de su propia Carta” de constitución.
Neuer expresó ante el presentador de Sky News, Sharri Markson, que la ONU, al igual que la OMS, están “bajo la influencia de China”, y que muchos de los funcionarios y sub organizaciones del principal organismo mundial “se doblegan efectivamente” ante el país comunista.
También agregó que esas dos entidades “lucharán contra cualquier intento de responsabilizar a China” de la propagación del COVID-19; y que la ONU “no está haciendo absolutamente nada para apoyar esto”.
Asimismo, señaló que el director de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, estaba “básicamente escupiendo propaganda china” cuando elogió al presidente chino, Xi Jinping, por su “transparencia y liderazgo”.
Infiltración comunista en la OMS
Una de las dependencias más poderosas de la ONU es la OMS, el organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, y, justamente, su director es señalado como comunista.
De hecho, el gobierno de Etiopía, su país natal, pidió que fuera investigado, y el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Tedros no mostró integridad ni profesionalidad. También dijo que era miembro del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF).
Tedros fue jefe de los servicios de inteligencia bajo el anterior gobierno que lideró en Etiopía el TPLF.
El TPFL es un grupo separatista marxista, designado como terrorista, contra el que el gobierno etíope lanzó una ofensiva militar en noviembre de 2020, después de que fuerzas aliadas al grupo atacaran bases militares federales en todo Tigray, una región étnica ubicada al norte del país.
“Tedros alienta al TPLF en sus compromisos con los medios de comunicación y celebra lo que se presume como un éxito militar del grupo, además de dedicarse a una participación selectiva donde aborda de manera discriminatoria las necesidades humanitarias en Etiopía”, manifestó el ministerio.
Adicionalmente, el economista estadounidense nominado para el premio Nobel de la Paz, David Steinman, denunció a Tedros ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Steinman pide que sea procesado por genocidio dada su presunta implicación en la dirección de las fuerzas de seguridad de Etiopía, según The Times.
De acuerdo con la denuncia, Tedros “fue un decisor crucial en relación con las acciones de los servicios de seguridad que incluyeron el asesinato, la detención arbitraria y la tortura de etíopes”. No obstante, él niega los cargos que se le imputan.
Steinman declara que en esos casos hubo: “asesinato, y la causación de graves daños corporales y mentales, de miembros de las tribus amhara, konso, oromo y somalí con la intención de destruir esas tribus en su totalidad o en parte”.
También acusó al director de la OMS de estar implicado en la “intimidación de los candidatos y partidarios de la oposición”, que incluía “detenciones arbitrarias… y prolongadas prisiones preventivas”.
Al menos 500 personas habrían perdido la vida a causa de la represión en la que supuestamente participó Tedros. Steinman, fue un experto consultor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Las contradicciones del Consejo de Derechos Humanos
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, también causa indignación por las contradicciones que resultan de sus acciones.
Sobre este aspecto, se manifestó la también funcionaria de United Nations Watch, Hilary Miller, expresando que el CDH: “está corrompido por dictadores y violadores brutales de los derechos humanos”.
Y agregó: “Los miembros del Consejo con derecho a voto, que incluyen a Estados como Venezuela, Cuba y China [comunistas] abusan de su poder en el máximo organismo mundial a favor de los derechos humanos, para enmascarar sus transgresiones y evadir la crítica por su indignante historial en materia de derechos humanos, al tiempo que trabajan de común acuerdo para aprobar resoluciones en las que se alaban a sí mismos”.
Igualmente, señala el papel negativo de la representación del régimen chino, que pertenece al Comité desde el año de su creación, en 2006.
“Su prolongada membresía es absurda, dado que China es uno de los peores violadores de los derechos humanos que hay en el mundo”, manifestó al respecto.
Miller, citó un informe de 2019 en el que la organización no gubernamental, Freedom House, califica a China como “no libre” y resume las violaciones del PCCh al reprimir a periodistas, implementar una fuerte censura y vigilancia en Internet y al perseguir a los grupos religiosos.
Esta persecución es evidenciada por la detención masiva de musulmanes uigures en los llamados “centros de reeducación política” en la provincia de Sinkiang. Y por el acoso y la extracción forzada de órganos a miembros de grupos espirituales como el de Falun Dafa.
Las violaciones contra los derechos humanos de los uigures son considerados como genocidio por varios países, entre ellos Estados Unidos, pero aún estos ciudadanos chinos siguen siendo oprimidos y carentes de apoyo.
Más aún, Rushan Abbas, director ejecutivo del Congreso Mundial Uigur, con sede en Alemania, exigió la renuncia de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, porque no había investigado la situación de esta minoría en su reciente viaje a China.
Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos desde 2018, realizó una visita de seis días la semana pasada. También se afilió desde joven al Partido Socialista de Chile, que es marxista.
“La alta comisionada se ha deshonrado a sí misma y a su oficina al negarse a investigar el genocidio de China y adoptar, repitiendo la narrativa del régimen chino, una mayor consolidación de su propaganda en la ONU”, expresó a finales de mayo Abbas.
