Por Lin Zhanxiang y Gu De – Minghui
El Partido Comunista Chino (PCCh) ha estado persiguiendo a Falun Gong, una antigua práctica de ejercicios y meditación basada en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia, desde julio de 1999. Según la información obtenida por Minghui, solo en el año 2021 se confirmó que 132 practicantes habían fallecido como resultado de la persecución, 5.886 fueron arrestados, 1.184 condenados y al menos 10.527 fueron acosados por funcionarios en 2021 o antes.
Pero esto es solo una parte de la realidad, dada la férrea censura existente en China. La escala y la gravedad reales de la persecución llevada a cabo por el PCCh podrían ser mucho peores. Además de la detención, la tortura y los trabajos forzados, por ejemplo, el PCCh ha llevado a cabo la sustracción forzada de órganos a personas vivas para obtener beneficios, siendo los practicantes de Falun Gong las principales víctimas. Se desconoce el número de víctimas de esta atrocidad, pero se estima que pueden ser decenas de miles o más, y aún continúa en la actualidad.
En este artículo, analizaremos cómo el PCCh abusa del sistema judicial para aplicar su política de persecución de arriba abajo, a nivel nacional.
El aparato de persecución del PCCh
El aparato de persecución del PCCh consta de tres componentes principales: el Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos (PLAC), la Oficina 610 y el sistema judicial y de aplicación de la ley. El PLAC es el centro de mando y el órgano de elaboración de políticas para la persecución. Junto con el equipo de dirección de la 610, establece la política y supervisa la represión general.
La Oficina 610, creada el 10 de junio de 1999 con el único propósito de perseguir a Falun Gong, es el órgano ejecutivo. Es una agencia extralegal con poder para anular la Constitución y las leyes de China. Planifica, dirige y ejecuta la persecución en todo el país. El PLAC Central y el Equipo de Liderazgo Central 610 supervisan la Sede Central de la Oficina 610.
Los ejecutores reales incluyen todo el sistema judicial y de aplicación de la ley -la Seguridad Pública (la policía), la Procuraduría (los procuradores), los Tribunales y las Oficinas de Justicia-, así como diferentes organismos como el Departamento de Propaganda del PCCh, el Departamento de Seguridad del Estado, el Departamento de Asuntos Exteriores, el ejército, la policía armada, etc.
Entre estos organismos, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Pública es la principal fuerza que lleva a cabo la mayoría de las detenciones, el acoso y la vigilancia a los practicantes de Falun Gong. La División de Seguridad Nacional es la primera del Departamento de Seguridad Pública, y las unidades locales de seguridad pública siempre cuentan con una División de seguridad nacional.
La División de Seguridad Nacional se llamaba originalmente División de Seguridad Política, con el objetivo principal de “suprimir a los contrarrevolucionarios”, o de suprimir a los disidentes políticos, a las organizaciones que el PCCh declara ilegales, a los defensores de los derechos humanos, a los practicantes de la religión y a las personas que presentan demandas contra un trato injusto por parte de los organismos gubernamentales.
La División de Seguridad Nacional ha tomado a los practicantes de Falun Gong como uno de sus principales objetivos desde que el PCCh comenzó la persecución. Los practicantes son seguidos, vigilados y arrestados, y también revisa los casos locales de Falun Gong presentados por otros grupos. Por ejemplo, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Jincheng, en la provincia de Shanxi, especifica en sus funciones que es “responsable de comandar y coordinar las acciones contra Falun Gong y otras organizaciones de qigong perjudiciales para la sociedad; organizar el trabajo de investigación de casos especiales con el objetivo de desenterrar el sistema de mando de Falun Gong; y desarrollar fuerzas secretas en la lucha contra Falun Gong, así como mejorar la recopilación de información”.
Por consiguiente, tanto la Oficina 610 como la División de Seguridad Nacional han sido creadas ilegalmente por el PCCh para perseguir a Falun Gong y a otras personas.
El PLAC del PCCh, que supervisa el sistema judicial y de aplicación de la ley y que indirectamente da órdenes a otras agencias, es capaz de dirigir a más de 10 millones de miembros del personal con un enorme presupuesto. Esta configuración creó incluso problemas en el sistema dentro de la propia organización del PCCh. El PLAC fue capaz de aumentar su poder y crecer hasta convertirse en el “Segundo Centro de Poder” dentro del PCCh, donde Zhou Yongkang sirvió como exjefe del PLAC Central.
La persecución se inició sin base legal
Jiang Zemin inició personalmente la persecución contra Falun Gong en 1999, cuando era el jefe del PCCh. En ese momento, alrededor de 100 millones de personas (el PCCh lo estimó en 70 millones) practicaban Falun Gong. Envidioso de la popularidad de Falun Gong y preocupado de que la gente creyera en Falun Gong y no en el PCCh, Jiang movilizó la maquinaria del PCCh para lanzar la persecución en julio de 1999.
