Fuente: La Gaceta

El profesor Obiora Chinedu Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, redactó para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el informe titulado “La contribución de la solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y después de ella”, donde se omiten las graves violaciones que sufren los médicos cubanos que son enviados a trabajar a otros países. Lo cual contribuye a lavarle el rostro a la dictadura.

Ante esto, las organizaciones CADAL, Freedom House, Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Civil Rights Defenders, International Institute on Race, Equality and Human Rights y Prisoners Defenders, presentaron una nota al Sr. Okafor, expresándoles su «preocupación y sorpresa con relación a parte del contenido» del informe A/HRC/47/31, fechado el 13 de abril de 2021 y dado a conocer hace unos días en el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (ONU).

El informe «pondera positivamente las misiones médicas cubanas en el exterior. En el párrafo 40 se realiza un recuento de los países a los cuales Cuba envió sus misiones médicas a partir de la pandemia por el Covid-19, expresando que se trata de «una importante muestra de solidaridad internacional para contener la pandemia que supuso un gran avance en materia de derechos humanos», cita, en desacuerdo, la carta enviada al Sr. Okafor.

Las organizaciones de la sociedad civil sostienen que «todo lo expresado por el Sr. Experto, respecto de las misiones médicas cubanas, resulta sorprendentemente incompleto ya que no menciona en absoluto las graves denunciasacerca de la situación a la que son sometidos los médicos que integran dichas misiones».

Los autores del reclamo hacen referencia a las «denuncias de abusos sobre las cuales han tomado intervención otros colegas del Sr. Okafor, también miembros de los Procedimientos Especiales de ONU, como la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños«.

Y recuerdan que «dichos procedimientos han remitido el 6 de noviembre de 2019 al gobierno de Cuba una comunicación, en la que le señalan la atención urgente respecto a información sobre presuntos ‘abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en misiones de internacionalización’».

Estas relatoras -insisten los firmantes de la nota- han dejado constancia de su preocupación «por las condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos enviados al exterior para prestar sus servicios» debido a que «estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, pagos salariales inadecuados» y que «muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno» totalitario imperante en la isla.

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Asimismo, las relatoras han afirmado que «las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud«.

Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisioners Defenders, en entrevista con Radio Martí, explicó que en la misiva a la ONU solicitan que Okafor rectifique el informe y advirtió que «no puede existir una verdadera solidaridad tendente a promover un orden social e internacional en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme versa el propósito del mandato del señor Okafor, cuando los ciudadanos que están a cargo de llevar adelante las misiones son ellos mismos víctimas de esclavitud y trabajo forzoso«.

Las misiones médicas cubanas en el extranjero han sido blanco de graves denuncias. En junio pasado, los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez (Demócrata por New Jersey) y Marco Rubio (Republicano por la Florida) presentaron el proyecto de ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021.

Según sus gestores, el objetivo del proyecto es fortalecer «las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones medicas al extranjero».

«Además de requerir nuevos informes sobre las condiciones de trabajo forzoso a las que se enfrentan los doctores cubanos en países alrededor del mundo«, la iniciativa busca restablecer el Programa de Libertad Condicional para Profesionales Médicos Cubanos, lo cual permitiría emigrar a Estados Unidos a los «médicos cubanos, enfermeros y otros profesionales de la salud -quienes son elegibles- y a sus familiares inmediatos».

Las misiones médicas cubanas, «que en la superficie aparentan ser motivadas por esfuerzos humanitarios y empáticos, son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas del régimen que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato», dijo Menéndez.

Para el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, es «inaceptable que el régimen cubano haya seguido explotando a los médicos y enfermeros con fines de lucro, reteniendo sus pasaportes, tomando represalias contra sus familiares y manipulándolos a través de otras formas de presión e intimidación.

Los trabajadores de la salud de primera línea merecen nada menos que nuestra admiración y gratitud, especialmente a medida que la pandemia del COVID-19 continúa azotando al mundo. Por eso aplaudo la presentación de este proyecto de ley bipartidista para continuar asegurándonos que los Estados Unidos sea un refugio seguro para aquellos profesionales médicos cubanos que buscan amparo y protección del régimen».

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Para el senador Rubio “no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior del régimen cubano son una trampa coercitiva. El régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado.

Los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos son sujetos a condiciones de trabajo deplorables, confiscaciones de sus documentos legales y una compensación significativamente reducida. EE.UU. tiene un deber moral de combatir estos esquemas y hacer que los perpetradores de estos abusos rindan cuentas», manifestó el miembro de más alto rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental.

A comienzos de este mes, en la presentación del Informe sobre el Tráfico Humano para el 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, señaló a Cuba como uno de los 11 países donde el gobierno -el régimen castrista- actúa como traficante de personas.

Aunque no es la primera vez que el castrismo es denunciado por practicar la llamada esclavitud de batas blancas, no deja de constituir un serio señalamiento a la nomenklatura de La Habana, ejecutado, para sorpresa de no pocos exiliados, desde la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

En su informe sobre el tráfico humano, Estados Unidos ha recalcado su preocupación por el trabajo forzoso y las prácticas de explotación en las misiones médicas cubanas y ha llamado a los países que contraten estos servicios a «proteger los derechos de los trabajadores médicos» de la Isla, «exigir transparencia en los acuerdos contractuales entre el gobierno cubano y los profesionales médicos, y garantizar que se les pague directamente y tengan libertad de movimiento«, escribió en Twitter Julie Chung, secretaria de Estado asistente.

El texto advierte que el castrismo «no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo» y que en este periodo marcado por el fuerte impacto del coronavirus «hubo una política gubernamental o un patrón de gobierno para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero«.

De ahí que el Departamento de Estado le exija al régimen cubano «garantizar los derechos elementales» de los profesionales de la salud, «investigar y enjuiciar delitos de tráfico sexual y trabajo forzoso» y «redactar y promulgar una ley integral contra la trata».

La dictadura, como es de esperar, ha respondido con frases hechas que intentan legitimar su conocida demagogia: «Mientras pueblo y gobierno enfrentan la #COVID19 y destinan todos los recursos a luchar por la salud, quienes bloquean a Cuba intentan articular campañas de descrédito», escribió en Twitter el canciller castrista Bruno Rodríguez.

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