José Hermosa – BLes.com
La amplia gama de aplicaciones de la cada vez más sofisticada Inteligencia Artificial (IA) también puede cubrir la identificación y seguimiento de cada una de las personas que integren a una sociedad señalada, para bien o para mal.
En este sentido, numerosas voces advierten y otras se alzan contra el uso indebido de los avances tecnológicos al alcance de los gobiernos, en busca de un mayor control de los ciudadanos confiados a su cuidado y protección. Si bien esta es una tendencia mundial, en particular el régimen chino ha invertido grandes porciones de su presupuesto para convertir la IA en un soporte importante de su sistema.
En los últimos años, el Partido Comunista de China (PCCh) ha gastado miles de millones de dólares para desarrollar, comprar e implementar avances de última tecnología como el del reconocimiento facial facilitado por la inteligencia artificial y otros desarrollos digitales agregados a su red de monitoreo de ciudadanos, de acuerdo con Fox News.
Las autoridades chinas combinan tecnologías antiguas y de vanguardia que incluyen escáneres de teléfonos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos de rostros y huellas dactilares y muchas otras para integrar sistemas de gran alcance para el control social.
Una vez combinadas estas herramientas cibernéticas y en pleno funcionamiento, la policía china las utiliza para captar la identidad de las personas que caminan por la calle, a través de videocámaras digitales y así evaluar si su comportamiento se ajusta o no a las normas determinadas por el régimen como aceptables socialmente, averiguar con quién se están reuniendo e identificar quiénes pertenecen o no al PCCh.
Periodistas y estudiantes como objetivo
Si bien los sistemas de vigilancia que emplean la IA suelen ser presentados por las instituciones gubernamentales, como recursos que permiten a los departamentos de seguridad mayor precisión y alcance para determinar y sofocar oportunamente todo riesgo que atente contra la seguridad y la estabilidad social de los contribuyentes, también es cierto que tienden a ser usados para limitar sus derechos fundamentales.
Dado que el régimen chino impide a los ciudadanos la libre elección de sus representantes y de un sistema de gobierno democrático, la libertad de expresión no conviene a la permanencia de su poderío, por lo que los periodistas y los estudiantes extranjeros fueron declarados el objetivo del sofisticado sistema de vigilancia de la provincia de Henan, donde los funcionarios adquirieron un sistema de vigilancia que los rastrea como “personas sospechosas”.
El contrato fue adjudicado a la empresa tecnológica china Neusoft por 782.000 dólares desde el 17 de septiembre. En Henan el sistema integra varios miles de cámaras de reconocimiento facial vinculadas a complejas bases de datos nacionales y regionales, de acuerdo con Reuters del 29 de noviembre. La precisión del circuito permite la identificación de las personas aunque sus rostros estén parcialmente cubiertos con una máscara o gafas.
Lo más llamativo de esta estrategia de vigilancia es que declara como objetivo a los periodistas y a los estudiantes extranjeros, e impulsa al personal de seguridad a ubicarlos rápidamente y obstaculizar sus actividades. También están en la mira las “mujeres de países vecinos que son residentes ilegales”.
“Aunque la República Popular de China tiene un historial documentado de detenciones y castigos a periodistas por hacer su trabajo, este contrato ilustra el primer caso conocido de que construye una tecnología de seguridad a medida para agilizar la supresión estatal de los periodistas”, expresó el jefe de operaciones de la empresa estadounidense de investigación en materia de vigilancia, IPVM, Donald Maye, al referirse a esta persecución.
De hecho, el régimen chino se ha convertido en el sistema que aplica la mayor represión contra los periodistas extranjeros, acumulando a 127 de ellos privados de la libertad, más del doble de los 53 que retiene Birmania, el segundo en esta deshonrosa clasificación mundial, de acuerdo con el más reciente informe publicado por Reporteros Sin Fronteras. Siguen Vietnam con 43, Bielorrusia con 32 y Arabia Saudí con 31 casos.
