Por Carlos Polo – Actuall

Un proyecto de ley de Identidad de Género estuvo a punto de ser aprobado en el Congreso del Perú en estos últimos días. Grupos parlamentarios progresistas, a dias de finalizar su gestión, quisieron aprovechar la distracción de una convulsión política sin precedentes. Este proyecto no solo hubiera convertido la autopercepción de una persona en un derecho para ella sino en una obligación de adecuar el Estado, las leyes y las conductas de los demás ciudadanos en función a los sentimientos de esa persona. Pero finalmente y gracias a la intervención oportuna de parlamentarios pro familia, se pudo desmontar esta maquinación de la agenda LGTBIQ+.

Y es que siempre suceden cosas extrañas con congresistas progres cuando están a punto de finalizar su gestión. Dejar el poder es una circunstancia que los desinhibe. La prisa los lleva a mostrar sus intereses sin tapujos, pues normalmente están disfrazados con la retórica demagógica de turno: pobres, mujeres, poblaciones vulnerables, pueblos originarios, desproyecto de leyazados, refugiados, marginados o discriminados. La lista progre de nuevos sujetos con nuevos derechos no parece tener fin.

La “Identidad de Género” es un concepto ideológico, no científico. El proyecto de ley lo define como la vivencia o lo que siente una persona sobre su cuerpo. Y explica que es interna e Individual. Es decir, deja claro que legisla sobre sentimientos que por naturaleza son subjetivos y cambiantes.

Si este concepto se hubiese incorporado en las leyes peruanas, habría sido el fundamento para aprobarse el matrimonio y adopción de niños por parejas del mismo sexo, que a los escolares les enseñe que son válidas todas las “identidades de género” incluyendo los llamados “cambios de sexo” con métodos farmacológicos o quirúrgicos, y muchas cosas más. La “Identidad de Género” es el concepto clave de la Agenda LGTBI en todo el mundo.

Felizmente una oportuna intervención de ciudadanos y congresistas pudo detener esta grave amenaza.

El proyecto de Ley de Identidad de Género se presentó en el 2016 por las congresistas Marisa Glave e Indira Huillca del partido Frente Amplio. Alberto De Belaunde, congresista del partido Morado y públicamente gay, fue uno de sus promotores y voceros. De Belaunde mismo siendo Presidente de la Comisión de Justicia en el 2016 no pasó a debate el proyecto de ley pues sabía que no tenía los votos y sería rechazado.

Desde un principio, el proyecto de ley tenía una posibilidad muy baja de ser aprobado, pues evidentemente, colisionaba con la Constitución y el marco jurídico peruano construidos bajo la base objetiva de dos sexos. Aprobar una ley con el concepto de Identidad de Género implica dejar de lado el dato objetivo del sexo, hombre o mujer, y reemplazarlo por la autopercepción. En todo caso, un cambio tan radical hubiese requerido no solo una ley sino más de una reforma constitucional.

A inicios del 2021 aprovechando la distracción de unas elecciones presidenciales no definidas por sólidos indicios de fraude y con la directiva en el congreso favorable, promovieron un debate rápido y sesgado en la Comisión de la Mujer. Esta Comisión dirigida por la congresista Carolina Lizárraga del partido Morado solicitó opiniones de entidades públicas y organizaciones internacionales todas favorables e invitó expertos del mismo pensamiento ideológico, con solo dos excepciones. La asociación de personas ex LGTB pidió por escrito a la presidenta de la Comisión de la Mujer dar testimonio de los graves daños físicos y psíquicos producidos por llevar a la práctica el concepto de “identidad de género”. Pero fueron materia de discriminación y no les permitieron participar.

La votación en la Comisión de la Mujer se hizo con quorum minimo de 6 congresistas. El resultado fue 4 a 2 a favor del proyecto de ley, incluyendo el voto de la presidente que normalmente solo se da para dirimir un empate. En este caso, la presidente progre votó para decorar el resultado y evitar la impresión de que hubo mucha polémica.

A mediados de Junio de 2021, el congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular pidió que el proyecto de ley sea debatido y aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso. Lo que más llamo la atención de este pedido es que lo hiciera un parlamentario del partido cuya líder es Keiko Fujimori asociándose con los más radicales izquierdistas anti Keiko. Y precisamente en el peor momento, pues Keiko Fujimori necesitaba de todo el apoyo popular posible para enfrentar el fraude electoral. En las semanas siguientes, esta insólita sociedad le valió numerosas críticas al congresista Mesía dentro de Fuerza Popular como la de Diethell Columbus vocero de su partido y también miembro de la Comisión de Constitución. El movimiento pro familia, asociaciones católicas y evangélicas hicieron llegar este malestar a la misma Keiko Fujimori.

