Por Mamela Fiallo Flor – Panampost.com
La discriminación contra personas no vacunadas es un tema preocupante ante la posible implantación de un «pasaporte sanitario» que señala a quienes ya se han inoculado la dosis contra el coronavirus. Ante esto, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, informó que su partido acudirá a la Justicia en caso que alguna comunidad discrimine a sus ciudadanos por elegir no vacunarse.
Durante una rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Buxadé arremetió contra los Gobiernos de Galicia (bajo el mando del Partido Popular), País Vasco (alianza de PNV y PSOE) y Baleares (PSOE) por «imponer la vacunación obligatoria». También aprovechó de señalar las fallas que su juicio existen en el Gobierno socialcomunista que preside a España, a cargo Pedro Sánchez.
«El DNI es el único certificado que nos acredita como españoles», exclamó Buxadé. Destacó que «ningún gobierno» puede limitar los «derechos inalienables» que el Documento Nacional de Identidad incluye y que sería «una barbaridad» hacerlo.
«Nos van a tener enfrente. Con Vox que no cuenten para esta estrategia de enfrentamiento entre españoles, porque ellos saben perfectamente cómo cuidarse, protegerse y defenderse», recalcó.
Esto involucra tanto a las personas que se han vacunado como las que no. El presidente de Vox, Santiago Abascal, agregó que esta medida afecta no solo a las personas que no tienen la dosis, sino que se extiende también a quienes se han inoculado. Al respecto, el político argumentó que se trata de formar listas negras y además de darle al Estado poder sobre la privacidad de las personas.
Respecto a la referencia a los gobiernos autónomos, Abascal hace alusión al hecho que se adjudican poderes que pasan por encima de la Constitución y por ende de los derechos ciudadanos. Vox reclama que no se trata de una cuestión meramente local, sino que otras comunidades como Andalucía o Canarias se estén abriendo al «modelo de las élites de Bruselas», refiriéndose a la Unión Europea.
Y reprocha que quieran utilizar el certificado de vacunación para «discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del transporte público».
El Gobierno dijo no al pasaporte sanitario
A nivel legal la exigencia de un «pasaporte sanitario» es inviable. De forma unánime el Pleno Tribunal Constitucional (TC) acordó mantener en suspenso la vacunación obligatoria que contempla la Ley de Salud de Galicia.
La razón detrás de la decisión es que el registro puede suponer una «intervención corporal coactiva» por encima de la voluntad de los ciudadanos.
Como tal, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, descartó para que sea necesario el Certificado COVID-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes, como proponen algunas Comunidades Autónomas.
Rodríguez sostiene que al hacerlo se estaría «estigmatizando» a la población joven que aún no está vacunada, esto debido a que se ha priorizado a la población mayor que en teoría tiene más riesgo de salud.
En Europa son cada vez más los países donde se ven manifestaciones multitudinarias en contra de la vacuna obligatoria contra el coronavirus. En Francia incluso se han tomado ayuntamientos, donde han quemado el rostro del presidente Emannuel Macron.
Italia fue un paso más allá, diputados tomaron el parlamento con carteles en contra de la vacunación obligatoria.
Luego que el virus salió de China, Europa fue el continente más afectado. Ahora es América. De la misma manera cómo al principio de la pandemia, sobre todo en el mayor confinamiento (los tres primeros meses), el mundo vio cómo España primero padeció y luego empezó a superar la crisis sanitaria.
Ahora el viejo continente puede dar el ejemplo para defender lo que más se ha perdido en este periodo: la libertad (de elegir).
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