De los periodistas extranjeros detenidos 19 son mujeres, entre quienes están la periodista Sofia Huang Xuegin, activista del movimiento #MeToo en China acusada de “subversión del poder del Estado”, Gulmira Imin, a cuyo cargo estaba el portal web uigur Salkin, condenada a cadena perpetua por “separatismo” y “divulgación de secretos de Estado” y la merecedora del Premio Reporteros Sin Fronteras (RSF) a la Libertad de Prensa 2021, Zhang Zhan, quien se encuentra muy enferma.
El escándalo por la aplicación MY2022
Por otro lado, la estrecha vigilancia de los periodistas se mantiene, al grado de que el escándalo más reciente se desató al denunciarse los riesgos de las vulnerabilidades de privacidad y seguridad involucradas en la aplicación MY2022, que el régimen comunista chino obliga a instalar en sus celulares a todos los periodistas que asisten al cubrimiento de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, actualmente en desarrollo.
Las fallas que implican graves problemas de privacidad en la plataforma fueron descubiertas y publicadas por el grupo de investigación canadiense Citizen Lab de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Entre ellas hay un “fallo simple pero devastador” que permite “eludir trivialmente” el cifrado que protege el audio de voz y las transferencias de archivos de los usuarios.
“En estudios anteriores, descubrimos la presencia de listas de palabras clave de censura y vigilancia en diferentes aplicaciones de comunicación chinas que ofrecen servicios similares. En la versión para Android de MY2022, descubrimos un archivo llamado “illegalwords.txt” que contiene una lista de 2.442 palabras clave que generalmente se consideran políticamente sensibles en China”, describe Citizen Lab.
Los atletas también están obligados a utilizar esta aplicación, por lo que la organización deportiva alemana, Athleten Deutschland, considera que estas revelaciones confirman sus temores de siempre.
“China ha perfeccionado su aparato de vigilancia, hace desaparecer a los críticos y comete flagrantes violaciones de los derechos humanos. No debemos ser ingenuos y descartar a la ligera escenarios inimaginables para nosotros”, dijo la organización en una declaración a DW.
Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional defendió la aplicación y restó importancia a los problemas descubiertos por Citizen Lab, sin rebatir técnicamente los puntos especificados por estos.
Previamente, El Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC) protestó manifestando que la normativa del PCCh sobre cómo informar del evento deportivo no era clara ni transparente y pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) y al Comité Organizador de Pekín (BOCOG) mejorar las condiciones de trabajo.
“A lo largo del último año, la prensa extranjera se ha visto continuamente obstaculizada en su cobertura de los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno, se les ha negado la asistencia a actos rutinarios y se le ha impedido visitar las instalaciones deportivas de China”, escribió la asociación de periodistas.
También acusó al régimen chino de mentir reiteradamente, diciendo: “En su candidatura a los Juegos de Invierno de 2022, China prometió explícitamente que ‘los medios de comunicación que quisieran informar sobre los Juegos tendrían libertad para hacerlo… y también tendrían libertad para informar sobre los preparativos de los Juegos’”, a través de su cuenta de Twitter.
Y agregó: “Sin embargo, en el último año, los medios de comunicación extranjeros no han podido asistir a ninguna conferencia de prensa, ni siquiera observar los actos rutinarios -como las visitas a las sedes o la llegada de la llama olímpica- que sí están abiertos a los medios nacionales chinos”.
Presión a los periodistas fuera y dentro de China
Dentro del contexto examinado, el PCCh no tiene reparos en extender la censura contra los periodistas más allá de sus fronteras territoriales, lo cual se evidenció en marzo del año pasado, cuando los editores del periódico universitario Honi Soit, de Sídney, Australia, eliminaron un artículo que detallaba los polémicos vínculos de dos ingenieros académicos de la Universidad de Sydney con sus programas de reclutamiento, y con universidades chinas sancionadas por sus investigaciones sobre tecnología militar.
