Venezuela se enfrenta a un espinoso camino en la Corte Penal Internacional

Fuente: La Gaceta de la Iberoesfera

Desde hace algunos años Venezuela ha entrado en el ojo del huracán de la “justicia internacional”. Eso a partir del cariz que viene cobrando la evaluación del régimen chavista por violación de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde febrero de 2018 la Corte mantiene en fase 3 (la más avanzada) de examen preliminar las denuncias sobre el quebrantamiento de los más básicos preceptos en materia de DDHH perpetrado por funcionarios del Estado venezolano. Básicamente a partir de lo ocurrido durante las intensas protestas contra Maduro que se desarrollaron en el país caribeño durante el año 2017.

Este caso ha sido denominado en la CPI como el “Venezuela 1”. Se supone que la motivación principal de la apertura de este proceso recae en las denuncias formuladas por los gobiernos de 6 países de la región que están adscritos al llamado “Grupo de Lima” (Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá) en contra de Maduro y sus subordinados. Sin embargo, recientemente el gobierno argentino decidió apartarse del grupo de países que secundaban la iniciativa.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó al menos 160 asesinatos por razones políticas solamente en 2017. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), que también ha apoyado la idea de presionar a la CPI para que las denuncias sobre Venezuela prosperen, ha señalado en un informe que desde 2014 la tiranía chavista ha cometido más de 18 mil asesinatos que involucran a las fuerzas represivas del régimen, al tiempo que han registrado unas 15 mil detenciones arbitrarias por motivaciones políticas.

Maduro, a través de sus funcionarios, también ha movido sus piezas en la Corte radicada en los Países Bajos. Amparado en la narrativa de que Venezuela está sometida a un bloqueo económico internacional capitaneado por los Estados Unidos, el Fiscal General chavista, Tarek William Saab, ha promovido desde febrero de 2020 un caso en la CPI en el que se busca validar la idea de que dichas sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad contra los venezolanos, por lo que serían estas las principales responsables de la compleja situación económica y social que atraviesa el país caribeño –según la narrativa de la tiranía–.

Este relato se ha potenciado desde que la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas, Alena Douhan, visitara Venezuela en febrero pasado. Allí la burócrata bielorrusa que sirve como relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ratificó la versión chavista de los hechos, al señalar que las sanciones promovidas por EEUU y la Unión Europea habían “exacerbado la crisis humanitaria del pueblo venezolano”.

El caso promovido por el chavismo dentro de la CPI se ha conocido como el “Venezuela 2”, para diferenciarlo de la denuncia inicial que hicieron en contra del régimen rojo los países integrantes del Grupo de Lima. A diferencia del caso “Venezuela 1”, la causa promovida por el chavismo apenas se encuentra en las fases iniciales de investigación y se revela como un camino muy intrincado para la administración de Maduro, por cuanto Estados Unidos (que en este caso sería el principal país acusado) ni siquiera está bajo la jurisdicción de este tribunal internacional, al haberse negado en su momento a suscribir el marco que regula su funcionamiento: el Estatuto de Roma.

Volviendo al “Venezuela 1”, todas las expectativas sobre ver a Maduro y a sus funcionarios en el banquillo de los acusados se potenciaron especialmente en noviembre pasado. En ese momento la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, le comunicó a una comisión del régimen de Maduro que “existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

Hace una semana la propia Bensouda reiteró en una entrevista a la agencia de noticias EFE que tenía expectativas de dar un anuncio sobre las denuncias referentes al caso venezolano “en cuestión de días”, justo antes de que terminara su mandato como máxima representante de la Corte.

“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa. Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, señaló en esa ocasión la Fiscal Jefa de la CPI.

Sin embargo, este martes 15 de junio ha vencido el período de Bensouda al frente de la corte, sin que se produjera ningún pronunciamiento atinente al caso venezolano. El testigo recae ahora en el británico Karim Khan, quien estará en el cargo durante los próximos 9 años. Bajo su gestión se determinará si el “Venezuela 1” supera finalmente la fase de examen preliminar, pasando a investigación formal, o si es definitivamente desestimado. De igual modo tocará ver cómo prospera la causa promovida por el régimen chavista a través del “Venezuela 2”.

La CPI entraña caminos largos y sinuosos: hasta ahora ningún Presidente latinoamericano ha sido llevado al banquillo por esta corte. Incluso, la historia aconseja tener paciencia y no crear expectativas sobredimensionadas. Aunque la causa contra funcionarios de la tiranía chavista eventualmente podría prosperar -pasando de la fase de examen preliminar a la etapa de investigación efectiva para proceder al juicio- para ello podrían pasar varios años.

Hasta el día de hoy el juzgado de los Países Bajos solamente ha celebrado 22 juicios; todos ellos vinculados a casos ocurridos dentro del Continente africano. A propósito de la celeridad de esta instancia para impartir justicia son famosos casos como el del tirano sudanés Omar Al Bashir, que tiene orden de captura dictada por la CPI desde 2009. Al día de hoy éste sigue en Sudán, fuera del poder, pero aún sin ser juzgado. 

Las demoras que experimentan los procesos judiciales dentro de este ámbito también salieron a flote cuando la CPI sometió a examen preliminar los presuntos crímenes de guerra cometidos por integrantes del Ejército Británico, durante la ocupación de 2003 en Irak. En esa oportunidad el caso se mantuvo en esa fase por más de 10 años, y al final fue desestimado.

Aunque sería ideal ver a Maduro y a los altos cargos del chavismo afrontando un proceso penal por las atrocidades cometidas en los últimos años, definitivamente lo menos que se puede esperar es una resolución rápida de este asunto, al menos si se trata de la CPI y sus tiempos. Poner los huevos en la canasta de la justicia internacional en lo referente al caso de la crisis venezolana es, cuando menos, una jugada de mucho riesgo.