Sin embargo, desde el principio, el PCCh no tenía justificación legal para su acción. Jiang concedió una entrevista al periódico francés Le Figaro durante su visita a Francia en octubre de 1999. Calumnió a Falun Gong calificándolo de “secta” sin ninguna base objetiva. Al día siguiente, el portavoz del PCCh, el Diario del Pueblo, declaró que Falun Gong era una “secta” citando las palabras de Jiang. Luego, los organismos del PCCh lo difundieron a toda China. Sin embargo, el aparato estatal no debería seguir el ejemplo simplemente porque fue lo que dijo el líder del PCCh o por el comentario del Diario del Pueblo – ninguna de esas entidades es la ley.
No hay ninguna base legal para tomar las palabras del máximo dirigente del PCCh para declarar algo ilegal y luego decir a la gente que el Estado lo ha declarado ilegal. Esto fue únicamente el “gobierno del PCCh”, pero no el estado de derecho. En realidad, nunca ha habido ninguna ley en China que prohíba Falun Gong, ni una sola. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la práctica de Falun Gong es completamente legal en China.
Políticas ilegales
Jiang dio personalmente órdenes directas para la persecución, que incluían “arruinar su reputación [de los practicantes de Falun Gong], quebrarlos financieramente y destruirlos físicamente”; también dijo que golpear a los practicantes de Falun Gong hasta la muerte está bien y que la muerte se contaría como suicidio; además de “incinerar el cuerpo sin comprobar la identidad o la causa de la muerte”.
Todas estas órdenes de Jiang se saltaron la ley. De hecho, no solo violaron los derechos humanos básicos y los códigos morales de la humanidad, sino que también violaron la ley por completo. Desgraciadamente, la práctica habitual del PCCh es que su aparato adopte las órdenes de Jiang como principios rectores, mientras ignora la ley.
Más adelante, Jiang ordenó la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Gong con fines lucrativos. Los hospitales militares y los hospitales de la policía armada son los principales lugares donde se lleva a cabo esta sustracción forzada de órganos. El Tribunal de China en Londres dictaminó que el PCCh es culpable de la sustracción de órganos contra los practicantes de Falun Gong. Tanto el Congreso de Estados Unidos como el Parlamento de la Unión Europea aprobaron resoluciones para condenar el atroz crimen del PCCh.
Los procesos judiciales violan la ley
Aunque el PCCh afirma seguir el “estado de derecho”, los procesos judiciales en la persecución a Falun Gong violan la ley.
I. Reeducación por el trabajo
La reeducación a través del trabajo fue el método principal que el PCCh utilizó para perseguir a Falun Gong hasta 2013. Este sistema de trabajo forzado dio a la policía el poder de enviar a la gente a los campos de trabajo sin tener que pasar por el procedimiento judicial normal, como un juicio, la decisión del juez, y el proceso de apelación.
Los guardias de los campos aplicaron diversas torturas a los practicantes de Falun Gong para obligarlos a “transformarse” (renunciar a su creencia), ya que el PCCh ofrecía grandes incentivos de recompensa vinculados a la “tasa de transformación”. Muchos practicantes fueron torturados hasta la muerte o quedaron discapacitados como resultado de esta política.
Bajo la presión nacional y extranjera, el PCCh se vio obligado a abolir el sistema de reeducación en campos de trabajo en 2013. Sin embargo, la persecución a Falun Gong no se detuvo. El PCCh, bajo su falsa pretensión del “estado de derecho”, pasó a utilizar el sistema judicial para juzgar y condenar a los practicantes de Falun Gong. Las prisiones llevaron a cabo las mismas torturas a los practicantes que se realizaron en los campos de trabajo forzado.
II. Falta de base legal durante el proceso judicial
Entre todas las leyes de China, no hay ningún artículo que defina a Falun Gong como una secta, y tampoco hay ningún artículo que establezca que la práctica de Falun Gong sea un delito. El principio del derecho penal chino establece que “no hay condena sin una disposición expresa de la ley”. Así que la detención, el juicio y la condena a los practicantes de Falun Gong son ilegales.
La 12.ª Reunión Plenaria del Comité Permanente del Noveno Congreso Popular Nacional publicó “La decisión sobre la prohibición de las organizaciones de culto, y la prevención y el castigo de las actividades de culto” el 30 de octubre de 1999. Es importante destacar que no especificaba que Falun Gong fuera una organización de culto a prohibir.
La Procuraduría Suprema y el Tribunal Supremo publicaron una Interpretación Legal de la Decisión del Comité Permanente del Congreso Popular. La Interpretación Legal calificó a Falun Gong de “secta” y dijo que la Decisión servía como “arma legal y de pensamiento” en la actual lucha contra Falun Gong. Sin embargo, esta interpretación es cuestionable, ya que el documento original de la Decisión no mencionaba a Falun Gong.
