Por José Hermosa – BLes.com
La crisis fronteriza que impacta en Estados Unidos se agudiza ante la pérdida de contacto con 4.890 niños no acompañados, de los 14.600 que ingresaron ilegalmente al país por la frontera con México entre enero y mayo según reveló una investigación de Axios.
El exsupervisor del programa de menores no acompañados durante el gobierno de Obama, Mark Greenberg, consideró que el dato “es muy perturbador” de acuerdo con el informe del 1.° de septiembre.
Y agregó: “Si no se está llegando a un gran número de niños y patrocinadores, eso es una brecha muy grande en los esfuerzos para ayudarlos”.
Axios obtuvo la información de la respuesta a una solicitud hecha a través de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por la sigla en inglés).
Por su parte, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), comentó que una vez entregados los menores a personas mayores desaparecía la supervisión.
“Aunque hacemos todo lo posible para comprobar voluntariamente el estado de los niños después de unirlos con sus padres o patrocinadores y ofrecerles ciertos servicios posteriores a la unificación, ya no tenemos supervisión legal una vez que dejan nuestra custodia”, dijo el funcionario.
Estas pérdidas de contacto podrían encubrir diversas formas de explotación de los menores, opciones que son investigadas por el Departamento de Justicia, a lo que se refirió la directora de la Unidad de Procesamiento de Tráfico Humano (HTPU), Hilary Axam, el 21 de julio.
“Algunas de estas situaciones parecen implicar a docenas de menores no acompañados que son entregados al mismo patrocinador y luego explotados para trabajar en el procesamiento de aves de corral o en industrias similares, sin acceso a la educación”, dijo Axam según Bloomberg Law.
En este sentido, miembros del Congreso consideraron como “horrendos” e “intolerables” los informes sobre la investigación, y se dirigieron a la administración Biden en busca de explicaciones.
“Estoy agradecido de que las fuerzas federales del orden estén investigando el asunto, y espero que cualquier individuo que cometa este atroz crimen sea procesado con todo el peso de la ley”, dijo en un comunicado el congresista Barry Moore (republicano de Alabama).
“La crisis fronteriza tiene importantes repercusiones humanitarias y de seguridad nacional. El gobierno de Biden debe rendir cuentas”, declaró el representante Clay Higgins (republicano de Luisiana).
Adicionalmente, se notan ciertas irregularidades en el seguimiento a los menores que son liberados de la custodia del gobierno.
En una de ellas se observa que entre la toma de posesión del presidente Biden y finales de mayo, el HHS dio de alta a 32.000 niños y adolescentes, pero el gobierno realizó menos de 15.000 llamadas de seguimiento, según la respuesta de la FOIA, es decir, menos de la mitad de las reglamentarias.
La desbordada inmigración ilegal alcanzó un máximo en julio, cuando se realizaron 212.672 aprehensiones, la mayor cantidad en un solo mes desde marzo de 2000, cuando se registraron 220.063.
Por otro lado, gran parte de la crisis fronteriza ha pasado a ser atendida por los gobernadores de los estados fronterizos, tal como ocurre en Texas, donde se triplicó el presupuesto para tratar de controlarla.
“La situación en nuestra frontera es un fracaso del liderazgo federal y un desastre totalmente evitable”, según declaró al Tribune la senadora estatal Jane Nelson, republicana de Flower Mound, presidenta del Comité de Finanzas del Senado, el 1.° de septiembre.
Y agregó: “Durante meses, hemos oído hablar de los horrores a los que se enfrentan los que hacen su viaje hacia el norte, de la delincuencia y las drogas que entran en nuestras comunidades, del tráfico de personas y de la propagación del [COVID-19]. Hemos suplicado al gobierno federal que actúe, y no nos escucha”.
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