Fuente: Vision Times en español
En medio de una “guerra contra las pandillas” Nayib Bukele, el presidente de El Salvador respondió un comunicado de EE. UU. acusándolo de “apoyar” a las pandillas y sus “libertades civiles” y sacando a relucir el apoyo que recibió por parte de la anterior administración.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado publicó un comunicado que decía que el gobierno de EE. UU. “continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas” y llamó a “proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa”.
En respuesta, Bukele escribió en Twitter adjuntando el comunicado: “Sí, obtuvimos apoyo del Gobierno de los Estados Unidos para combatir el crimen, pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP”.
Traducción del tweet de Bukele:
«El gobierno de Estados Unidos sigue apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas». ¿De verdad?
Sí, tenemos apoyo del gobierno estadounidense para combatir el crimen, pero el fue BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP.
Ahora solo apoya a las pandillas y sus «libertades civiles».
Cuatro meses después de que Trump dejara la Casa Blanca y Joe Biden llegara a la Presidencia de Estados Unidos, el país norteamericano le quitó un importante financiamiento a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Opuesto a la administración Trump, Biden ha estado desviando dinero a «grupos de la sociedad civil» en lugar de combatir a las pandillas.
“Tengo los recibos”, dijo Bukele, en relación con una publicación de mayo de 2021 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Bukele informó que en solo 18 días se han capturado 10.527 terroristas. En general son pandilleros pertenecientes al sanguinario grupo Mara Salvatrucha (MS-13), que han hecho estragos en El Salvador y también en EE. UU.
El operativo comenzó luego de un sangriento fin de semana en el que se registraron 87 homicidios, lo que lo llevó a decretar un régimen de excepción el domingo 27 de marzo, con el fin de frenar el «incremento desmedido» de las muertes atribuidas a las pandillas.
El por qué del desfinanciamiento, según la administración Biden
USAID dijo que los fondos se tomarían de la Policía Nacional Civil de El Salvador y otras agencias de aplicación de la ley y se utilizarían en su lugar para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en asociación con la sociedad civil local y las organizaciones de derechos humanos”.
El organismo aclaró que esto se debe a “profundas preocupaciones con respecto a la votación del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y mayores preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas”.
La administración Biden criticó el voto de la legislatura para destituir al Fiscal General y los jueces de la Corte Suprema como una toma de poder por parte de Bukele que dañaría las instituciones democráticas de El Salvador. La Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas también criticaron la medida.
Bukele y sus partidarios vieron las destituciones como una limpieza necesaria para reducir la corrupción y aclararon que se siguió el procedimiento correcto para remover a los magistrados, establecido en la constitución salvadoreña.
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