Por Gabriela Moreno – Panampost.com
La oscuridad es una constante que ronda al nuevo fiscal de El Salvador, Rodrigo Delgado. No sólo su juramentación en el cargo ocurrió a la medianoche hace dos meses en una ceremonia improvisada por la Asamblea Nacional, donde el presidente Nayib Bukele tiene mayoría –64 de los 84 diputados pertenecen a su partido Nuevas Ideas–, sino además su nombre figura entre los beneficiados de Alba Petróleos, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sancionada por Estados Unidos por corrupción.
El abogado convertido en la cabeza del Ministerio Público aparece como trabajador del conglomerado chavista que la institución investiga desde al menos 2018 por presunto lavado de millones de dólares y, según documentos del Ministerio de Hacienda publicados por Infobae, le otorgó a Delgado 46666,60 dólares.
La cantidad recibida de Alba Petróleos se tradujo para el nuevo fiscal en una remuneración mensual de 3888 dólares, monto que representó casi el 70 % de todos los ingresos que reportó a la Dirección General de Impuestos Internos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Delgado hizo su declaración, número 111702828176, de forma virtual el 29 de abril del año pasado y debió pagar 4666,60 de impuestos sobre la renta por sus ingresos que equivalen a la de un trabajador de la compañía, considerando que el dinero recibido por la filial chavista aparece clasificado con la categoría 01 asignada a los salarios. “Esto significa que él era empleado de Alba”, destaca el medio.
No hay más opciones. Menos cuando Delgado declara en su lista de ingresos provenientes de otras cinco fuentes, empresas salvadoreñas todas, en la categoría 11, correspondientes a pagos por servicios profesionales como consultor.
Designación con intereses
La designación de Delgado como fiscal responde a intereses. Por un lado, ocurrió “sin respetar el proceso de ley ni permitir el análisis de otros perfiles”, según señala El Faro. Por otro, sucedió cuando su antecesor, Raúl Melara, anunció 13 expedientes contra funcionarios de la Administración Bukele por supuestas irregularidades en los procesos de compra y contratación en medio de la pandemia e intensificaba la indagación por lavado de dinero contra Alba Petróleos.
Desde el parlamento otra versión corrió. La destitución se enmarcó en sus supuestos nexos con el partido Arena, pese a que Melara, cuando asumió en enero de 2019 para un período de tres años, negó tener vínculos con el partido tricolor.
Con la remoción, “los diputados que avalaron el nombramiento de Delgado abren un importante conflicto de interés: Delgado, como jefe máximo de la Fiscalía General, tendría en su escritorio el caso por lavado contra Alba Petróleos, un conglomerado de empresas para la que él trabajó al menos hasta el final de 2019” y del cual, al menos media docena de funcionarios, entre ellos Bukele, recibieron aproximadamente 3.474.894 de dólares en forma de préstamos directos o donaciones, además de otras cantidades invertidas en empresas diversas, de acuerdo con los documentos obtenidos por Melara en los allanamiento de 23 compañías relacionadas con Alba Petróleos en 2019.
Para desviar
Delgado equivale a un freno judicial para Bukele. Patrick Leahy, senador demócrata por Vermont, Estados Unidos, y miembro del comité de adjudicaciones de la Cámara Alta, considera que el nombramiento de Delgado representa un “intento por detener investigaciones como la de Alba Petróleos” porque “es notable que el anterior fiscal general, con apoyo de Estados Unidos, estaba investigando una serie de casos de corrupción de altos oficiales del Gobierno, incluido un caso multimillonario de lavado de dólares”.
Todo es posible. Más cuando en el historial de Delgado resalta que creció a la sombra de otra importante figura en el Gabinete de Bukele: Gustavo Villatoro, ahora ministro de Seguridad y por tener en su hoja laboral acusaciones por permitir la tortura de detenidos.
De hecho, El Faro señala que su carrera –que comenzó como fiscal en San Vicente– pero sobre todo su ascenso, no puede entenderse sin Villatoro, quien también entró a la cúpula de Bukele tras la destitución del exministro Rogelio Ribas, luego de que un informe del Organismo de Inteligencia del Estado notificara que Bukele construía un plan para ser presidenciable con recursos públicos.
Con experiencia
El nuevo fiscal sabe moverse en la institución. Ya ocupó el más alto puesto de la Fiscalía en el área de crimen organizado en las gestiones de seis fiscales, la mayoría de ellos vinculados directa o indirectamente al partido Arena y al partido que nació de su ruptura, Gana: Belisario Artiga (1999-2005); Félix Garried Safie (2006-2009); Romeo Barahona (2009-2012); Ástor Escalante (5 meses de 2009) y parte de la gestión de Luis Martínez, quien hoy está preso por delitos de corrupción y concluyó su gestión en 2015.
Estados Unidos sigue sus pasos desde que investigaciones internas, alimentadas por información proveniente de Venezuela y El Salvador, revelaron el posible esquema masivo de blanqueo de dólares, que incluía traslados de dinero a paraísos fiscales, lavado a través de préstamos no recuperables y creación de decenas de empresas fachadas, entre otros mecanismos.
Por ahora, Washington y el mundo saben que él no está interesado en investigar si quiera a los funcionarios de Bukele incluidos en la Lista Engel por presunta corrupción.
Un hombre de terror
«Rodolfo Delgado, el fiscal general elegido ilegalmente por la Asamblea controlada por el partido de Nayib Bukele es de terror», sostiene Leonor Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Señala que Delgado no es idóneo para el cargo basándose en los resultados de su desempeño entre 2004 y 2010, cuando formó parte de un equipo de investigadores en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La instancia documentó dos casos en los que Delgado, en distintos cargos en la Fiscalía “dirigía prácticas no encaminadas a conocer la verdad sobre los hechos ni a identificar responsables de los crímenes, sino a encubrir a personas poderosas, a acusar inocentes, o encubrir responsables en casos que nunca salía la verdad a la luz pública».
En un informe de la PDDH de 2003, Delgado figuró por “violar el deber de garantizar los derechos de un imputado detenido en un operativo antisecuestros en 2001”. No fue la única vez que se vio involucrado en señalamientos de ese tipo. En 2005, la PDDH elaboró un informe sobre la actuación de policías y fiscales en la investigación del asesinato del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto para “establecer las responsabilidades penales y administrativas en que hubieran incurrido tres fiscales –entre ellos Delgado– por su probable participación en los actos de tortura y otras afectaciones a la integridad personal de los detenidos” y “por su omisión de promover investigación ante los abusos policiales”.
Ahora, es él quien estará hasta el 5 de enero de 2022 al mando de la Fiscalía sin explicar qué pasará con la investigación donde su nombre está fichado.
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