La misión de Biden: ¿salvar el comunismo cubano?

Por Julio M. Shiling – El American

El presidente Joe Biden ha comenzado su misión de salvar el comunismo cubano. Este curso político, anunciado durante la campaña presidencial de 2020, ha dejado de ser sigiloso. Las inconsistencias éticas y metodológicas que impregnan las decisiones de la actual administración, revelan un programa de política exterior que no tiene brújula moral. En lo que respecta a Ucrania, a pesar de un comienzo lento y tambaleante, Estados Unidos ha logrado ayudar al país europeo lo suficiente como para mantenerse libre y soberano de la agresión rusa. Esto es digno de aplauso. ¿Por qué las sanciones son aceptables para un enemigo como el régimen de Putin, pero no para la dictadura de Castro? ¿Por qué un doble rasero con Cuba?

Entre el 10 y el 16 de mayo, Biden anunció un reinicio de la política americana hacia Cuba comunista. Se le concederá al régimen castrista gran parte de lo que ha estado presionando desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca. Los cambios propuestos situarían el pacto Obama-Castro en una escala mayor. Estas acciones, si se implementan, abrirán las puertas del dinero a las arcas del castrocomunismo. 

Descaradamente, Biden afirma que estas medidas “se centrarán en primer lugar en el apoyo al pueblo cubano, incluyendo sus derechos humanos y su bienestar político y económico”. Esto es un disparate. La actual administración confunde al pueblo de Cuba con el régimen marxista-leninista en el poder. Biden ha dado la espalda a la causa de la libertad de Cuba y ha traicionado los valores americanos fundamentales de la solidaridad democrática. 

Los cambios de política que se han promulgado constituyen un paquete de ayuda financiera de facto para el castrismo. La ayuda americana al régimen marxista vendrá en los campos de la inversión directa de capital, el turismo, la transferencia de riqueza y el trato preferencial en la inmigración. Lo más inquietante del paquete de ayuda de Biden a la tiranía cubana es el uso de dólares capitalistas americanos para apuntalar el capitalismo de Estado castrista, corrupto y concesionario. Esto parece violar directamente la ley americana.

El 10 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia que autoriza a una empresa de capital americano a iniciar una inversión extranjera directa (IED) en una empresa cubana. Esto no se ha hecho desde 1960. Hay serios problemas con esta propuesta específica de Biden. Uno es legal y el otro son los falsos supuestos subyacentes en los que se basa la autoridad para la IED hacia Cuba comunista.

El embargo americano contra la dictadura socialista de La Habana prohíbe la inversión directa de Estados Unidos en una empresa cubana. El esquema de IED de Biden claramente logra esto. Además, la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (1996) modificó el embargo en muchos aspectos. Si bien permite la venta de productos agrícolas y otros productos americanos a la isla, las compras por parte del régimen de Castro deben hacerse en efectivo, pagando por adelantado. No se permite ninguna financiación, ni pública ni privada.

Las inversiones extranjeras directas permiten la transferencia de capital a empresas extranjeras sin la adquisición de acciones. La participación en el “capital” que la empresa americana construirá, puede interpretarse fácilmente como un préstamo o un acuerdo indirecto de empresa conjunta. Esto es algo que el castrocomunismo ha estado haciendo con las empresas occidentales desde principios de la década de 1990.    

Un programa de IED americano para el comunismo cubano debería ser impugnado en la Corte. Tal vez, esto es lo que Biden, y los apologistas del comercio con Cuba, quieren. No sería la primera vez que los casos judiciales se preparan deliberadamente para realizar maniobras legales estratégicas con el fin de avanzar, en dominios jurisdiccionales ideológicamente amigables, el tema del embargo en general. A la izquierda le encanta utilizar los tribunales para anular leyes. La ilegalidad de la licencia de IED no es la única deficiencia grave.

Cuba no tiene sociedad civil, ni sector privado. El propio régimen castrista se refiere a lo que algunos comentaristas llaman erróneamente “privado”, como el sector no estatal. Esto es precisamente lo que es. Es una porción insignificantemente minúscula del PIB de Cuba. El sector no estatal en Cuba existe para confundir al mundo libre con ilusiones ópticas. El 75 % de la economía cubana está impulsada por las empresas estatales del régimen comunista, dirigidas por las fuerzas armadas. En el sector turístico, el dominio de las empresas estatales es del 90 %. ¿En quién van a invertir las empresas de capital americanas, si no es en las entidades capitalistas estatales comunistas cubanas?

La caída del comunismo soviético fue testigo de diferentes caminos hacia la democratización (supuestamente). Rusia llevó a cabo el mayor plan de “privatización” de la historia. Lo que terminó sucediendo fue que los gerentes de las empresas estatales rusas “compraron” esas empresas estatales, en su totalidad o en partes. Se hizo con financiación estatal subvencionada. Los productos se compraron a precios subsidiados para el consumo interno. 

En consecuencia, la nueva clase oligarca recibió licencias para exportarlas a precios de mercado. De la noche a la mañana, la antigua  nomenklatura  soviética se hizo millonaria y multimillonaria. Al no existir un Estado de derecho, ni protección de los derechos de propiedad, ni instituciones independientes que salvaguardaran el sistema político, Rusia se convirtió en una cleptocracia. Occidente lo aprobó. Se hizo con la fachada de potenciar el sector “privado”. ¿Es esto lo que Biden, la izquierda y los publicistas castristas tienen en mente para Cuba?