Por Judith Flores – gaceta.es
El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), Arturo Cruz, permanece detenido por el régimen de Daniel Ortega en las instalaciones de Auxilio Judicial de la policía, conocido como El Chipote, es acusado de “organizar actos de terrorismo y desestabilización” con financiamiento de “potencias extranjeras”.
Cruz arribó el sábado al Aeropuerto Internacional de Managua procedente de Estados Unidos, ahí fue detenido por la policía, desde entonces se desconoce sobre su situación. El régimen informó a través de comunicados emitidos por la Policía y el Ministerio Público que el aspirante presidencial encuentra detenido con que lo que ya son dos los precandidatos investigados y privados de libertad, la primera fue Cristiana Chamorro, acusada de “lavado de dinero y otros delitos”, que según el régimen habría cometido a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre Violeta Barrios de Chamorro.
Cristiana Chamorro permanece bajo arresto domiciliar. Otros dos extrabajadores de la Fundación que cerró sus puertas en febrero pasado debido a las restricciones impuestas por la dictadura contra las organizaciones no gubernamentales (ONG), se encuentran encarcelados.
Por su parte, el aspirante presidencial Félix Maradiaga dijo que el Ministerio Público lo citó para el próximo lunes, pero que la citatoria no especifica en qué condición es citado.
Le acusan de ‘atentar contra la sociedad nicaragüense’
En sus argumentos la Policía, sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas de abril de 2018, establece que el aspirante presidencial «está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley número 1055 Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante autoridad judicial competente».
La mencionada ley es parte de las “herramientas legales” que Ortega aprobó a finales de 2020 con el propósito de inhibir candidatos para las elecciones de noviembre próximo.
La 1055 prohíbe que puedan optar a cargos de elección popular los nicaragüenses que, a juicio de la dictadura “encabecen o financien un golpe de Estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. La ley fue aprobada el 21 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional que Ortega controla.
Según el régimen, la detención de Cruz es por realizar actos que «menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que insten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, piden intervenciones militares, se organizan con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones», dice el comunicado del régimen sandinista.
La Policía expulsa a familiares
Familiares y un grupo de activistas de la ACxL se presentaron al edificio de Auxilio Judicial “Evaristo Vásquez” para llevar a alimentos y solicitar información sobre la situación del aspirante presidencial Arturo Cruz. Acuerpado de un grupo de antimotines, un oficial les dijo a las personas “por favor se me retiran ahorita mismo, no queremos problemas, retírense”.
Seguidamente los antimotines avanzaron para expulsar a las personas sin tener información de Cruz, entre ellos el aspirante presidencial de ACxL Noel Vidaurre.
La ACxL condenó la arbitraria detención contra el aspirante presidencial de esa agrupación política y exige la liberación de Cruz y que se respeten su integridad física y derechos constitucionales.
“Estas acusaciones infundadas a solo cinco meses de las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre próximo forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda cosa en el poder”, dijo ACxL a través de un comunicado.
“Estas acciones socavan cada día más el ambiente electoral y son claros llamados a la desesperanza y la abstención, pretendiendo general incertidumbre en un pueblo que demanda elegir libremente a sus autoridades”.
La reacción internacional
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la liberación del aspirante presidencial. “Exigimos liberar al candidato Arturo Cruz. Es inaceptable la manipulación de fuerzas de seguridad y de la justicia para encarcelar a candidatos opositores, lo cual pone a Nicaragua fuera de legalidad Interamericana e internacional. Estas acciones son contrarias a elecciones libres y justas”, escribió Almagro en su cuenta en Twitter.
La subsecretaria de Estado interina del hemisferio occidental, Julie Chung, demandó a través de twitter la liberación inmediata del líder opositor Arturo Cruz. “La comunidad internacional ha hablado: bajo Ortega, Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y se aleja cada vez más de la democracia”, apuntó la funcionaria estadounidense.
La congresista republicana María Elvira Salazar dijo en su cuenta en Twitter que “si algo le sucede tanto a Cristiana Chamorro como Arturo Cruz, soy la primera que me encargaré de que esta administración elimine a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, y de cualquier otro beneficio económico que tenga el régimen con Estados Unidos”.
“¡Las violaciones de Derechos Humanos no quedarán impunes y mucho menos en contra de los candidatos presidenciales! Toda mi solidaridad está siempre con todos los que luchan por una Nicaragua libre y democrática”, escribió Salazar.
La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla también se pronunció a través de las redes sociales.
“Otro candidato a la presidencia de Nicaragua detenido arbitrariamente por el régimen Ortega-Murillo. Ahora le tocó a Arturo Cruz, respetado intelectual y profesor de INCAE. ¡No nos engañemos! Si no hay presión, no hay elección”, sentenció.
El director para las Américas de Human Rights Watch Jose Miguel Vivanco dijo que “Ortega está listo para robarse las elecciones. ¿Qué espera la administración Biden para tomar medidas concretas para frenar la consolidación de otra dictadura latinoamericana?”.
Mientras, los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, denunció los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, acciones que “degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesarios para la realización de elecciones libres, justas y competitivas que deberán tener lugar en el mes de noviembre próximo».
Los exmandatarios señalan que el régimen sandinista que dirige Ortega y su esposa Rosario Murillo, «no sólo ha rechazado todas las recomendaciones que han sido emitidas por la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, y la Unión Europea, además están impulsando acciones que alejan a Nicaragua de los estándares mínimos requeridos. Ante esta situación, la Secretaría General de la OEA expresó el pasado 2 de junio que ‘Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles
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