Por Tomás Lugo – El American
La dictadura comunista de Cuba hizo público un nuevo decreto-ley que profundiza la censura en redes sociales y limita el uso del Internet en la isla, con el objetivo expreso de “defender” el Estado socialista y “contrarrestar las agresiones” en su contra.
Bajo la excusa del “derecho irrenunciable” del Estado a regular las telecomunicaciones y su rol en la “consolidación de las conquistas del socialismo”, el decreto-ley 35 de la dictadura procura garantizar que el Internet se utilice como “un instrumento para la defensa de la Revolución”, y no como un espacio para la libre expresión de los ciudadanos.
Semanas atrás, luego del estallido social que llevó a la ciudadanía a tomar las calles exigiendo el fin de la dictadura castrista, el heredero de los Castro, Miguel Díaz-Canel, suprimió el libre uso del Internet y las redes sociales en Cuba ante la atenta mirada del mundo.
Pero eso no le fue suficiente. En el nuevo decreto-ley, la dictadura determina y castiga la ‘difusión dañina’, a la que define como “difusión de contenidos que afectan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público y difundan mensajes que hacen apología a la violencia”, así como la difusión de contenido que, según sus propios estándares, divulgue “noticias falsas” que atenten contra el “prestigio del país”.
La dictadura también define en su nueva ley algunos “incidentes de agresión”, entre los que incluye conceptos como ‘ciberguerra’, ‘ciberterrorismo’ y ‘subversión social’.
En ese sentido, la dictadura define la ciberguerra como “métodos de guerra no convencional y acciones ofensivas de carácter militar empleados para derrocar el Gobierno mediante el uso de las TIC con desarrollo de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas para justificar acciones políticas, económicas, subversivas o de injerencia”.
La definición que da al ciberterrorismo es la de “acciones mediante el uso de las TIC (tecnologías de la información) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, y obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La subversión social, según el decreto, es “pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social”.
Los tres conceptos correponden a la categoría de “incidentes de agresión” y representan un “muy alto” nivel de peligrosidad para la dictadura.
Además, la ley define el ‘fraude’ como toda “acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, y la ubica en la categoría de “contenido dañino” bajo un muy alto nivel de peligrosidad.
La nueva ley también establece sanciones y multas a quienes instalen, operen, exploten, mantengan o comercialicen redes de telecomunicaciones sin autorización, así como a quienes importen, comercialicen o transfieran por cualquier medio, instalen o mantengan instalados dispositivos para brindar o recibir servicios de telecomunicaciones. Es decir, la ley somete a castigos a quienes presten servicio de Internet sin autorización de la dictadura.
La dictadura se cubre las espaldas frente a Estados Unidos
Frente a los reclamos del mundo libre y de la comunidad cubano-americana, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una Enmienda que requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet a Cuba.
La iniciativa de proveer a Cuba con Internet nació a los pocos días del inicio de las masivas protestas, cuando la isla amaneció sin servicio de internet móvil y contando decenas de detenciones arbitrarias por parte del régimen, y recibió fuerte apoyo bipartidista entre los votantes registrados.
Por otro lado, mucho se ha hablado sobre las opciones que tiene Estados Unidos para llevar a cabo la propuesta. El comisionado federal para Comunicaciones, Brendan Carr, dijo en su momento que “no es un problema de tecnología” sino de voluntad política, y explicó que Estados Unidos cuenta con la tecnología para llevar a cabo la medida.
Al respecto, el nuevo decreto cubre las espaldas de la dictadura en caso de que el Gobierno americano decida llevar a cabo algún tipo de intervención para proveer de Internet a los cubanos.
En el artículo 21 de su decreto #42, la nueva ley indica que: “los términos y condiciones de los acuerdos de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones internacionales entre operadores y proveedores públicos nacionales y extranjeros, se establecen mediante acuerdos mutuos entre las entidades que intervienen, de conformidad con la legislación nacional y con los documentos emitidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y suscritos por el Estado cubano”.
De igual forma, el artículo 22 determina que: “las rutas y procedimientos a emplear para el establecimiento y terminación de las comunicaciones internacionales originadas y concluidas en Cuba” deben ser previamente acordadas con las autoridades.
Además, la ley faculta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el brazo armado de la dictadura, a “garantizar la organización del Sistema Único de Comunicaciones en los servicios de telecomunicaciones y el empleo de las tecnologías de la información” según las necesidades del país.
Por supuesto, el nuevo decreto faculta al Ministerio de Comunicaciones para representar al Estado ante los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios internacionales.
La nueva normativa llega en un momento de fuerte disenso social en Cuba, donde el pasado 11 de julio miles de ciudadanos tomaron las calles para pedir libertad y exigir la renuncia de los dictadores. Las redes sociales fueron clave a la hora de extender las protestas a diversas localidades del país y comunicar al mundo lo que ocurría, por lo que Díaz-Canel tomó la medida extrema de bloquear internet durante aproximadamente una semana.
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