Por Oriana Rivas – PanAm Post
Hace un año las fotografías y videos sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos dieron la vuelta al mundo. Fue un episodio lamentable y violento que aún está siendo investigado por la Justicia y el Congreso. Se convirtió en un cruce de señalamientos. Apabulló lo que sería el inicio de un nuevo periodo presidencial.
En curso está una investigación en el Legislativo, mediante la cual se recolectaron unas 300 entrevistas, mensajes y alrededor de 35000 documentos. Para mediados de enero de este año se espera el inicio de las audiencias públicas de parte del «selecto comité para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE. UU.». Una comisión integrada por mayoría demócrata (siete congresistas) y dos republicanos.
Ashli Babbit, una veterana republicana con 14 años de experiencia y que sirvió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue la pérdida más recordada. Recibió un disparo en la parte anterior del hombro izquierdo cuando se encontraba en el interior del Congreso. Sin embargo, a pesar de la cuota de responsabilidad que algunos demócratas quisieron atribuir —por las muertes— a sus adversarios políticos, se determinó que otros tres decesos ocurrieron por causas médicas ajenas al episodio.
Proceso judicial y político
Fueron muchos los análisis, sobre todo «porque la protesta política pierde legitimidad moral y constitucional cuando se vuelve destructiva o violenta», tal como apuntó la Fundación para la Educación Económica.
El expresidente Donald Trump enfrentó un juicio político del que salió absuelto. El exvicepresidente Mike Pence se negó a invocar la Enmienda 25 para destituirlo. Los señalamientos contra Trump no se detuvieron desde el bando demócrata luego de que una facción fue mucho más allá de la concentración que convocó en reclamo a los resultados electorales. El vandalismo reinó a pesar de los llamados del expresidente para «regresar a casa en paz».
Actualmente hay dos tipos de procesos en curso. Por un lado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas en todo el país por atacar físicamente a policías, destruir propiedad del Gobierno, entre otros delitos.
Por el otro está el comité del Congreso, el cual no tiene competencias para sancionar a nadie de manera legal, solo tiene una tarea informativa. La excepción radica en que si alguna persona se niega a testificar, el comité las puede declarar en desacato y luego corresponde al Departamento de Justicia presentar cargos, según explicó EFE.
Documentos del asalto al Capitolio
Fátima Díaz, una joven de origen mexicano que viajó desde McAllen, Texas, hasta Washington D. C. para apoyar a Trump, contó a CNN unos días después del ataque que la policía abrió paso a los manifestantes para que ingresaran. “En la capital los policías nos estaban dejando entrar, no estábamos tumbando cosas, no como el Black Lives Matter (BLM) que destroza todo (…) La policía no nos detuvo», fue una de sus frases.
También continúa sobre el tapete la presencia de un activista de BLM dentro del Capitolio, al que precisamente medios masivos como CNN y NBC le pagaron unos 35000 dólares «a cambio de su labor periodística», según el abogado del activista.
Por lo tanto, queda aún tela por cortar para determinar responsabilidades en el episodio que remarcó la polarización en EE. UU. En vilo está la revelación de unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio. Los Archivos Nacionales no podrán entregarlos a la comisión del Congreso por un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. Los abogados de Trump citan el «privilegio ejecutivo» como presidente. Pero los demócratas podrían utilizar el hecho de que ya no ocupa el cargo para obtener los archivos.
El trágico legado contra la libertad de expresión
Las consecuencias sobre la libertad de expresión siguen siendo visibles. Plataformas como Twitter, Facebook y el buscador Google se convirtieron en jueces y verdugos. Las etiquetas sobre advertencias de contenido se vieron por doquier antes y después del 6 de enero. Jack Dorsey, fundador de la red del pájaro azul admitió ser responsable en parte por la difusión de «desinformación» previa al episodio, a pesar de que mencionó la existencia de «un ecosistema más amplio» más allá de las redes. Miles de cuentas fueron eliminadas.
Dorsey, Mark Zuckerberg de Facebook, y Sundar Pichai de Google, tuvieron que comparecer ante el Congreso por su papel al término de la presidencia de Donald Trump. El mandatario fue silenciado permanentemente de dichas plataformas digitales y migró a otra alternativas. Pero desde ese momento, los usuarios han visto cómo se regula contenido sobre vacunas o se implementan herramientas como Birdwatch para que sean ellos mismos quienes vayan en contra de las cuentas y contenidos que consideren «perjudiciales».
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