Por Oriana Rivas – PanAm Post
No será sino hasta mediados del próximo año cuando entre en vigencia una nueva ley en Florida que elimina el distrito especial de Disney. Por ende, el gobernador Ron DeSantis adelantó los planes al respecto. En lugar de que los gobiernos locales absorban la jurisdicción sobre esa zona, “es más probable que el estado realmente asuma el control”.
Cuando esto pase, a aquellos dentro del distrito fiscal especial también conocido como Reedy Creek, se les pedirá pagar los casi 1000 millones de dólares en deudas acumulada en bonos. Es en sí una manera de garantizar la aplicación de la ley. Y como dijo el propio gobernador, asegurar que «estamos recaudando los impuestos».
«Aunque hay formas en las que potencialmente podrías hacer que las comunidades locales absorban la jurisdicción sobre Disney, después de verlos amenazar con aumentar los impuestos a sus ciudadanos, no vamos a estar en una situación en la que solo les daremos, localmente, el control».
No será sino hasta noviembre cuando el gobernador trabaje en una propuesta concreta con los legisladores de Florida sobre el futuro del distrito especial de Disney. Sin embargo, una de las preocupaciones que considera el DeSantis es que la deuda pueda recaer sobre gobiernos locales alrededor, y eso podría originar un aumento de impuestos.
¿Por qué fue disuelto el distrito especial de Disney?
La disputa con Disney se desencadenó por la posición radical que la compañía fijó cuando el Senado de Florida aprobó a principios de año el proyecto de ley HB 1557, que sus críticos llaman «Don’t Say Gay», el cual prohíbe tratar temas de supuesta educación sexual cuando la edad de los niños no es la adecuada.
«No pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes», cita el reglamento. Pero Disney, fiel defensora de una línea progresista, lo rechazó. De hecho, la empresa no tiene problemas en demostrar su apoyo a iniciativas como GLSEN, una organización cuyo fin es llegar a las escuelas públicas y privadas para promover, así como expandir, el pensamiento LGBT.
La continua retórica progresista de Disney finalmente generó una disputa que decantó en su distrito especial, que además no se trata de una «ciudad-Estado» ni una «ciudad privada». No es «autogobierno». Tan solo es una jurisdicción eximida de las ordenanzas locales. De resto, ese terreno privado queda totalmente sujeto a todas las leyes estatales y federales.
En términos geográficos, se trata de una extensión de casi 11.000 hectáreas, asentada entre los condados de Osceola y Orange, en el centro de Florida. Esto permitía a Walt Disney World tener su propia policía, así como mantener sus propias carreteras.
Sin privilegios especiales
Ron DeSantis se enfoca en el tema tributario, que no niega, sería una fuente importante de ingresos para los gobiernos circundantes. Pero plantea que podrían usarlo «como pretexto para aumentar los impuestos a las personas cuando eso es lo que querrían hacer de todos modos y luego tratar de culpar a Reedy Creek».
Así, para cubrir todos los flancos, asegura que la deuda pendiente tampoco irá al gobierno estatal. «Disney tendrá que seguir las mismas leyes que todas las demás empresas deben seguir en el estado de Florida. Pagarán su parte justa de impuestos y serán responsables de pagar las deudas».
Lo que se plantea es la igualdad de condiciones respecto a las demás compañías de Florida, dijo DeSantis, asegurándose «de que no haya privilegios especiales, ni tratos especiales, y que la deuda sea honrada». Es la misma teoría que Disney aplica en sus películas y decisiones —aunque extrapolado al terreno racial y de preferencia sexual— solo que esta vez se trata del terreno económico. Igualdad para las empresas en el Estado del Sol.
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