El régimen sandinista inició el proceso de acusación formal contra 27 de los 35 opositores detenidos en la última ola de arrestos y por primera vez permitió a los encarcelados la visita de familiares tras semanas de aislamiento e intensos interrogatorios.
El régimen decretó “medida cautelar de prisión preventiva” a 27 de los dirigentes a los que ha acusado hasta ahora, lo que indica que continuarán encarcelados. La Fiscalía había dictado 90 días de prisión preventiva durante el proceso de “investigación”.
A dos meses de las elecciones, seis de los siete aspirantes presidenciales ya enfrentan acusaciones ante los tribunales sin acceso a la defensa, un derecho establecido en la Constitución de la República. Hasta el momento del cierre de esta edición el único precandidato presidencial que aún no ha sido acusado ante el Juez, es el conservador Noel Vidaurre.
El Ministerio Público al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusó a Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal.
De acuerdo con esos artículos, de ser encontrados “culpables”, las penas podrían oscilar entre los 10 y 22 años de cárcel.
Cristiana Chamorro es acusada de supuesto lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. En la misma causa están acusados sus dos hermanos: el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el periodista Carlos Fernando Chamorro. Igualmente son acusados siete extrabajadores de la ONG, cuatro de ellos están “prófugos”, según el Ministerio Público.
Cristiana Chamorro está bajo arresto domiciliar, su hermano Pedro esta en la cárcel, mientras que Carlos Fernando logró salir del país antes de su arresto.
Las audiencias de los opositores detenidos han sido realizadas en forma secreta sin presencia de sus abogados, lo que deja a los presos en total indefensión, en una clara violación a sus derechos humanos.
En algunos casos las audiencias han sido en horas de la madrugada, como es el caso de Max Jerez, según denunció a través de un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
La organización dijo que a los dos dirigentes de AUN, Lesther Alemán y Max Jerez, no se les ha permitido acceso a sus abogados, pese a que el segundo ha tenido dos audiencias ante el Juez, “una de ellas a altas horas de la noche en el Chipote, las celdas de la policía. Ambos han sido sometidos a interrogatorios intensos y recurrentes”.
Alemán, el joven universitario que increpó a Daniel Ortega y le pidió su rendición ante la demanda popular durante el inicio del fracasado diálogo nacional, fue acusado formalmente ante los tribunales por el delito de “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”.
La familia de la activista política Violeta Granera informó en las redes sociales que tuvo la oportunidad de visitarla. “Nuestra madre se encuentra bien en la medida de las circunstancias, ha bajado considerablemente de peso, pero pudimos ver en ella la fortaleza que siempre le ha caracterizado”, dice el comunicado.
Los familiares de otros presos han denunciado a los medios de comunicación que sus parientes son sometidos a intensos y recurrentes interrogatorios, algunos están solos en celdas y solo un día a la semana reciben sol, como es el caso de la exguerrillera y disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Dora María Téllez, fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy Unamos, quien ocupó altos cargos durante la primera dictadura sandinista.
Otros de los fundadores de esa organización detenidos son Hugo Torres, quien participó en el asalto a la residencia de José María “Chema” Castillo, exministro de la dictadura somocista el 27 de diciembre de 1974. El propósito era lograr la liberación de Daniel Ortega, preso desde 1967 por asaltar un banco ese mismo año. En la residencia se reunían altos funcionarios somocistas.
Con el asalto y secuestro los “asaltantes” lograron la liberación de Daniel Ortega. Castillo fue ejecutado en su residencia al tratar de defenderse.
Otro de los altos funcionarios sandinistas detenido es Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller en la década de los 80. Ortega se ha ensañado contra los distintos bloques opositores, incluidos los antiguos “camaradas” que arriesgaron su vida por él, fueron parte del primer régimen sandinista y posteriormente realizaron alianzas electorales con Ortega a inicios del presente siglo.
La Fiscalía no ha anunciado la fecha del inicio del juicio ni precisó cual será el tribunal a cargo de la causa.
Ortega se presenta a elecciones con el fin de reelegirse para un cuarto mandato consecutivo, mientras su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, se postula a la reelección pese a que enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos.
La campaña electoral esta prevista para iniciar el próximo 25 de septiembre, con un mes de retraso a “petición” de los participantes, según la versión de la dictadura.
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