Por Mauricio Ríos García – gaceta.es
En un país con instituciones sólidas donde los límites del poder están claramente definidos, los ciudadanos no se ven forzados a estar pendientes sobre lo que sus gobernantes hacen o dejan de hacer.
En cambio, en aquellos países donde los gobernantes trabajan de manera permanente en la búsqueda de concentrar y abusar del poder, los ciudadanos hacen de la política –la búsqueda de información fresca y confiable para tomar decisiones– un trabajo cotidiano adicional al que desarrollan cada día.
Por eso, cuando un gobernante como Luis Arce Catacora -que se dirigió al país en cadena nacional esta semana por primera vez desde que asumió el mandato- o un ministro como Marcelo Montenegro acuden al llamado de los medios, sobre todo en momentos de crisis como el actual, es importante prestar atención.
Montenegro ha ofrecido varias conferencias de prensa y ha respondido a diversas entrevistas desde que asumió la responsabilidad de Hacienda, pero no siempre recibe la misma cantidad y ni calidad de preguntas en todos los medios donde se lo invita.
Este pasado viernes 2 de julio, el ministro ofreció una entrevista a El Deber -diario cruceño de circulación nacional-, en la que dejó entrever algunas de las dificultades por las que su cartera atraviesa para encarar la crisis económica.
Déficit fiscal y empresas públicas
Por ejemplo, uno de los principales temas abordados en la entrevista fue el déficit fiscal (de aproximadamente $4.300 millones, 12,7% del PIB y 7 años de acumulación continua) y la salud de las empresas estatales creadas durante el gobierno de Evo Morales.
Sobre el déficit fiscal, Montenegro sostuvo que “se están recuperando los ingresos de una situación compleja. Los gastos nunca bajaron. Aplicamos una medida de austeridad, de reducción del 30% del Presupuesto General, un 10% en los ítems y un 20% en compras de bienes y servicios, ahorramos una buena cantidad que nos permite pagar ítems en educación y salud. Estamos en equilibrio, pero necesitamos plata para seguir invirtiendo, pero controlando el déficit. El año pasado fue del 12,5% y para esta gestión nuestro plan es de un solo dígito, un 9,7%”.
Respecto de las empresas públicas, cuando se le preguntó por qué insistían en mantenerlas a flote mediante la inyección de subvenciones, el ministro afirmó: “hablando con algunos empresarios decían que la planta de urea era muy importante para sus actividades, pero el año pasado arruinaron la planta. Lo que hizo el anterior Gobierno fue matar a las empresas públicas, aunque era importante su funcionamiento (…) Ahora, lo importante es darle el influjo para que vuelvan a producir, BoA, la planta de urea, Vinto.”
Y además agregó que “hay que recuperarlas, las quisieron matar, les daremos el incentivo correcto, deben mostrar resultados y de ahí debemos evaluar cuáles se deben mantener”.
Lo cierto sobre el estado de las empresas públicas, que incluyen plantas de procesamiento de hoja de coca, naranjas y leche, de producción de papel y cartón, además de otras antiguas como las de Karachipampa y la fundición de Vinto es que, tal vez con alguna excepción, ninguna ha llegado a generar rentabilidad alguna vez.
Por ejemplo, en 2011, la Fundación Milenio presentó un informe elaborado por Iván Arias Durán -actual alcalde de la ciudad de La Paz, exministro del gobierno de Jeanine Añez-, titulado “El estado de las empresas del Estado”, donde se destaca que ya en ese entonces las empresas estatales representaban un serio problema para las cuentas nacionales, que luego se harían crónicas si acaso se insistía en mantenerlas abiertas.
Igualmente, en 2019 el diario Página Siete publicó los resultados de una investigación que afirmaba que de las 28 empresas estratégicas que tiene el Estado, 16 presentan déficit operacional. Están funcionando a pérdida desde hace varios años.
Lo correcto -e inevitable, en realidad- sería liquidar todas las empresas públicas deficitarias, porque son las que explican buena parte de los alarmantes niveles de déficit fiscal y deuda pública que paga la ciudadanía en su conjunto, que ya tiene muy difícil asumir sus propios desafíos cotidianos en tiempos de recesión.
Fallida emisión de bonos soberanos
A Montenegro también se le preguntó sobre el motivo por el cual el gobierno no ha tenido éxito en la nueva emisión de bonos soberanos por $3.000 millones para conseguir el financiamiento que tanto necesita la economía para enfrentar la crisis.
Lamentablemente, el ministro tampoco supo responder, afirmando que “el tema de la colocación de los bonos se debe ver con detenimiento, para que salga una emisión de bonos se debe preparar con bancos internacionales. Es una secuencia que hay que cumplir, un ‘due diligence’ que te hacen abogados de afuera. Son pasos que se deben ir cumpliendo y una vez logrado, también hay que evaluar el momento en el que vas a salir. No es cualquier momento”.
Lo cierto es que ahora mismo los mercados de capitales tienen abundante liquidez, fruto de los masivos estímulos monetarios de los principales bancos centrales alrededor del globo, de manera tal que, si acaso Bolivia no ha logrado despertar el apetito por el riesgo de los inversores internacionales, el riesgo de la deuda boliviana y las garantías que pueda presentar el gobierno de Arce no lo justifican. Cualquier otra explicación no es más que simple y pura demagogia.
De igual manera, el hecho de que Bolivia no haya logrado conseguir financiamiento mediante emisión de bonos soberanos tendría que ser un importante motivo de preocupación, pues las necesidades del gobierno de Arce son mayores a medida que el tiempo corre, observando la caída permanente de las reservas internacionales, las necesidades de liquidez del sector bancario y financiero, la necesidad de cumplir con sueldos y salarios en el Sector Público no Financiero, y honrar la primera y segunda emisión de bonos por $500 millones cada uno en 2022 y 2023.
En definitiva, en la medida que al menos el ministro de Economía y Finanzas Públicas mantenga el vínculo permanente con la prensa y se exponga a sus preguntas, habrá manera de saber qué es lo que realmente piensa sobre la economía, por más que pretenda demostrar que los principales problemas se encuentran bajo control.
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