Y agregó: “Sus comentarios parecen hechos a la medida de la maquinaria propagandística de Pekín, y descuida los deberes de su cargo y el principio fundacional de la ONU”.
Bachelet dijo que planteó al gobierno la falta de una supervisión judicial independiente en la región, y que no había podido evaluar la magnitud de lo que China denomina “centros de educación y formación profesional” (VETC) en Xinjiang. En esta región existen campos de trabajo forzado que esclavizan a los uigures.
En síntesis, el CDH ha sido un problema desde sus inicios a pesar de comprometerse a defender “los más altos estándares” de los derechos humanos.
Actualmente, el 60% de sus 46 países miembros -entre los que se encuentran China, Cuba, Eritrea, Pakistán, Rusia y Venezuela- no cumplen ni siquiera las normas mínimas.
Estados Unidos ahora busca reformar esa rama de la ONU, tras haberse retirado pretende un puesto en ella.
“Aquellos con los peores historiales de derechos humanos no deberían ser miembros de este consejo”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken.
Influencia de la empresa privada en la ONU
Aparte del dominio del PCCh en la ONU, también preocupan las eventuales manipulaciones que podrían causar las entidades privadas que financian a la ONU y a sus dependencias como la OMS. Esta situación podría implicar serios conflictos de intereses.
Tal es el caso de la Fundación Bill y Melinda Gates, que hasta el año pasado era la segunda mayor donante de la Organización Mundial de la Salud. Su aporte equivale al 10% del presupuesto. El mayor aportante es el gobierno de Estados Unidos, que, no obstante, ha amenazado con retirarse de la entidad.
En este sentido, el Director del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial de la Universidad de Georgetown (EE. UU.) Lawrence Gostin, expresó su preocupación manifestando: “La mayor parte de la financiación que Gates proporciona a la OMS está vinculada a programas específicos de la fundación [que él dirige]”.
Y agregó: “Esto significa que la OMS no puede establecer por sí misma las prioridades sanitarias mundiales, y está en deuda con un actor privado que en gran medida no rinde cuentas. A diferencia de los Estados, la Fundación Gates tiene poca responsabilidad democrática”.
Es de tener en cuenta que la Fundación Gates fue uno de los socios fundadores de Gavi, la Alianza para las Vacunas, creada en 2000. Ha donado más de 4.000 millones de dólares a Gavi, el actor principal en la distribución de las vacunas Covid en los países en desarrollo.
En Gavi participan líderes de la industria farmacéutica, gobiernos como el de Noruega, y muchas organizaciones públicas y privadas. Entre ellas, la polémica Fundación Open Society, fundada por el no menos controvertido especulador internacional George Soros, y el Banco Mundial.
También el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF, por la sigla en inglés) otra agencia de la ONU, con sede en Nueva York, que provee ayuda humanitaria y desarrollo. Esta agencia compra vacunas para inmunizar a casi la mitad de los niños del mundo.
Tan solo las ventas de vacunas contra la pandemia reportaron más 117 mil millones de dólares entre los años 2020 y 2021, de acuerdo con la plataforma Statista. Una cantidad de dinero sin precedentes en la industria farmacéutica.
Los países rechazan proyectos de la ONU
Aunque la ONU ha impuesto sus normas a casi todos los países, solo recientemente estos han expresado una oposición directa a ellas.
La ocasión se presentó ante las reformas al Reglamento Sanitario Internacional, que incluían la cesión a la OMS de la soberanía de los países, en cuestiones sanitarias.
Fueron justamente 47 países africanos los que se opusieron en bloque a estas propuestas de la OMS. Asimismo, al menos 15 congresistas estadounidenses impulsaron proyectos que impidieran a su país la cesión de su autonomía en este aspecto.
Uno de ellos, promueve el proyecto por la “Ley de No al Tratado de Preparación para la Pandemia de la OMS sin la aprobación del Senado”, en prevención de otros intentos de la OMS en ese sentido.
El senador republicano, Ron Johnson, afirmó que “la soberanía de los Estados Unidos no es negociable”.
Incluso Brasil, manifestó que saldría de la OMS antes de permitir que su población sea sometida a las nuevas enmiendas.
No obstante, la OMS tiene pendientes otros dos polémicos proyectos, que presentará después, para su eventual aprobación. Son el Tratado sobre la Pandemia, recomendado por Bill Gates, y un documento de identidad digital que sería impuesto a cada habitante de la Tierra.
Estos proyectos globalistas muestran mucha semejanza con los procedimientos de control social que suele aplicar el régimen chino a sus 1.400 millones de habitantes.
Sobre estas imposiciones, advierte el parlamentario australiano, Stephen Andrew, quien motiva a los legisladores de su país a prepararse para los próximos pasos de la OMS para imponer esos polémicos tratados internacionales.
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