Por María José Olea Álvarez – Panampost.com
A más de un mes de las históricas protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio, el dictador Miguel Díaz-Canel intensifica la persecución política. En un nuevo intento por acallar el descontento en la isla, el líder castrista impulsó una ley que restringe aún más la libertad de expresión. Se trata del Decreto Ley 35, un documento de 78 páginas en el que se presentan «las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones».
La normativa fue aprobada en abril, pero entró en vigencia este martes con su publicación en la Gaceta Oficial. El decreto prohíbe, entre otras cosas, convocar a manifestaciones pacíficas en contra del régimen, al catalogarla como «ciberterrorismo».
En su anexo II, la legislación incorpora una «tipificación de los incidentes de ciberseguridad y nivel de peligrosidad». En ella, el régimen afirma que penalizará la «divulgación de noticias falsas» y «mensajes ofensivos», además de la «difamación con impacto en el prestigio del país». Del mismo modo, sancionará la «difusión dañina», es decir, información que «afecta contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado». Asimismo, a aquellos contenidos que «inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público».
Por otra parte, califica como «acción no autorizada» la instalación de softwares no permitidos. Este incluye el uso de llamadas VPN (redes virtuales privadas), medio que utilizaban los cubanos para burlar la censura en Internet.
El enemigo «ciber terrorista»
Desde las protestas de julio, la dictadura en Cuba ha utilizado los cortes de Internet como una táctica para silenciar lo que sucede en la isla. De esta forma, el Decreto Ley 35 evidencia cómo Díaz-Canel no solo propicia la represión en las calles, sino también en el mundo digital.
En una conferencia de prensa, el director de Ciberseguridad del ministerio de Comunicaciones cubano, Pablo Domínguez Vásquez, explicó el funcionamiento de esta nueva normativa. De acuerdo con el funcionario, los «incidentes de ciberseguridad» se agrupan por categorías y subcategorías según cuatro niveles de peligrosidad. Así por ejemplo, los «incidentes de agresión» relacionados con el «ciberterrorismo», la «ciberguerra» y la «subversión social» tendrían un riesgo «muy alto».
A pesar de que Cuba no tiene contrato con las plataformas de redes sociales, Domínguez aseguró que sí pueden notificar las violaciones a estas medidas. «Con esta nueva norma, el Estado cubano tiene registro de todos estos incidentes», afirmó. Además agregó que «cuando se logran identificar esas personas y están en el país si se imponen contravenciones».
El pueblo contra de la censura
La aplicación de la nueva legislación despertó la indignación del pueblo cubano. Al igual que con el Decreto Ley 370 promulgado en 2019, los cubanos repudiaron la iniciativa. A través de redes sociales iniciaron una campaña utilizando los hashtag #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35. Diversos líderes y activistas se sumaron a esta cruzada, denunciando las graves vulneraciones a la libertad de expresión y reunión en Cuba.
Raúl Hernández, propietario del restaurante Grados, expresó: «Como mismo se hizo contra el 349 y el 370. Por ti, por mí, por todos. No al decreto ley 35. Queremos y necesitamos libertad de expresión», sostuvo el emprendedor en declaraciones recogidas por Ciber Cuba.
Por su parte, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, también manifestó su rechazo en Facebook. «El régimen cubano en un intento desesperado de silenciar las voces que se alzan dentro de la isla, aprobó una nueva #LeyMordaza», escribió el comunicador. «Un decreto que pretende criminalizar la libertad de expresión, pisotear uno de los derechos más fundamentales del ser humano», enfatizó el colaborador de CubaAdn.
Envía tu comentario
Últimas
