Traducido de Trending Politics por TierraPura.org

Un legislador estatal de Oklahoma está presentando un proyecto de ley para obligar a los empleadores a pagar hasta un millón de dólares por cada lesión causada por las vacunas si hacen cumplir el ilegal mandato federal de vacunación de Biden.

 El proyecto de ley 1106 del Senado de Oklahoma, la “Ley de Protección del Mandato Sanitario de los Ciudadanos”, fue presentado el viernes por el senador estatal Rob Standridge. Está dirigida a las entidades públicas y privadas y a los individuos que imponen vacunas u otros tratamientos médicos como condición para el empleo.

Los empleadores que obliguen a los empleados a someterse a tratamientos médicos sin estar dispuestos a ello podrían ser responsables de un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios si resultan perjudicados por dicho tratamiento, incluidas las vacunas Covid forzadas.

“Es posible que muchos habitantes de Oklahoma no sepan que las vacunas COVID-19 ya cuentan con la protección de la responsabilidad del gobierno federal”, dijo Standridge. “Si se exige a un empleado que reciba la vacuna o algún otro tratamiento médico como condición para el empleo y esto le causa un daño, nuestros ciudadanos necesitan saber que tendrán algún recurso que les proporcione un alivio significativo. Eso es lo que hará mi legislación.”

El gobernador del estado, Kevin Stitt, también ha puesto límites a la vacunación obligatoria del Pentágono a las tropas de la Guardia Nacional.

Como se informó anteriormente, la unidad de la Guardia Nacional de Oklahoma ha dejado claro al Departamento de Defensa que no tiene intención de hacer cumplir su mandato de vacunación contra el Covid-19. Los oficiales al mando están permitiendo a las tropas optar por no cumplir con el requisito, de acuerdo con el mandato del gobernador.

“La Guardia Nacional de Oklahoma ha rechazado el requisito del Departamento de Defensa de que todos los miembros del servicio reciban la vacuna contra el coronavirus y permitirá al personal eludir la política sin repercusiones, un posible modelo para los gobernadores republicanos que han desafiado los mandatos de la administración Biden”, informó el Washington Post.

“El general de brigada Thomas Mancino, nombrado esta semana por el gobernador Kevin Stitt (R) como adjunto de los 10.000 soldados y aviadores de la Guardia Nacional del estado, notificó el jueves a los que están bajo su mando que no están obligados a recibir la vacuna y que no serán castigados si la rechazan”, añadió el informe.

“Es un rechazo extraordinario de la política del Pentágono y sigue a la petición escrita de Stitt al secretario de Defensa, Lloyd Austin, para que se suspenda el requisito para el personal de la Guardia en el estado”, comentó el Post.

Además, el fiscal general de Oklahoma, John O’Connor, está presentando una demanda contra la Ascension Healthcare para intentar impedir que la empresa despida a los empleados que no se vacunen contra el COVID-19. Ascension Healthcare es una de las mayores redes sanitarias del país.

Oklahoma ofrece un nuevo enfoque para luchar contra los mandatos ilegales del presidente Biden. El gobernador del estado puede emitir sus propios mandatos y luego desafiar al gobierno federal para verlos en los tribunales.

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