Además, publicaron sus “disculpas sin reservas” por el supuesto daño causado a los dos académicos mencionados, a la comunidad china y a los lectores, sin desmentir los hechos denunciados por los periodistas. Esta censura fue duramente criticada por lectores, analistas y políticos. Drew Pavlou, un reconocido activista de derechos humanos, condenó la decisión de la editorial, calificándola como vergonzosa en sus tuits.
Por otro lado, dentro del país, el organismo regulador de Internet del régimen comunista tiene un oscuro historial de censura sobre disidentes políticos y periodistas, respondiendo a sus esfuerzos para tener control absoluto de todos los contenidos en línea, anulando a todas las que se aparten de los lineamientos establecidos.
Acorde con lo reportado por el medio South China Morning Post (SCMP), fueron más de 20 mil cuentas de usuarios con influencia en la sociedad china bloqueadas o eliminadas durante el año 2021, por un supuesto “uso indebido” y muchas otras por no promover los valores “socialistas fundamentales”.
Una de las personas influyentes a la que le cerraron su cuenta en las redes sociales es Luo Changping, un reconocido periodista de investigación que utilizó la plataforma de microblogging china Weibo, similar a Twitter, para denunciar en 2012 a un alto funcionario económico del PCCh.
Proliferación de videocámaras en China
Actualmente, en China, hay instaladas 1 cámara de vigilancia pública por cada 4 ciudadanos. Y se espera que las instalaciones aumenten este año a 567 millones de cámaras.
En este contexto, Taiyuan, una ciudad china con cerca de 4 millones de habitantes donde se calculan alrededor de 117 cámaras de videovigilancia por cada mil habitantes, “se cree que fue la ciudad más vigilada del mundo del 2021”, de acuerdo con Comparitech.
Es de considerar que las que más se benefician con el negocio son las empresas especializadas en la producción de equipos de vigilancia como las videocámaras y los programas que las integran a gran escala, tal como lo hace notar el autor Jonathan Hillman sobre la empresa Hikvision:
“Con un generoso apoyo estatal en su país y ventas a bajo coste en el extranjero, Hikvision se ha convertido en el peso pesado de la vigilancia mundial. Sus instalaciones pueden producir 260.000 cámaras diarias -dos por cada tres personas que nacen cada día-. En 2019, produjo casi una cuarta parte de las cámaras de vigilancia del mundo, con ventas en más de 150 países”.
Asimismo, la empresa estatal china fabricante de sistemas de rastreo, China Electronics Technology Group Corporation (CETC), creada en 2002, ha suministrado sistemas de mando y vigilancia de estilo militar, sistemas de reconocimiento facial que automatizan la elaboración de perfiles étnicos y un programa policial que agrega datos y señala a las personas consideradas potencialmente amenazantes, de gran uso por el PCCh en la región uigur de Xinjiang.
Refiriéndose a CETC, el presidente manifestó: “Nuestro objetivo es liderar el desarrollo de la industria electrónica de China y construir la piedra angular de la seguridad nacional”, en 2017.
Estableciendo el control ciudadano basado en IA
La aplicación de la IA responde técnicamente a las ambiciones totalitarias del PCCh que le llevan a controlar a cada uno de los ciudadanos y con ellos a toda la sociedad china, sometiéndola al conjunto de ‘mandamientos’ que garantice la permanencia del régimen comunista, sin respeto por sus derechos individuales básicos, como los de la libertad de expresión, de asociación o de credos.
Dada la fuerte tendencia del PCCh a determinar los parámetros bajo los cuales los ciudadanos son considerados como socialmente ‘buenos’, independientemente de los valores éticos, morales o espirituales que los inspiren o hayan cultivado durante miles de generaciones, impone una regulación que califica su comportamiento y dependiendo de con cuánta adhesión hayan seguido las normas se determina su acceso a los servicios sociales.