La Comisión de Constitución aceptó abrir el debate del proyecto de ley por la imagen de consenso multipartidario que le otorgaba la posición del congresista Mesía. Además, Mesía le daba credibilidad a la propuesta por haber sido presidente del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, no fueron los argumentos jurídicos técnicos los que primaron en la Comisión de Constitución sino los emotivos. Este discurso describía que el objetivo del proyecto de ley era dar facilidades administrativas para que las personas trans puedan cambiar nombre y foto en el DNI para hacerlas más adecuadas a su apariencia real. De esa manera, se evitarían las burlas, agresiones y discriminaciones a las “personas Trans”. Pero lo que pretendían aprobar era muy diferente. Tanto el proyecto de ley como el dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer distaban mucho de ese discurso emotivo y un especialista en la materia como Mesía lo sabía perfectamente.

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El escenario era muy crítico. De aprobarse en la Comisión de Constitución, pasaría a votarse en el pleno del Congreso muy rápidamente. Varios congresistas claves son activistas LGTBI como la presidenta del congreso Mirtha Vásquez y voceros de partidos como Rocío Silva Santisteban o Alberto de Belaunde. Esta ley hubiera convertido convertiría el sentimiento de autopercepción de una persona en un derecho, sin plantear ningún límite, y habría obligado a todos los demás ciudadanos a adoptar conductas en función a ello. Incluiría el concepto 100% ideológico de Identidad de Género en el marco jurídico peruano y con ello, prácticamente se validaría toda la agenda LGTBI incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo con adopción. Además de incluir cambios en diversos sectores del estado como educación, salud, trabajo y otros donde las categorías de hombre y mujer hubieran sido reemplazadas por “identidad de género”.

En la Comisión de Constitución nuevamente se invitó a “especialistas de género” a excepción de un solo invitado, el Dr. Rafael Del Busto, presentado por la congresista pro familia Martha Chávez. Este fue el único de los expositores que explicó los alcances del concepto de Identidad de Género y el conflicto que significaba para la Constitución y las leyes peruanas.

Una vez más se produjo una discriminación que invalidaba el discurso emotivo de los promotores del género. Valerie Marianne es una publicista trans pero muy crítica de los conceptos ideológicos del género. Esto le ha valido numerosos de los más discriminadores y agresivos insultos de los promotores del género en redes sociales. Así lo mostró en un video dirigido a la Comisión de Constitución que no la recibió. Con un testimonio bastante firme y claro demostró que ella no necesita de ninguna ley para afirmar su identidad, ni para ejercer sus derechos a la salud, educación y trabajo.

En este punto se generó un quiebre. Existía una mayoría muy dispuesta a aprobar este proyecto de ley. Pero al hacer evidente la distancia que había entre el discurso y lo que pretendía aprobarse y la intervención oportuna del Congresista pro familia Omar Chehade, varios cambiaron de opinión. Y la prisa por aprobar un dictamen en la Comisión de Constitución se transformó en cuestionamientos y dudas.

Por un lado, una restricción del proyecto de ley en esa magnitud implicaba presentar otro proyecto de ley distinto por cuestiones de técnica legislativa. Y por otro lado, aunque se hubiesen eliminado los aspectos extremosos del proyecto de ley en la Comisión de Constitución nada aseguraba que estos no pudieran ser restituidos en la votación del pleno del Congreso a última hora.

Tan solo a unos días de que el actual Congreso culmine su gestión el 26 de Julio, los promotores del género ensayaron una última táctica desesperada. El 15 de Julio promovieron un Acuerdo en la Junta de Portavoces (representantes de todas las bancadas) que exoneraba de dictamen a la Comisión de Constitución, es decir, que no opine y se vote al día siguiente en el pleno solo con el dictamen de la Comisión de la Mujer.

En un primer momento lograron el apoyo de 7 partidos que representaban 84 votos del parlamento cuando solo necesitaban 77. Con este acuerdo, el proyecto de ley entró a la agenda de la sesión del Pleno del Congreso para ser votado.

Uno de los que aprobó esta inclusión fue el vocero del partido Alianza para el Progreso, César Combina, que representaba 21 votos. Combina, también pro familia, al ser informado de los detalles de todas las irregularidades y los verdaderos alcances del proyecto de ley de Identidad de Género, le retiró inmediatamente la firma. Casi inmediatamente el vocero alterno de su agrupación, Alexander Hidalgo, envió una carta a la presidente del Congreso desautorizando a Combina y pretendiendo devolver los votos perdidos. Fue necesaria una segunda comunicación escrita de Combina con la presión de otros parlamentrios para que, a nombre de su partido, se deje sin efecto la comunicación de Hidalgo y reiterar la decisión de no exonerar al proyecto de un dictamen de la Comisión de Constitución.

Todas estas misivas de ida y vuelta fueron enviadas el 16 de Julio mientras los parlamentarios asistían a la que sería última sesión del congreso.

El proyecto de ley de “Identidad de Género” no fue aprobado ni visto en el Pleno, y queda una imagen muy clara de que los promotores de género no tienen ningún escrúpulo para pasar encima de los procesos democráticos. Tampoco les preocupa verdaderamente la discriminación a las “personas trans” ni a los demás ciudadanos cuando éstos no comparten sus postulados ideológicos. Su prioridad es introducir la ideología a las leyes.

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