Muchas sentencias judiciales citaron la interpretación jurídica de la Procuraduría Suprema y del Tribunal Supremo como base para condenar a Falun Gong y como medida para decidir las penas de prisión. Sin embargo, la Procuraduría Suprema y el Tribunal Supremo no son órganos legislativos, por lo que su interpretación no puede utilizarse como ley.
Otra “base” legal común utilizada por el sistema judicial del PCCh para condenar a los practicantes de Falun Gong es el artículo 300 de la Ley Penal, que establece que cualquiera que utilice u organice una secta para socavar la aplicación de la ley será perseguido con todo el peso de la ley.
Según el principio de la teoría del derecho penal, un acto se considera delito si tiene al menos tres elementos: mens rea, actus reus y concurrencia. Sin embargo, al aplicar el artículo 300, los casos de Falun Gong no contienen estos elementos en absoluto.
Mens Rea (estado mental de culpabilidad): ¿A qué ley pretendían los practicantes de Falun Gong socavar su aplicación?
Actus Reus (conducta): ¿Qué ley socavaron los practicantes de Falun Gong en su aplicación?
Concurrencia: Dado que los practicantes de Falun Gong no pretendían ni llevaban a cabo acciones para socavar la aplicación de la ley, tampoco existe concurrencia.
Por lo tanto, los practicantes de Falun Gong no han violado el artículo 300 de la Ley Penal.
Algunos funcionarios del sistema judicial del PCCh llegaron a afirmar que solo se atienen a la política, pero no a la ley. Por ejemplo, el vicesecretario Liu del PLAC de la ciudad de Xichang, en la provincia de Sichuan, dijo descaradamente a los abogados defensores de los practicantes: “No me hablen de la ley, nosotros no hablamos de la ley”. Feng Xiaolin, juez del Tribunal de la ciudad de Qian’an, en la provincia de Hebei, al ser interpelado por las familias de los practicantes de Falun Gong, confesó que los casos de Falun Gong no se ajustan a la ley. El director Ma de la Oficina 610 del Condado de Nong’an, en la provincia de Jilin, dijo: “Aquí decimos lo que queremos. Hablamos de política, pero no de ley. Puedes presentar una demanda donde quieras”.
Cuando algunos jueces no pudieron justificar el maltrato a los practicantes de Falun Gong desde una base legal, dijeron que había “documentos internos” sobre la criminalización y la condena a los practicantes. Pero no proporcionaron los “documentos internos”. Cuando un tribunal no sigue la ley, sino que sigue la dirección política del PCCh o los “documentos internos” para condenar a los practicantes de Falun Gong, ¿no es esto una persecución política evidente?
III. El PLAC y la Oficina 610 controlan los juicios y las sentencias
Los tribunales en China no tienen independencia judicial. Están completamente controlados por el PLAC y la Oficina 610. El PLAC y la Oficina 610 operan en la sombra. En muchos casos relacionados con los practicantes de Falun Gong, deciden en secreto la pena de prisión antes del juicio y luego dejan que el juicio se celebre como una formalidad y que el juez anuncie la sentencia preestablecida.
Parece que el PLAC y la Oficina 610 han establecido “normas internas” sobre el cálculo de las condenas. Un juez dijo una vez que “Los practicantes serán condenados a 7 años si gritan en voz alta ‘Falun Dafa es bueno'”. La política y los documentos internos del PLAC y de la Oficina 610 no tienen autoridad legal para condenar a los practicantes de Falun Gong ni para sentenciarlos. Que los tribunales los sigan muestra claramente que la voluntad del PCCh está por encima de la ley.
También hay otras actuaciones ilegales, como la creación y presentación de pruebas falsas por parte de la policía, la presión de los tribunales para que los abogados no presenten una defensa de inocencia para los practicantes de Falun Gong, incluso obligando a los practicantes a despedir a sus abogados, y la detención por parte de la policía de los abogados que defienden a los practicantes.
Resumen
La maquinaria del PCCh en la persecución a Falun Gong sigue funcionando. El PCCh ha creado innumerables causas judiciales injustas y ha perseguido a innumerables practicantes de Falun Gong. Esto muestra al mundo la verdadera naturaleza del PCCh de poner su propia voluntad por encima de la ley. El sistema legal en China es el “gobierno del PCCh” en lugar del “gobierno de la ley”. Está lejos de ser un “estado de derecho”.
El PCCh también ha expandido sus métodos de persecución y su práctica de “gobierno por el PCCh” para perseguir a los uigures de Xinjiang, a los habitantes de Hong Kong, a los practicantes de otras religiones, a los que se preocupan por los derechos humanos y a todos los demás en China.
La única manera de detener el abuso de poder del PCCh contra el pueblo chino y de acabar con los desastres que el PCCh trae al pueblo chino, es acabar con el PCCh. Entonces la nueva China podrá conseguir realmente el “estado de derecho” y devolver la justicia a los practicantes de Falun Gong y a todo el pueblo chino.
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