El PCCh se convirtió desde 1950 en el precursor de la gestión social como parte del aparato político para ayudar al régimen a resolver los próximos problemas de estabilidad, que eventualmente puedan amenazarlo. Obviamente, la IA le ha colocado a la vanguardia de estos sistemas de control.
En este sentido: “El 12º Plan Quinquenal (2011) dedica un capítulo entero a la discusión de la necesidad de innovar la gestión social como un objetivo del gobierno en términos de lo que puede lograr”, de acuerdo con la reseña escrita por la autora Marianne von Blomberg en 2018.
Hay una larga lista de infracciones que los funcionarios chinos pueden estar buscando, incluidas las pruebas de que escriben y comparten ideologías antigubernamentales.
El software de IA no solo detecta las faltas a las normas impuestas por el régimen chino, sino que también puede alertar a los funcionarios cuando se ha producido una violación. La tecnología ha avanzado hasta el punto de que la IA puede identificar en las redes sociales vídeos y otras publicaciones de protestas antigubernamentales y bloquear a los usuarios para que no los vean.
Las consecuencias de apartarse de las regulaciones no solo afectan a los usuarios de las aplicaciones, sino que las empresas también deben tener cuidado en la obediencia a las mismas, ya que sus datos de Internet pueden ser utilizados en su contra en caso de infracción.
Los datos que revelan el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una empresa se tienen en cuenta y pueden desempeñar un papel importante a la hora de determinar la puntuación de crédito social de la empresa.
La vigilancia a través de la IA no solo se dedica a los periodistas y estudiantes. Además de las múltiples denuncias y protestas internacionales emitidas durante años por las violaciones a los derechos humanos, Human Rights Watch afirma que el PCCh utiliza la inteligencia artificial (IA) contra los nativos uigures, los cristianos clandestinos, los budistas tibetanos y los seguidores de Falun Gong, violando las previsiones éticas.
De hecho, un grupo de presión universitario australiano intentó retirar un estudio de inteligencia artificial de reconocimiento facial “poco ético”, financiado en parte por el gobierno chino y por un antiguo profesor de la Universidad de Curtin.
El proveedor de educación de Australia Occidental afirmó que descubrió múltiples violaciones éticas en relación con el consentimiento informado y la aprobación y se cree que puede ser usado para vigilar a los grupos perseguidos.
“Se trata de una aplicación que ha sido diseñada para recopilar información básica sobre los uigures y otros musulmanes”, denunció Human Rights Watch en un comunicado obtenido por la Australian Broadcasting Corporation, añadiendo: “Sabemos que se ha enviado a personas a campos de reeducación política sobre la base de la información recogida a través de esta aplicación”.
Por su parte el senador y presidente de la comisión parlamentaria de inteligencia y seguridad de Australia, James Paterson, expresó: “Es alarmante pensar que una universidad australiana estuvo involucrada en una investigación que puede ser utilizada tan claramente para fines profundamente antiéticos”.
Las políticas de control del régimen chino se cierran cada vez más férreamente sobre su numerosa población, aún más ahora con el uso de la IA como herramienta de vigilancia, con consecuencias que pueden implicar la pérdida de la libertad personal.
En este sentido, el Hong Kong Post citó un informe del grupo de derechos con sede en España Safeguard Democracy, según el cual, en virtud de la política de Vigilancia Residencial en un Lugar Designado (RSDL), las autoridades chinas pueden detener a cualquier persona, local o extranjera, durante un máximo de seis meses en un lugar no revelado.
“Entre 27.000 y 56.000 personas pueden haber sufrido este tipo de detención en los últimos siete años. Se dice que otros miles están detenidos a día de hoy. Se sospecha que solo en 2020 fueron detenidas más de 10.000 personas”, reportó el Hong Kong Post, de acuerdo con cita de Aninews del 31 de enero.
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